2. LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS CARECEN DE FACULTAD PARA IMPONER SANCIONES PECUNIARIAS – ANÁLISIS LÍNEA JURISPRUDENCIAL CORTE CONSTITUCIONAL.

 

2.1. CONSIDERACIONES PREVIAS - FACULTAD SANCIONATORIA ENTENDIDA DESDE EL PUNTO DE VISTA IUS-PRIVATISTA.

Como se señalo previamente, el contrato de servicios públicos tiene una doble naturaleza; por una parte, es un contrato que se asemeja a los civiles y comerciales en tanto regula relaciones jurídicas obligacionales entre sujetos que se encuentran bajo la égida del Derecho Privado; por la otra, es un contrato que por sus especiales connotaciones sociales y económicas encuentra en el Derecho Público una fuente de la que no le es posible apartarse.

Ese delicado equilibrio entre los componentes público y privado del contrato de servicios públicos, ha permitido la existencia de interpretaciones ius-privatistas de su contenido y carácter, dentro de las que es posible afirmar la posibilidad de inclusión de clausulas propias del derecho privado, entre las que se encuentran las de multas y sanciones.

Bajo dichas interpretaciones, la doctrina, la jurisprudencia e incluso la regulación sostuvieron, en un primer momento, que la naturaleza privada del contrato de servicios públicos permitía la inclusión de clausulas sancionatorias que castigaran el incumplimiento de las partes frente a sus obligaciones civiles contractuales.

Dicha interpretación, razonable y posible por demás, omitía sin embargo dos características básicas del contrato de servicios públicos, (i) la existencia de una situación de desequilibrio entre el prestador del servicio y su usuario que se traduce en la posibilidad de la imposición de cláusulas uniformes dentro de un contrato de naturaleza consensual y (ii) el carácter público de un contrato por medio del cual se cumplen los objetivos del Estado Social de Derecho y que tiene por tanto una especial regulación.

Sin embargo, como se ha dicho, la interpretación privatista tuvo eco en la regulación administrativa, en la doctrina y en la jurisprudencia. Como primer antecedente normativo de la facultad sancionatoria de las empresas de servicios públicos domiciliarios, se tiene entonces al Decreto 1303 de 1989, en el que se establecía el régimen de suspensiones del servicio eléctrico y las sanciones pecuniarias por el uso no autorizado o fraudulento del mismo.

La citada disposición reglamentaria de las Leyes 113 de 1928, 109 de 1936 y 126 de 1938, perdió vigencia a partir de la expedición de las Leyes 142 y 143 de 1994, normas estas últimas en donde no se reguló de manera expresa el tema de la imposición de sanciones pecuniarias en el marco de la relación empresa – usuario, no obstante lo cual la sensación en el mercado de los servicios públicos domiciliarios – en especial en el de energía – fue la de la existencia de un fundamento normativo implícito en la regulación favorable a la imposición de este tipo de sanciones.

Lo anterior, sumado a una interpretación sistemática de los artículos 140, 142 y 145 de la Ley 142 de 1994, y de disposiciones regulatorias como el artículo 54 de la Resolución CREG 108 de 1997 – aplicable en materia de energía –, y los anexos 3 y 9 de la resolución CRA 151 de 2001 – aplicables a los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo –, llevo a un convencimiento privado e institucional respecto de la legalidad de las sanciones impuestas por los prestadores de servicios públicos domiciliarios a sus usuarios.

Esta posición jurídica fue respetada y aplicada por las empresas y los distintos operadores jurídicos (administrativos y judiciales), en diferentes estadios; un primero rigorista y privatista en donde el contrato era la única fuente de legalidad de las sanciones, y otro que podríamos denominar como privatista atenuado y que se produjo en el marco de una jurisprudencia que entendía que el debido proceso era el único limitante valido de una facultad que entonces se defendía como legítima.

En esta primera etapa, como se ha señalado, tanto las empresas como los órganos administrativos y jurisdiccionales avalaban la imposición de sanciones pecuniarias a los usuarios de servicios públicos domiciliarios, cuando quiera que estos obtuvieran el servicio o parte de él a través de mecanismos fraudulentos.

