1 Maria Eugenia Sierra Botero – Asesor Oficina Jurídica

2 María Angelica González – Abogado Oficina Asesora Jurídica

3 DECRETO 262 de 2004, artículo 3, numeral 3, literal g).

4 Por medio de la cual se fijan términos y competencias para la realización, adopción y aplicación de la estratificación a que se refieren las Leyes 142 y 177 de 1994, 188 de 1995 y 383 de 1997 y los Decretos Presidenciales 1538 y 2034 de 1996.

5 DECRETO 262 de 2004, artículo 3, numeral 3, literal g).

6 Magistrado Ponente doctor Álvaro Tafur Galvis.

7 Por medio de la cual se fijan términos y competencias para la realización, adopción y aplicación de la estratificación a que se refieren las Leyes 142 y 177 de 1994, 199 de 1995 y 383 de 1997 y los Decretos Presidenciales 1538 y 2034 de 1996.

8 Ibídem.

9 La Corte Constitucional, mediante sentencia C-455 de 1994, M. P. José Gregorio Hernández Galindo, definió el sistema y el método de la siguiente manera: “Se entiende por método las pautas técnicas encaminadas a la previa definición de los criterios que tienen relevancia en materia de tasas y contribuciones para determinar los costos y beneficios que inciden en una tarifa, y por sistema las formas específicas de medición económica, de valoración y ponderación de los distintos factores que convergen en dicha determinación”.

10. Sentencia C-252 de 1997.

11. Ver la Sentencia C-495 de 1996.

12. LEY 732 DE 2002.- Artículo 3°. Control y vigilancia. Los Gobernadores, so pena de sanción inmediata de la Procuraduría General de la Nación, deberán establecer qué Alcaldes fueron renuentes en el cumplimiento de los plazos establecidos en la presente ley e informar a dicha entidad a más tardar dos (2) meses después de vencidos dichos plazos, con el propósito de que ella proceda a investigarlos y a sancionarlos después de haber recibido el reporte departamental. La Procuraduría General de la Nación deberá enviar copia de la relación de los Alcaldes renuentes al Departamento Nacional de Planeación, con el fin de que dicha entidad fije nuevos plazos a los Alcaldes. El incumplimiento de esta disposición por parte de la Procuraduría General de la Nación constituirá causal de mala conducta del funcionario responsable.

Las empresas de servicios públicos domiciliarios tomarán las medidas necesarias para que los resultados de las estratificaciones adoptadas en cumplimiento de los plazos previstos en la presente ley se apliquen al cobro de las tarifas de los servicios públicos domiciliarios residenciales, a más tardar cuatro (4) meses después de haber sido expedido y publicado el correspondiente decreto de adopción, y con la gradualidad tarifaria que determinarán las respectivas Comisiones de Regulación máximo seis (6) meses a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
(…)”

13 Antes de la expedición del Decreto 262 de 2004, esta función correspondía al Departamento Nacional de Planeación de conformidad con la ley 732 de 2002.

14 DECRETO 262 de 2004, artículo 3, numeral 3, literal g).


4 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, Oficio UDS-ESE No.320 de fecha 22 de julio de 1999.