ART. 140.Modificado. L. 689/2001, art. 19. Suspensión por incumplimiento.  El incumplimiento del contrato por parte del suscriptor o usuario da lugar a la suspensión del servicio en los eventos señalados en las condiciones uniformes del contrato de servicios y en todo caso en los siguientes:

La falta de pago por el término que fije la entidad prestadora, sin exceder en todo caso de dos (2) períodos de facturación en el evento en que ésta sea bimestral y de tres (3) períodos cuando sea mensual y el fraude a las conexiones, acometidas, medidores o líneas.

Es causal también de suspensión, la alteración inconsulta y unilateral por parte del usuario o suscriptor de las condiciones contractuales de prestación del servicio.

Durante la suspensión, ninguna de las partes puede tomar medidas que hagan imposible el cumplimiento de las obligaciones recíprocas tan pronto termine la causal de suspensión.

Haya o no suspensión, la entidad prestadora puede ejercer todos los derechos que las leyes y el contrato uniforme le conceden para el evento del incumplimiento.

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COMENTARIO.—Mediante Sentencia C-150 de 2003 la Corte Constitucional declaró “EXEQUIBLE, únicamente en relación con los cargos analizados, (...) el artículo 140 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 19 de la Ley 689 de 2001, en el entendido de que se respetarán los derechos de los usuarios, en los términos del apartado 5.2.3 de esta sentencia”. (Ver extracto de la sentencia en la Jurisprudencia del artículo 130 de la Ley 142 de 1994).

—En Sentencia T-740 de 2011 la Corte Constitucional concluye que cuando la suspensión del servicio lleva al desconocimiento de derechos constitucionales de sujetos especialmente protegidos o afecte gravemente las condiciones de vida de toda una comunidad o de los establecimientos de especial protección constitucional, las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios pueden y según circunstancias especiales, deben adoptar la decisión de continuar prestando el servicio a un usuario moroso. En la presente demanda se ordena tutelar los derechos invocados y se ordena a la demandada restablecer el flujo de agua potable, revisar los acuerdos de pago realizados e instalar un reductor de flujo, que garantice por lo menos 50 litros de agua por persona al día o proveer una fuente pública del recurso hídrico que asegure el suministro de igual cantidad de agua. Sobre el acceso universal y el mínimo vital también se pueden consultar las sentencias T- 717-10; T-614-10; T-616-10; T-418-10; T-091-10; T-270-07 y T-1104-05.

—La suspensión del servicio procede cuando se han decidido los recursos. (C. Const., Sent. T-485, mayo 11/2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño, Expediente T-409940).

—Mediante concepto unificado SSPD-OJU-2009-04, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios fijo el criterio jurídico unificado en lo concerniente al fraude en servicios públicos domiciliarios, así como frente a la facultad sancionatoria de los prestadores de servicios públicos domiciliarios. De igual forma y al respecto consultar el concepto unificado SSPD-OJU-2009-09, donde la SSPD fijó el criterio jurídico unificado en lo concerniente al cumplimiento y la prestación del servicio público domiciliario.

—Sobre esta disposición se pueden consultar los siguientes Conceptos de la Superintendencia de Servicios Públicos:

Suspensión del servicio. Obligación de las ESP de indicar el período en el contrato de condiciones uniformes: Concepto SSPD-OJ-2003-160.

•Suspensión del servicio. Discrecionalidad de las ESP: Concepto SSPD-OJ-2003-176.

•La suspensión del contrato de servicios públicos. El cheque como título valor: “Servicios Públicos Domiciliarios. Actualidad Jurídica”, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Tomo II, Pág. 212.

•Suspensión del servicio a entidades estatales, colegios, hospitales, etc.: Concepto SSPD 19991300000547.

•Fraude en energía. Debido proceso. Facultad sancionatoria de las empresas de servicios públicos domiciliarios: Concepto SSPD 200113000000645.

•;Diferencias entre la responsabilidad derivada de la acción penal y de la derivada de la vía administrativa: Concepto SSPD-OJ-2003-131.

•Responsabilidad objetiva. Actuaciones administrativas: Concepto SSPD-OJ-2003-405.