En efecto, durante esta etapa la jurisdicción contenciosa administrativa, encargada de fallar en primera instancia la legalidad de los actos administrativos que imponían sanciones a los usuarios, permitía el ejercicio de la citada facultad por parte de las empresas, en razón de la existencia de actos administrativos regulatorios que así lo permitían y de la naturaleza privada del contrato de servicios públicos.

También la Corte Constitucional toleraba y consentía esta práctica dentro del marco del debido proceso, como puede verse, entre otras, en la sentencia T-270 de 2004(18)– en donde la Honorable Corporación señaló lo siguiente:

En este sentido, incluso la actuación administrativa y dentro de ella la que se lleva a cabo en sede de la empresa de servicios públicos y posteriormente ante la Superintendencia de Servicios públicos domiciliarios al resolver el recurso de apelación, presupuesto para agotar la vía gubernativa y de esa manera acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en tratándose del control de los actos administrativos de facturación o por medio de los cuales se imponen y confirman sanciones, está condicionada por los derechos fundamentales y el respeto a los principios y valores constitucionales.

(...) En estas condiciones, resulta contrario al ordenamiento constitucional que la empresa de servicios públicos, a pesar de conocer que está violando los derechos fundamentales del usuario afectado con la actuación administrativa al no garantizarle material y efectivamente su derecho de defensa, pretenda que, una vez impuesta la sanción pecuniaria y recurrida ésta ante la Superintendencia del ramo con el fin de agotar la vía gubernativa, el afectado inicie un proceso judicial ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo que, por problemas estructurales de la administración de justicia, seguramente durará varios años y cuya resolución en el caso concreto no tendrá el efecto de garantizar de forma inmediata la protección de los derechos fundamentales, en el evento en que la acción prospere.

Un escenario diferente se presenta cuando la autoridad administrativa ha respetado material y efectivamente las garantías constitucionales fundamentales del administrado durante el desarrollo de la actuación, la cual concluye con una decisión definitiva desfavorable, en tal evento, en principio, la tutela no será procedente para amparar el derecho al debido proceso, puesto que el mismo fue garantizado eficazmente por la administración puesto que tuvo la oportunidad de intervenir en su defensa desde la iniciación y durante toda la actuación administrativa.

(...) Contrario sensu, si la empresa de servicios públicos garantizó materialmente el derecho de defensa del afectado con la sanción, observó la presunción de inocencia y le permitió presentar y controvertir las pruebas en la actuación administrativa antes de proferir el acto definitivo, y el afectado considera que el acto es contrario al orden jurídico, deberá una vez agotada la vía gubernativa mediante la interposición del recurso de apelación que debe ser resulto por la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios, acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para que se efectúe el control de constitucionalidad y de legalidad del acto administrativo sancionatorio.

Bajo la anterior perspectiva, se entendía que garantizado el debido proceso del usuario dentro de la actuación previa a la imposición de la sanción, ésta era valida y sólo podía ser demandada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo alegando alguna de las causales de nulidad establecidas para los actos administrativos en el artículo 85 de dicha obra.

Esta situación variaría a partir de la expedición de la sentencia T-720 de 2005, en donde la Corte Constitucional señaló, en un fallo con claros efectos inter – partes, al que le seguirían otros de igual naturaleza y contenido, que la aplicación de sanciones por parte de las empresas prestadoras de servicios públicos era improcedente teniendo en cuenta (i) lo dispuesto en los artículos 210 y 369 de la Constitución Nacional, (ii) la naturaleza especial de los servicios públicos domiciliarios, (iii) los principios, valores y derechos fundamentales que se encuentran comprometidos en su prestación, y (iv) la inexistencia de norma legal que diera piso a semejante facultad.

