4. ESTRATOS Y METODOLOGÍA 

4.1. Clasificación de los inmuebles residenciales. 

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 101 a 104 de la Ley 142 de 1994, los inmuebles residenciales se clasificarán máximo en seis (6) estratos socioeconómicos así (i) bajo-bajo, (ii) bajo, (iii) medio-bajo, (iv) medio, (v) medio-alto y (vi) alto. 

La clasificación de la estratificación depende de las características particulares de los municipios y distritos y en atención, exclusivamente, a la puesta en práctica de las metodologías de estratificación de que trata la Ley 142 de 1994 elaboradas por el Departamento Nacional de Planeación. El Decreto 262 de 2004, le asignó la función de diseñar las metodologías de estratificación al Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE

4.2. Tratamiento especial a zonas residenciales urbanas que carezcan por lo menos de dos servicios públicos domiciliarios.

La Ley 142 de 1994, en su artículo 102 ,subrogado por el artículo 16 de la Ley 689 de 2001, establece que ninguna zona residencial urbana que carezca de la prestación de por lo menos dos servicios públicos domiciliarios básicos podrá ser clasificada en un estrato superior al cuatro (4).

Cuando la disposición en cita se refiere a carecer de por lo menos dos servicios básicos, debe interpretarse como la imposibilidad material de disfrutar de tales servicios, caso que no se presente cuando exista autoabastecimiento que se procure el propio usuario o consumidor. Si esto último es así, es decir, si el propio usuario tiene su sistema de provisión del servicio estaríamos de todas formas ante la figura del productor marginal definido en el numeral 14.15 de la Ley 142 de 1994, el cual, según el numeral 15.2 de la Ley 142, tiene la condición de prestador de servicios públicos. 

Sólo en el caso en que se carezca efectivamente de la prestación de dos servicios básicos, esto es, que ni un tercero prestador, ni el usuario como productor marginal se procure el acceso al servicio, se aplicaría la excepción del artículo 102 y se clasificaría, a quienes estén en tal situación, en estrato 4. 

4.3. Lugares donde se aplica la estratificación. 

La estratificación se aplica tanto a centros urbanos como centros poblados rurales, al igual que a las fincas y viviendas dispersas en el área rural, lo mismo que a los asentamientos indígenas, pues es a partir de su adopción que las prestadoras pueden aplicar los principios de solidaridad y redistribución de ingresos ordenados en la Constitución Política y en la Ley 142 de 1994, sin importar si la prestación se efectúa en las zonas rurales o urbanas de un municipio. Dicho criterio coincide estrictamente con la definición que para tales efectos señala el numeral 14. 8 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994: 

“14.8. Estratificación socioeconómica. Es la clasificación de los inmuebles residenciales de un municipio, que se hace en atención a los factores y procedimientos que determina la ley”. 

De este modo, la estratificación se efectúa sobre los inmuebles residenciales que estén ubicados tanto en zonas rurales como urbanas, en tanto son estos, los susceptibles de obtener la directa prestación de un servicio público “domiciliario”, y así mismo ser sujeto pasivo de la contribución por solidaridad o beneficiario del subsidio a la demanda del servicio. 

Debe recordarse, en todo caso, que dentro del concepto centros poblados se entienden incluidos los corregimientos, inspecciones de policía o caseríos con veinte (20) o más viviendas contiguas, localizados en la zona rural, de conformidad con el artículo 1 de la Ley 505 de 1999, sin que este artículo determine un ámbito de aplicación de la estratificación restrictivo, ni límite a este aspecto la participación económica de las prestadoras en la adopción, aplicación y actualización de la estratificación; al contrario, la citada ley se aplica tanto a la estratificación urbana como rural sin distinción. 
 

4.4. Estratificación de asentamientos indígenas que se encuentran ubicados en zona rural dispersa. 

La Ley 142 de 1994 en sus artículos 101 y siguientes, estableció las normas aplicables en materia de estratificación socioeconómica para efectos de determinar las tarifas aplicables a los usuarios de los servicios públicos domiciliarios.

Posteriormente la Ley 505 de 1999 dispuso que "los resguardos, reservas, parcialidades y comunidades indígenas que se encuentran en la zona rural del país se eximen de estratificación, en razón de que están amparados por un fuero y un sistema normativo propio". 

Y más adelante la Ley 732 de 2002 dejó expuesto lo siguiente: 
“Artículo 2. Metodologías. Todos los Alcaldes deberán realizar y adoptar sus estratificaciones empleando las metodologías que diseñe el Departamento Nacional de Planeación, las cuales deberá suministrarles directamente con seis (6) meses de antelación a los plazos previstos por la presente ley para la adopción de las estratificaciones urbanas y de centros poblados rurales. Máximo un (1) mes después de haber obtenido el aval del estudio de la Unidad Agrícola Familiar promedio, los municipios y distritos recibirán del Departamento Nacional de Planeación la metodología completa de estratificación de fincas y viviendas dispersas rurales. 

