1. MARCO CONSTITUCIONAL. 

El desarrollo que hace la Ley 142 de 1994 en materia de control social de los servicios públicos domiciliarios como un control concurrente con otros instrumentos de control previstos en dicha ley, entre ellos, el de carácter administrativo que le está confiado a la Superintendencia de Servicios Públicos, es el resultado de la concreción de los principios fundamentales que orientan la Constitución Política. 

En efecto, de conformidad con la Carta fundamental, Colombia es un Estado Social de Derecho organizado en forma de República unitaria, democrática, participativa y pluralista (art. 1 constitucional). Igualmente, de conformidad con el art. 2 de la Constitución Política, son fines esenciales del Estado, entre otros, servir a la comunidad, garantizar la efectividad de los principios derechos y deberes consagrados en la Constitución, y facilitar, entre otras cosas, la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

Por otra parte, el art. 78 de la Constitución dispone, entre otros aspectos, que el Estado debe garantizar la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. 

Finalmente, en concordancia con las citadas normas, el art. 369 de la Constitución Política prescribe que la ley determinará los derechos y los deberes de los usuarios, el régimen de protección y las formas de participación en la gestión y fiscalización en las empresas estatales que presten el servicio. 

Es claro entonces, que el sistema de control social de los servicios públicos domiciliarios tiene un profundo arraigo constitucional, el cual se materializa a favor de los usuarios, a través de las figuras jurídicas de los Comités de Desarrollo y Control Social y los vocales de control que a continuación pasaremos a estudiar.