A partir de la sentencia citada, la jurisprudencia constitucional fue consistente frente a la posición jurídica que sostiene la imposibilidad jurídica actual de que las empresas de servicios públicos domiciliarios impongan sanciones a sus

 

2.2. FACULTAD SANCIONATORIA DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - LÍNEA JURISPRUDENCIAL - POSICIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Como antes se anotó, el contrato de servicios públicos es un contrato sometido a una fuerte intervención del Estado, en lo relativo a la determinación de los derechos, deberes y obligaciones de los usuarios. Una de las finalidades de esta intervención es evitar que las empresas, en uso de las prerrogativas que les han sido conferidas, desarrollen conductas abusivas frente a los derechos de los usuarios.

Por tal razón, las prerrogativas de que gozan las personas prestadoras de servicios públicos, deben estar taxativamente consagradas por la ley, y no son motivo de interpretación o de reglamentación por autoridad distinta del órgano legislativo.

En ese contexto, debe señalarse que no existe norma positiva de naturaleza legal, actualmente vigente, que otorgue dicha facultad sancionatoria a las empresas de servicios públicos domiciliarios, no obstante lo cual algún sector de la doctrina, al cual adhieren algunos prestadores y del que ya se hizo referencia, ha considerado la existencia de dicha facultad en razón de la naturaleza comercial del contrato de servicios públicos y de una interpretación extensiva del texto del artículo 142 de la Ley 142 de 1994 que dispone lo siguiente:

Artículo 142. Restablecimiento del servicio. Para restablecer el servicio, si la suspensión o el corte fueron imputables al suscriptor o usuario, éste debe eliminar su causa, pagar todos los gastos de reinstalación o reconexión en los que la empresa incurra, y satisfacer las demás sanciones previstas, todo de acuerdo a las condiciones uniformes del contrato.

Si el restablecimiento no se hace en un plazo razonable después de que el suscriptor o usuario cumpla con las obligaciones que prevé el inciso anterior, habrá falla del servicio. (subrayas fuera de texto)

Ahora bien, no obstante lo dispuesto en el artículo citado, ésta Superintendencia considera que dentro de las prerrogativas previstas en la Ley 142 de 1994, no está señalada de manera expresa la de imponer sanciones pecuniarias a los usuarios, por lo que del artículo 142 de la Ley 142 de 1994, no se puede deducir tal facultad.

Dicha interpretación concuerda con la que ha sostenido de manera sistemática la Corte Constitucional(19) a partir del año 2005, quien ha dicho, entre otras cosas, lo siguiente:

“Ahora bien, la prerrogativa pública de imponer sanciones pecuniarias a los usuarios carece de asidero expreso en la Ley 142 de 1994. Con todo, el artículo 140 de la citada Ley establece que es causal de suspensión del contrato de prestación de servicios públicos domiciliarios el fraude a las acometidas, medidores o líneas, y el artículo 142 contempla que para restablecer el servicio suspendido el usuario debe satisfacer las demás sanciones previstas, mientras el artículo 145 se limita a autorizar, tanto a la empresa como al suscriptor o usuario, verificar el estado de los instrumentos que se utilicen para medir el consumo y adoptar precauciones eficaces para que no se alteren.

Se podría argumentar que de una interpretación sistemática de los anteriores preceptos se deriva tal potestad sancionatoria, pues si el artículo 140 autoriza a las empresas a suspender el servicio en caso de fraude de los usuarios y el 142 supedita el restablecimiento al pago de las sanciones previstas, todo de acuerdo a las condiciones uniformes del contrato, implícitamente las empresas prestadoras contarían con la prerrogativa de imponer multas a los usuarios, siempre y cuando tales sanciones estén previstas en el contrato de condiciones uniformes. No obstante, se considera que una prerrogativa de tal naturaleza, máxime para ser ejercida por particulares, debe ser expresa, al igual que las restantes establecidas por la Ley 142 de 1994 y no puede derivarse implícitamente de las restantes previsiones legales.” (subrayas fuera de texto)

De acuerdo con lo anterior, se tiene que las dos características de la relación contractual empresa usuario, – intervención del Estado – y privilegios y prerrogativas para las empresas –, deben propender por el equilibrio de la relación entre el prestador y su usuario, sin que interpretaciones extensivas o de naturaleza puramente civil o comercial puedan llegar a afectar este delicado equilibrio.

