ASPECTOS RELEVANTES

• Ineficiencia en la producción de bienes y servicios traducida en una ampliación de brechas de desarrollo productivo: Se identificó que el problema planteado y desarrollado antes encuentra origen en: (i) el bajo nivel de desarrollo de las capacidades humanas; (ii) la baja adopción y uso de tecnología avanzada, así como desarrollo de capacidades en I+D+i de las unidades productivas; (iii) la baja profundización de los instrumentos de financiamiento de la actividad productiva; y (iv) el limitado desarrollo de infraestructura física y digital que obstaculiza la conectividad entre sectores y regiones así como con el exterior.

• Se ha identificado que los productores, compradores, usuarios y tomadores de decisiones del sector real desconocen las oportunidades de negocio relacionados con el carbono neutralidad.

• La transición hacia una economía carbono neutral al escenario 2050, podría resultar en una ganancia de alrededor de 200 millones de pesos, así como en una pérdida de 185 millones de empleos directos e indirectos a nivel mundial (Network for Greening the Financial System, 2022). De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se estima que en América Latina existen las condiciones para crear 22,5 millones de puestos de trabajo al 2030, aportando a la descarbonización de los sectores de la agricultura, silvicultura, energías renovables, construcción y manufactura, lo que representa un potencial de aumento neto de 15 millones de empleos, un 4 % del empleo total en la región (BID, OIT, 2020). En ese sentido, el desaprovechamiento de las oportunidades de negocio asociadas resulta problemático ambiental y económicamente.

• Las empresas colombianas no solo innovan poco, sino que innovan poco en relación con las empresas de ALC. Durante en el 2022 el 76,3 % de los emprendedores encuestados expresan no ofrecer ningún producto o servicio nuevo para Colombia o para mercados extranjeros, según el Global Entrepreneurship Monitor 2022- 2023. Así también, Colombia ocupó el puesto 63 dentro de 132 países en el índice global de innovación (WIPO, 2022). A 2020 el número de patentes en el país se ha desacelerado y muestra una brecha negativa significativa si se compara con países de ALC. De hecho, es significativo que las solicitudes realizadas por residentes sean aún el 21 % de las de no residentes.

• La producción de biogás también es una actividad en la que el país tiene un gran potencial, pero ha sido poco explorada. De acuerdo con el diagnóstico de la Hoja de ruta para la transición energética justa del Ministerio de Minas y Energía (2023), existen dos fuentes principales de bioenergía. La primera es el bagazo de caña de azúcar y la segunda es el biogás que se obtiene de aguas residuales y de residuos sólidos urbanos. Ambas fuentes solo representan el 1,1 % de la capacidad efectiva neta (CEN).

• La promoción y adopción de la electromovilidad en Colombia es lenta por los altos costos de implementación de esta tecnología. A pesar de las metas establecidas para la transición del sector de transporte a la movilidad de cero y bajas emisiones, el país solo ha logrado incluir 9.809 vehículos eléctricos entre 2019 y 2022, de acuerdo con el registro realizado en la plataforma RUNT (Ministerio de Transporte, 2022). Lo anterior, aun cuando la meta de la política de crecimiento verde y la ENME para 2030 es la inclusión de 600.000 vehículos (DNP, 2023). Sumado a lo anterior, y si bien las demás modalidades de transporte cuentan con normatividad orientada al logro del desarrollo sustentable, el cumplimiento de los ODS, y la mitigación del cambio climático, implican una alta inversión, capacidad de gestión y demanda del sector industrial, como es el caso del modo ferroviario.

• Los fondos públicos no se han utilizado para el desarrollo productivo. Existen oportunidades de diversificación en el acceso a financiamiento derivado de las apuestas del PND 2022-2026. Mediante la expedición de la Ley 2294 de 2023 que reglamenta el PND se amplió el conjunto de elementos financiables a través del Fondo Nacional de Desarrollo (Fondes). Así, el fondo puede disponer de distintos recursos e instrumentos financieros para la reindustrialización, la transición energética y nuevas apuestas en sectores e industrias que jueguen un papel estratégico para la economía nacional, el Gobierno nacional busca fomentar el crecimiento de capital emprendedor, impulsando la inversión de impacto y el apoyo a emprendimientos en el territorio nacional. De otra parte, el Fondo Colombia Potencia Mundial de la Vida facilitará el acceso a financiamiento para proyectos de la transición energética, sin embargo, aún no se encuentran completamente reglamentados por lo que los procedimientos para conformar y disponer de recursos por parte de los sectores aún no se encuentran definidos.

• Al analizar el consumo de energía modalmente, se tiene que el modo carretero consume el 88,7 % de la energía, y el modo aéreo el 10,3 %, mientras que los modos marítimo, férreo y fluvial alcanzan conjuntamente una participación de tan solo el 1 %. Al analizar los energéticos usados para el transporte se tiene una participación principal de la gasolina del 46 %, el diésel del 40 %, el jet fuel del 10 %, el gas natural del 4 %, y la energía eléctrica con una participación menor al 1 %. Esto resulta problemático pues se sabe que las fuentes fósiles de energía son fuentes importantes de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI).

