2. EXPROPIACIONES 

De conformidad con el artículo 58 de la Constitución Política, modificado mediante el Acto Legislativo No. 1 de 1999, por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa.

De igual forma, indica esta norma que en los casos que determine el legislador podrá haber expropiación administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto del precio. 
Por su parte, el artículo 56 de la ley 142 de 1994, señala que se declara de utilidad pública e interés social la ejecución de obras para prestar los servicios públicos, así como la adquisición de espacios suficientes para garantizar la protección de las instalaciones respectivas. Y añade la norma que con ambos propósitos se podrán expropiar bienes inmuebles. 
De otra parte, el artículo 116 de la ley 142 de 1994, dispone que corresponde a las entidades territoriales y la Nación, cuando tengan competencia para la prestación del servicio, determinar de manera particular y concreta si la expropiación de un bien se ajusta a los motivos de utilidad pública e interés social que consagra la Ley, y producir los actos administrativos e impulsar los procesos judiciales a que haya lugar. 
Esta norma que se acaba de citar no faculta a las empresas de servicios públicos para adelantar los procedimientos allí previstos, no obstante lo cual el Consejo de Estado ha señalado que ante el vació de la ley 142 de 1994, es procedente aplicar las leyes 9 de 1989 y 388 de 1997, que facultan a las empresas industriales y comerciales del Estado7, para determinar de manera particular y concreta si la expropiación de un bien se ajusta a los motivos de utilidad pública e interés social que consagra la Ley, y producir los actos administrativos e impulsar los procesos judiciales a que haya lugar. 
Finalmente, en lo que se refiere al procedimiento para la adquisición de bienes inmuebles por expropiación, para la construcción de obras destinadas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, entre ellos, los de acueducto, alcantarillado y aseo, el Consejo de Estado8 conceptuó que es el previsto en la ley 9a de 1989, modificada y adicionada por la ley 388 de 1997 y demás leyes concordantes, leyes que según esa Corporación, derogaron de manera tácita las disposiciones de la ley 56 de 1981.