Lo anterior no significa, como lo anotó la Corte Constitucional en la Sentencia C- 263 de 1996, que en la relación usuario-empresa esté excluida toda aplicación de normas de derecho privado, sino que como lo ha señalado esa misma Corporación, cuando lo hagan deben hacerlo sin infringir la ley, de manera particular, y teniendo cuidado en no regular vía contrato materias reservadas a la ley, como es el caso de la imposición de sanciones pecuniarias que el legislador no ha autorizado de manera expresa.

En efecto, la Corte Constitucional, en las sentencias T-720 de 2005(20), T-558(21) y T- 561(22) de 2006, señaló que las empresas de servicios públicos carecen de facultad para imponer sanciones y sostuvo que, de acuerdo con el principio de “reserva de la ley”, dicha facultad no puede estar “implícita”, sino que debe estar expresamente señalada en una Ley en sentido formal, esto es, una de aquellas que es expedida por el Congreso de la República.

Posteriormente, la Corte Constitucional reiteró la posición anotada en Sentencia T-815 de 2006, en la que expresó lo siguiente:

“Ahora bien, en lo que respecta a la prerrogativa pública de imponer sanciones pecuniarias a los usuarios, cabe señalar que dicha prerrogativa carece de asidero expreso en la Ley 142 de 1994.

(...) Ahora bien, diversas entidades administrativas han expedido disposiciones de carácter reglamentario que facultan a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios a imponer sanciones pecuniarias a los usuarios. (...). No obstante se trata de una norma de carácter reglamentario que en ningún caso puede subsanar el evidente vacío legal que existe en la materia. En todo caso cabe recordar que de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación este tipo de organismo sólo cuenta con una potestad reglamentaria residual y en ningún caso pueden regular materia que tiene reserva de ley.

(...) Del anterior análisis se desprende, por lo tanto, que las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios carecen de la prerrogativa pública de imponer sanciones pecuniarias a los usuarios. Esa misma razón permite colegir que las decisiones por medio de las cuales adoptan decisiones de esta naturaleza no constituyen actos administrativos, sino meras vías de hecho, las cuales son impugnables por medio de la acción de tutela, máxime cuando estén en juego los derechos fundamentales de los usuarios.

(...) Tal como se sostuvo en la sentencia T-720 de 2005 la atribución de la potestad sancionatoria a las empresas de servicios públicos domiciliarios tiene reserva legal. En efecto, además del artículo 210 constitucional esta exigencia también se deriva del artículo 369 de la Carta Política, precepto que prevé que corresponde a la ley determinar “los deberes y derechos de los usuarios, el régimen de su protección y sus formas de participación en la gestión y fiscalización de las empresas estatales que presten el servicio”. La potestad sancionatoria de las empresas prestadoras guarda directa relación con los derechos y los deberes de los usuarios y este es un argumento adicional para sostener la reserva legal en la materia.”

La línea jurisprudencial anotada, sólida por demás, fue adoptada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a través del memorando número 20071300011223 del 12 de Febrero de 2007, en el que se dispuso lo siguiente:

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios acoge la tesis jurídica de que las Empresas de Servicios Públicos no tienen legalmente competencia para imponer sanciones pecuniarias a los usuarios, conforme a las razones expuestas en las citadas sentencias de la Corte Constitucional... (subrayas fuera de texto)

Conviene señalar, igualmente, que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – mediante las Resoluciones 375 y 376 de 2006 –, modificó los modelos de condiciones uniformes de los contratos para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, excluyendo de su texto las cláusulas que permitían a los prestadores de estos servicios, la imposición de sanciones pecuniarias a sus usuarios.

