1. INTRODUCCIÓN

El artículo 130 de la Ley 142 de 1994, señala que el propietario o poseedor del inmueble, el suscriptor y los usuarios del servicio son solidarios en sus obligaciones en el contrato de servicios públicos.

En ese contexto, el aparte normativo referido nos lleva a concluir que en el caso concreto de los inmuebles dados en arriendo, los arrendadores deben responder por las deudas que por concepto de servicios públicos se causen en los inmuebles entregados en arriendo, y que no sean satisfechas o pagadas a las empresas de servicios públicos por los arrendatarios.

La anterior conclusión ha generado dificultades para los arrendadores propietarios de inmuebles, por las cargas económicas que han tenido que asumir. En esa medida, con el fin de reactivar la actividad de los negocios inmobiliarios, fue expedida la Ley 820 de 2003, que en su artículo 15 estableció unas reglas especiales con el fin de que el arrendador de un inmueble pueda, en algunos eventos, no ser responsable por las deudas de los servicios públicos domiciliarios de sus arrendatarios. Esta disposición fue reglamentada por el Decreto 3130 de 2003.