• Relacionado con lo anterior, el desarrollo de la infraestructura de producción, transporte, almacenamiento y comercialización de hidrógeno y energéticos para la reindustrialización, como el gas natural, así como de nuevas cadenas de valor de productos de bajas emisiones, es bajo e insuficiente. El hidrógeno se ha proyectado como una de las alternativas para reemplazar progresivamente el uso de combustibles y materias primas de origen fósil en las industrias para las que hoy existen pocas alternativas de reducción de emisiones. Colombia dispone de las condiciones para aprovechar la oportunidad del hidrógeno y convertirse en líder regional de la transición energética gracias a su privilegiada ubicación geográfica para las exportaciones, sus recursos renovables y a un marco regulatorio e institucional estable, capaz de atraer inversiones que no se han aprovechado. En materia de energía eólica Colombia tiene un potencial de producción de energía de 25 GW (gigavatios) en el país, específicamente en La Guajira se cuenta con registros de velocidad del viento que son equivalentes a más del doble del promedio mundial 9m/s, este importante potencial se evidencia ya que actualmente la capacidad instalada de generación total del Sistema Interconectado Nacional es de 18 GW. Adicionalmente en materia de energía solar el país sobrepasa en más de un 60 % el promedio mundial de radiación solar, contando con un potencial de 4.5 kWh/m2 (kilovatios por metro cuadrado).

• El bajo desarrollo de infraestructura relacionada con el hidrógeno como vector energético, obstaculiza su transformación en insumos con aplicaciones directas en la industria o la movilidad. Así también, puede obstaculizar el uso de portadores alternativos de energía tales como amoniaco, metanol y otros derivados, como combustibles sintéticos o líquidos orgánicos portadores de hidrógeno.

• El despliegue de puntos de carga eléctricos para promover la movilidad eléctrica y la transición energética justa aun es bajo. En el mundo se evidencia un crecimiento significativo de las ventas de vehículos eléctricos, aunado a la reducción del precio de las baterías, de la instalación de puntos de carga y de los vehículos en general.

• La baja integración de medidas de adaptación al cambio climático y mitigación de GEI en las empresas, resulta una amenaza para sostenibilidad y competitividad. Si las organizaciones, independiente de su tamaño, sector o nivel de madurez, no incluyen con rapidez la identificación de los riesgos empresariales asociados al cambio climático en cada uno de sus contextos y no aceleran la implementación de medidas de adaptación al cambio climático y la mitigación de GEI, será poco probable que sean competitivas en sus entornos locales, regionales, nacionales e internacionales, por lo que su sostenibilidad en el tiempo también se verá afectada. Por el contrario, cuando el cambio climático hace parte integral de las estrategias organizacionales, las empresas se preparan mejor para afrontar riesgos actuales y futuros, evitan sobrecostos asociados a la inacción, optimizan los procesos productivos y el aprovechamiento de los recursos y materias primas, dinamizando cambios estructurales en sus compañías, lo que las hace más productivas, competitivas y sostenibles.

• Aunque Colombia cuenta con alto potencial de origen renovable para la producción de energía eléctrica, principalmente de origen eólico y solar, que se ubican predominantemente en la costa caribe, tal potencial no se aprovecha. Según información de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), los proyectos de producción de energía eléctrica renovable representan un total de 17.556 megavatios (MW) de potencia instalada, de la cual al recurso solar corresponde a 7.867MW y el eólico a 6.671MW (UPME, 2023). Estas cifras resultan relevantes por cuanto la incorporación de tales recursos duplicaría la actual capacidad de generación con que cuenta el país. La incorporación de estas Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) lograría diversificar la matriz energética, aportar confiabilidad al sistema interconectado, reducir emisiones entre otros beneficios y podría favorecer la incorporación de oferta con costos variables teóricamente cercanos a cero en el mercado de energía. No obstante, tal potencial de producción de energía desde FNCER se encuentra en un estado de desarrollo inicial, muy incipiente.

• El avance de Colombia en el robustecimiento de la infraestructura de la calidad es limitado. Con el Documento CONPES 3957, aprobado en 2019, Colombia se comprometió a avanzar en estándares de calidad durante los siguientes once años. No obstante, la infraestructura de la calidad tiene un alcance mucho mayor al contemplado por la antedicha política de laboratorios, pues aborda todo el marco institucional, no solo para la normalización, sino también para la acreditación y los servicios de evaluación de la conformidad, como los de inspección, ensayos, laboratorios y certificaciones de producto.

• Colombia presenta falencias para generar encadenamientos basados en la industria nacional. Si bien la minería es un sector estratégico para la reindustrialización, transición energética, soberanía alimentaria y la consolidación de infraestructura pública, aún presenta retos que dificulta su articulación con otras industrias y la consolidación de encadenamientos. Además, a través de la Resolución 1006 del 2023, la ANM actualizó el listado de minerales estratégicos para el país y determinó 17 grupos de minerales considerados vitales no solo para la transformación productiva de la economía, sino además para la transición energética justa, el desarrollo agrícola y la construcción de infraestructura pública. En otras palabras, el sector minero juega un papel crucial en el impulso industrial, de las energías renovables, suministrando minerales esenciales para la fabricación de tecnologías como turbinas eólicas, paneles solares, estructuras geotérmicas y otros dispositivos de energía sostenible, tal como se aprecia en el estudio de European Commission (2020) Critical Raw Materials for Strategic Technologies and Sectors in the EU.