2.2. Ley 1151 de 2007.

Como respuesta normativa al malestar que produjo entre los prestadores de servicios públicos domiciliarios la posición asumida por la Superintendencia y la Corte Constitucional, el legislador expidió la Ley 1151 de 2007 (Ley del Plan Nacional de Desarroll

 

2.3. SITUACIÓN ACTUAL - PRONUNCIAMIENTOS JUDICIALES RECIENTES - IMPOSIBILIDAD ACTUAL DE LA FACULTAD SANCIONATORIA.

A pesar de la claridad, actualidad y contundencia de la posición adoptada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios desde febrero de 2007, que se encontraba avalada por multitud de fallos de tutela en los que la Corte Constitucional, frente a casos particulares, había señalado la imposibilidad de que las empresas de servicios públicos domiciliarios impusieran sanciones a sus usuarios, lo cierto es que muchas empresas continuaron con la imposición de este tipo de sanciones amparadas en (i) su convencimiento de que dicha facultad tenía soporte legal, (ii) el efecto inter – partes de los fallos de tutela expedidos por la Corte y (iii) la existencia de regulación vigente, concretamente en el sector eléctrico(24)133, que de manera aparente permitía el ejercicio de dicha facultad.

Sin embargo, el panorama actual frente al tema es absolutamente claro si se tiene en cuenta que (i) el Consejo de Estado(25), a través de sentencia del 30 de Julio de 2008, declaro la nulidad absoluta del artículo 54 de la Resolución CREG 108 de 1997 que fungía como último bastión normativo de la posición según la cual las empresas de servicios públicos domiciliarios podían imponer sanciones pecuniarias a sus usuarios y (ii) que la Corte Constitucional, a través de sentencia unificadora SU – 1010 de 16 de Octubre de 2008, dada a conocer en su integridad en Enero de 2009, dispuso en un fallo con efectos erga – omnes y a futuro (ex – nunc), que las empresas de servicios públicos domiciliarios carecen de la facultad de imponer sanciones pecuniarias a sus usuarios, mientras no exista una Ley que de manera clara e inequívoca la autorice y la reglamente.

En este último fallo, la Corte Constitucional ordenó de manera expresa a los prestadores de servicios públicos domiciliarios el abstenerse de imponer sanciones pecuniarias a sus usuarios, y de cobrar aquellas impuestas con anterioridad al fallo y que no hubieren sido pagadas, cualquiera que sea el estado en que se encuentre el cobro de dichas obligaciones, prejudicial, judicial o cobro coactivo.

Sobra señalar que siendo la sentencia citada de carácter unificatorio, su ratio decidendi y su resuelve son de obligatorio cumplimiento para las autoridades públicas y para los particulares, razón por la cual ni las empresas de servicios públicos, ni las comisiones de regulación ni la Superintendencia, pueden escapar a sus mandatos(26), so pena de recibir las sanciones que eventualmente les correspondan.

Ahora bien, frente a la posibilidad eventual de que se expida una norma que autorice la mentada facultad, consideramos conveniente citar lo dicho por el Consejo de Estado en la sentencia del 30 de Julio de 2008 a la que se hizo referencia, en la cual dicha corporación sostuvo lo siguiente:

“…dentro de la libertad de configuración legislativa que le compete, bien puede el Congreso a través de la ley, establecer la facultad de las empresas prestadoras de servicios públicos para imponer sanciones pecuniarias o multas, pero lo cierto es que no lo hizo en la que expidió precisamente para regular todo lo concerniente a estos servicios esenciales, de modo que no pueden dichas empresas, arrogarse unilateralmente tal facultad, ni mucho menos pueden las comisiones reguladoras de servicios públicos otorgárselas, por cuanto no está dentro de sus facultades hacer tal clase de concesiones.”

Por último, como conclusión de lo expuesto, se tiene que las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios no tienen en la actualidad competencia para imponer sanciones pecuniarias a los usuarios de dichos servicios, y no la tendrán mientras no se expida una norma legal con las características señaladas por la jurisprudencia constitucional y administrativa proferida sobre la materia.