Las metodologías contendrán los procedimientos, las variables y los métodos estadísticos. 

Los Alcaldes de las Áreas Metropolitanas realizarán y adoptarán de manera conjunta y simultánea sus estratificaciones urbanas, en los plazos previstos en la presente ley para la ciudad con mayor población, empleando la misma metodología de dicha ciudad y bajo la coordinación operativa de ella, para lo cual contarán con apoyo técnico especial del Departamento Nacional de Planeación. 

Los asentamientos indígenas ubicados en la zona rural dispersa recibirán un tratamiento especial en cuanto a subsidios y contribuciones de servicios públicos domiciliarios, que dependa de su clasificación según condiciones socioeconómicas y culturales, aspectos que definirá el Departamento Nacional de Planeación a más tardar doce (12) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley. Hasta tanto, se considerarán clasificados en estrato 1”. 

En consecuencia, los asentamientos indígenas ubicados en la zona rural dispersa deben recibir un tratamiento especial en cuanto a subsidios y contribuciones de servicios públicos domiciliarios hasta que se expida la reglamentación correspondiente. 

4.5. Estratificación de inmuebles considerados Monumentos Nacionales. 

Los sectores considerados por las administraciones municipales como patrimonio histórico o cultural, no constituyen para la estratificación sectores atípicos. La metodología para aplicar a estos inmuebles será la que determine el Departamento Administrativo Nacional de Estadística atendiendo los criterios definidos por la Ley 142 de 1994, previendo exclusivamente las características de las viviendas y su entorno. Por lo demás el Decreto 264 de enero 12 de 1963 creó el Consejo de Monumentos Nacionales estipulando que inmuebles de carácter residencial se consideran monumentos nacionales y cuáles de conservación arquitectónica. 

En tales condiciones, se tiene que la Ley 142 de 1994 no concede un tratamiento tarifario excepcional para este tipo de inmuebles, sino que en su artículo 89 clasifica a los usuarios en residenciales -todos por estrato- y no residenciales, distinguiendo entre estos sólo a los hospitales, clínicas centros de salud ya los centros educativos asistenciales sin ánimo de lucro. 

A propósito de este tema el Departamento Nacional de Planeación4 señaló: 
“Los sectores considerados por las administraciones municipales como patrimonios históricos o culturales, no constituyen para la estratificación sectores atípicos. La estratificación de los inmuebles residenciales que se realiza aplicando las metodologías diseñadas por este Departamento atiende los criterios definidos en la ley 142 de 1994 y, en consecuencia, contempla exclusivamente las características de las viviendas y su entorno. Dicha Ley, de otra parte, no concede un tratamiento tarifario excepcional para este tipo de inmuebles; clasifica a los usuarios en residenciales - todos por estrato -y no residenciales, distinguiendo entre estos sólo a los hospitales, clínicas y puestos y centros de salud, y a los centros educativos y asistenciales sin ánimo de lucro (artículo 87)” 

En consecuencia, los inmuebles declarados monumentos nacionales no tienen una clasificación especial ni la metodología de estratificación les da un tratamiento aparte, sino que la estratificación será dada como si se tratara de un usuario residencial. 

4.6. Los Concejos Municipales no pueden otorgar exenciones o tratamientos especiales a predios residenciales ubicados en estratos 1, 2 y 3. 

La ley 142 de 1994 establece en su artículo 73.20 que es función de las Comisiones de Regulación determinar el régimen de fijación de las tarifas y prevé tres regímenes para la definición de las mismas como son el régimen de libertad regulada, el régimen de libertad vigilada y el de libertad de tarifas. 

A su turno, el artículo 90 de la Ley 142 de 1994 establece como elementos generales de las fórmulas tarifarias los siguientes: 
Un cargo por unidad de consumo, que refleje siempre tanto el nivel y la estructura de los costos económicos que varíen con el nivel de consumo como la demanda por el servicio. 

Un cargo fijo, que refleje los costos económicos involucrados en garantizar la disponibilidad permanente del servicio para el usuario, independientemente del nivel de uso. 

Un cargo de aportes de conexión. 
En ese orden de ideas, la determinación de las fórmulas es función de las Comisiones de Regulación y corresponde a esta Superintendencia vigilar el cumplimiento por parte de las empresas de tales formulas tarifarias (artículo 88 de la misma ley). 

En consecuencia, los concejos municipales no están facultados para modificar lo establecido en la Ley 142 de 1994. Tampoco pueden otorgar exenciones o tratamientos especiales a predios residenciales asignados a estratos 1, 2 y 3 excediendo el marco de la Ley 142 de 1994 en su artículo 89.7, ni soportarse en la normatividad urbanística para modificar la base tarifaria de una empresa de servicios públicos.