• En  relación con la inflexibilidad institucional para el desarrollo empresarial indicó que “La regulación sigue constituyendo una carga excesiva y una barrera para el desarrollo empresarial en el país tomando como referencia las heterogeneidades de la base y su entorno en el territorio, así como el desarrollo de apuestas productivas El uso excesivo y desproporcionado de la regulación, sin la aplicación de buenas prácticas regulatorias o herramientas de mejora regulatoria, puede constituir una barrera para la actividad económica. A través de los Worldwide Governance Indicators (WGI) del Banco Mundial (2010), se consultan actores públicos y privados sobre la percepción de la calidad y las cargas que se generan alrededor de la emisión regulatoria. Para Colombia, los resultados arrojan que no se ha evidenciado una variación significativa en la percepción sobre la calidad y reducción de cargas de la regulación en los últimos 15 años.

• No existen lineamientos claros y evidencia sobre los alcances o usos de la regulación en el país. Si bien la regulación interviene en las actividades económicas y sociales constantemente, con reglas que suelen generar tanto beneficios como costos (Dudley & Brito, 2012), suele desconocerse sus impactos y alcances, y en esa medida, existe un bajo control sobre los lineamientos para expedición de la regulación.

• Colombia carece de un marco regulatorio que lleve a consolidar las metas del sector privado y del sector público en la disminución de las emisiones de carbono. Actualmente, existe normatividad que permite la producción, logística y comercialización del SAF en Francia, Noruega y Suecia y un gran interés de implementar normatividad en varios países de Europa. Sin embargo, en América Latina solo se han logrado avances significativos en Brasil sin contar aún con una política sólida; por su lado, en Colombia se está trabajando en alinear un marco regulatorio que lleve a consolidar las metas del sector privado y del sector público por la disminución de las emisiones de carbono.

• La actividad de los sistemas de almacenamiento de energía es débil gracias a la falta de lineamientos claros para su ejecución. Existen oportunidades de desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía eléctrica adicionales a los que tienen los sistemas de energía hidroeléctrica. El desarrollo tecnológico de almacenamiento representa una oportunidad para la descarbonización, puesto que se reducen las barreras para sustituir el uso del carbón para la generación de electricidad, lo que representaría un avance en las FNCER (Ministerio de Minas y Energía, 2023). Por lo que se hace necesario hacer una revisión de los lineamientos actuales relacionados con las nuevas tecnologías de almacenamiento de energía, para promover su desarrollo y aportes a la transición energética justa.

• Los incentivos para crear empresa no guardan coherencia con los costos que sobrecargan las unidades productivas durante su operación (…) Otro ejemplo es el Impuesto de Industria y Comercio (ICA), el cual es altamente distorsionante debido a que, como lo expone la Comisión de Expertos Tributarios (2021) , la base es el volumen de negocios en lugar de las ganancias, obligando a unidades productivas con alto nivel de ingresos, pero bajas ganancias, a enfrentarse a tasas efectivas de tributación considerablemente altas.

• Las multas impuestas por prácticas restrictivas de la competencia son desiguales para los diferentes tamaños de empresas y su forma de cálculo puede ser difícil. La Superintendencia de Industria y Comercio, autoridad nacional en materia de protección de la competencia, en desarrollo de la Ley 1340 de 200984, puede imponer multas por la violación de las disposiciones sobre protección de la competencia que podrían llegar a los 100.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (23,5 millones de dólares, aproximadamente) o, si resulta ser más alta, hasta el 150 % de los ingresos derivados por la conducta imputada a la empresa infractora. La sanción máxima en salarios mínimos, en el caso de carteles de larga duración o compañías con ingresos altos, podría ser insuficiente para motivar a los agentes económicos de abstenerse a violar las normas de competencia (Bardey, Becerra, & Cabrera, 2013) . Por otro lado, la segunda forma de cálculo es compleja debido a la dificultad de calcular los ingresos obtenidos por las actividades irregulares de las empresas infractoras (OECD, 2016).

• El mercado del hidrógeno no posee un marco regulatorio adecuado que permita la competencia y el desarrollo del sector. Debido a que el mercado del hidrógeno es un tema novedoso a nivel mundial, requiere de desarrollo normativo que permita proporcionar certidumbre, que promueva la inversión privada, que garantice la libre competencia entre empresas y vectores energéticos y proteja el ambiente (Ministerio de Minas y Energía, 2022a). Es necesario que la regulación promueva la comunicación entre los diferentes ministerios y entes reguladores. Adicionalmente, la revisión de la normativa y sus propuestas deben tener en cuenta aspectos como la integración entre sistemas energéticos, como el acoplamiento entre la producción de gas y de electricidad; la definición del hidrógeno producido por otras fuentes de energía, los certificados de origen, emisiones permitidas de CO2; entre otras.