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1. Elaborado por Andrés David Ospina Riaño – Asesor Oficina Asesora Jurídica

2. Constitución Política. Artículo 56.- ´¨Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador.¨ (…)

3. C.P. Artículo 365.

4. C.P. Artículo 333

5. Ley 142 de 1994, “ARTÍCULO 128. CONTRATO DE SERVICIOS PÚBLICOS. Es un contrato uniforme, consensual, en virtud del cual una empresa de servicios públicos los presta a un usuario a cambio de un precio en dinero, de acuerdo a estipulaciones que han sido definidas por ella para ofrecerlas a muchos usuarios no determinados.” (…)  

6. Ver CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C- 075 de 2006 

7. Ibídem.

8. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencias C- 263 de 1996 y T-540 de 1992

9. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C- 1162 de 2000 

10. Ley 142 de 1994, artículos 128, 129 y 134

11. Corte Constitucional. Sentencia T-262 de 2003.   

12. Corte Constitucional. Sentencia T-1150 de 2001

13. M.P.: Alvaro Tafur Galvis.

14. “El ejercicio de la función administrativa por parte de todas las empresas y entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios encuentra una preceptiva mucho más comprensiva en el inciso primero del artículo 154 de la ley 142, que al respecto permite circunscribir como actos administrativos propios de tales empresas y entidades los de negativa del contrato, suspensión, terminación, corte y facturación, y por supuesto, las decisiones que se produzcan en sede empresarial con ocasión del recurso de reposición.

Con un sentido residual los artículos 106 a 115 de la ley de servicios establecen los procedimientos administrativos a seguir para dictar actos unilaterales por parte de quienes en forma temporal o permanente revistan la condición de autoridad;  es decir, se trata de unas disposiciones referidas tanto a quienes presten servicios públicos domiciliarios como a las autoridades públicas pertenecientes o relacionadas con este sector, v.gr. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Comisiones de Regulación, Ministerios, etc. Siendo a la vez patente la primacía de tales procedimientos frente a las reglas del Código Contencioso Administrativo (art. 1, inc. 1º del CCA). Por consiguiente, en lo atinente a la función administrativa el Estatuto Contencioso mantiene su condición subsidiaria y residual en todos los casos que la preceptiva sobre servicios públicos domiciliarios carezca de reglas aplicables a determinados asuntos o hipótesis” –sentencia C-558 de 2001 M.P. Jaime Araujo Rentería- (Cita original de

la jurisprudencia transcrita).

15. ARTICULO 14. CITACION DE TERCEROS. Cuando de la misma petición o de los registros que lleve la autoridad, resulte que hay terceros determinados que pueden estar directamente interesados en las resultas de la decisión, se les citará para que puedan hacerse parte y hacer valer sus derechos. La citación se hará por correo a la dirección que se conozca si no hay otro medio más eficaz.

En el acto de citación se dará a conocer claramente el nombre del peticionario y el objeto de la petición.

Si la citación no fuere posible, o pudiere resultar demasiado costosa o demorada, se hará la publicación de que trata el artículo siguiente.

16. Corte Constitucional. Sentencia T-334 de 2001.

17. Op.Cit. Sentencia T-218 de 2007.

18. Corte Constitucional, Sentencia T–270 de 2004

19. Corte Constitucional. Sentencia T-218 de 2007.

20. 7 de julio de 2005. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto

21. 18 de julio de 2006. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto

22. 18 de julio de 2006. Magistrado Ponente: Jaime Araujo Rentería

23. Memorando 20071300093363 de 26 de Octubre de 2007

24. Resolución CREG 108 de 1997, ARTÍCULO 54. En el contrato de condiciones uniformes se deberá establecer en forma clara y concreta, qué conductas del usuario se consideran incumplimiento de éste y dan lugar a la imposición de sanciones pecuniarias por parte de la empresa, la manera de establecer su cuantía y el procedimiento para demostrar dichas conductas y para imponer la sanción a que haya lugar. En todo caso, la actuación deberá adelantarse con la garantía plena del derecho que tiene el usuario a la defensa, y con sujeción a lo que los Códigos Civil y de Comercio y la Ley 142 de 1994, en su artículo 133, prevén en relación con la carga de la prueba.

PARAGRAFO 1o. Cuando no haya otra forma de establecer el consumo realizado, se tomará el mayor valor de la carga o capacidad instalada o, en su defecto, el nivel de carga promedio del estrato socioeconómico correspondiente al respectivo usuario, y se multiplicará por el factor de utilizaci&oacut