3.18. Principio de consensualidad del contrato de servicios públicos: Artículos 128 y 129 de la Ley 142 de 1994.

De acuerdo con los artículos mencionados, los contratos de servicios públicos son consensuales y uniformes, al margen de que algunas de las condiciones de los mismos puedan negociarse con el prestador.

3.19. Principio de solidaridad de derechos y obligaciones entre propietario, suscriptor y usuario: Artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

Este principio señala que el propietario o poseedor del inmueble, el suscriptor y los usuarios del servicio son solidarios en sus obligaciones y derechos, en el contrato de servicios públicos.

3.20. Principio de libre acceso a los servicios públicos domiciliarios: Artículos 9 y 134 de la Ley 142 de 1994.

En virtu de este principio, cualquier persona capaz de contratar, que habite o utilice de modo permanente un inmueble, a cualquier título, tendrá derecho a recibir los servicios públicos domiciliarios al hacerse parte de un contrato de servicios públicos.

3.21. Principio de reparación por falla: Artículos 136 y 137 de la Ley 142 de 1994.

Al ser la prestación continua de un servicio de buena calidad, la obligación principal de la empresa en el contrato de servicios públicos, el incumplimiento de tal deber constituye falla en la prestación del servicio, que da derecho al usuario, desde el momento en el que se presente, a la resolución del contrato o a su cumplimiento con las reparaciones establecidas en la Ley.

4. PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA.

Finalmente es importante tener en cuenta, que tanto los principios contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política, es decir, los que orientan la función administrativa, como los contenidos en el artículo 3o de la Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, deben ser aplicados por los prestadores.

Lo anterior, en razón a que (i) los actos que se expiden a la luz de lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994, esto es, los de negativa del contrato, y los de suspensión, terminación, corte y facturación del servicio; (ii) los actos previstos en los artículos 33, 56, 57, 116, 117 y 118 que tengan por objeto el uso del espacio público, la ocupación temporal de inmuebles, la promoción de la constitución de servidumbres y la enajenación forzosa de los bienes que se requiera para la prestación del servicio; y (iii) los actos que se expidan con motivo de las concesiones para el uso de los recursos naturales o del medio ambiente (art. 39, numeral 1o), han sido considerados como verdaderos actos administrativos, y por tanto, deben cumplir con todas las previsiones establecidas en la legislación vigente para el efecto, ya que están sujetos al control de la jurisdicción en lo contencioso administrativo.

En este sentido, los actos aludidos deben ser expedidos atendiendo los principios constitucionales que orientan las actuaciones administrativas, esto es, el debido proceso, la igualdad, la imparcialidad, la buena fe, la moralidad, la participación, la responsabilidad, la transparencia, la publicidad, la coordinación, la eficacia, la economía y la celeridad.

Incluso, es preciso tener en cuenta que a través de la Ley 142 de 1994 el legislador le otorgó determinadas facultades y prerrogativas a los prestadores de servicios públicos domiciliarios, algunas de ellas propias de las autoridades administrativas, las cuales resultan necesarias para asegurar la organización, el funcionamiento, la continuidad, la eficiencia y la eficacia de la prestación del servicio público a todos los habitantes del territorio nacional.

En consecuencia, en aplicación de los mandatos del artículo 2 de la Ley 1437 de 2011 y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional[13], los prestadores actúan como autoridades administrativas para algunos efectos. Así, por ejemplo, las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios cumplen funciones administrativas al conocer y decidir sobre las peticiones, quejas y recursos presentados por los suscriptores o usuarios, de tal suerte que los principios enunciamos en esta sección les resultan aplicables, en lo compatible.

4.1. Principio del Debido Proceso.

En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción. En materia administrativa sancionatoria, se observarán adicionalmente los principios de legalidad de las faltas y de las sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in pejus y non bis in idem.

4.2. Principio de Igualdad.

En virtud del principio de igualdad, las autoridades darán el mismo trato y protección a las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento. No obstante, serán objeto de trato y protección especial las personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta.

4.3. Principio de Imparcialidad.

En virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva.

4.4. Principio de la buena fe.

En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.

4.5. Principio de moralidad.

En virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servidores públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas.

4.6. Principio de participación.

En virtud del principio de participación, las autoridades promoverán y atenderán las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a intervenir en los procesos de deliberación, formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.

4.7. Principio de responsabilidad.

En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán las consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos.

4.8. Principio de transparencia.

En virtud del principio de transparencia, la actividad administrativa es del dominio público, por consiguiente, toda persona puede conocer las actuaciones de la administración, salvo reserva legal.

4.9. Principio de Publicidad.

En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011. Cuando el interesado deba asumir el costo de la publicación, esta no podrá exceder en ningún caso el valor de la misma.

4.10. Principio de Coordinación.

En virtud del principio de coordinación, las autoridades concertarán sus actividades con las de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a los particulares.

4.11. Principio de Eficacia.

En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con la Ley 1437 de 2011, las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.

4.12. Principio de Economía.

En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas.

4.13. Principio de Celebridad.

En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.

REFERENCIAS NORMATIVAS APLICABLES

Constitución Política

Código Sustantivo del Trabajo Ley 142 de 1994

Ley 143 de 1994

Ley 732 de 2002

Ley 1176 de 2007

Ley 1437 de 2011

Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015

Decreto 596 de 2016

Corte Constitucional, Sentencia C – 205 de 1995

Corte Constitucional, Sentencia C – 228 de 2010

Concepto Jurídico Unificado SSPD – OJ 2009 – 1

Concepto Jurídico Unificado SSPD – OJ 2009 – 2

Concepto Jurídico Unificado SSPD – OJ 2009 – 3

Concepto Jurídico Unificado SSPD – OJ 2009 – 5

Concepto Jurídico Unificado SSPD – OJ 2009 – 9

Concepto Jurídico Unificado SSPD – OJ 2009 – 10

Concepto Jurídico Unificado SSPD – OJ 2010 – 11

Concepto Jurídico Unificado SSPD – OJ 2010 – 15

Concepto Jurídico Unificado SSPD – OJ 2010 – 17

Concepto Jurídico Unificado SSPD – OJ 2010 – 19

Concepto Jurídico Unificado SSPD – OJ 2010 – 20

Concepto Jurídico Unificado SSPD – OJ 2010 – 23

Concepto Jurídico Unificado SSPD – OJ 2010 – 24

Concepto SSPD – OJ – 126 de 2002

Concepto SSPD – OJ – 396 de 2002

Concepto SSPD – OJ – 455 de 2003

 

ANA KARINA MÉNDEZ FERNÁNDEZ

Jefe Oficina Asesora Jurídica Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

 

<NOTAS DE PIE DE PÁGINA>.

1. Disponible en http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/455

2. Pueden ser consultadas en los archivos del Congreso de la República.

3. Constitución Política, Artículos 1 y 2.

“Artículo 1o. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

Artículo 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

4. “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones”.

5. COLOMBIA, ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Art. 333, Constitución Política de Colombia (20, julio, 1991). Gaceta Constitucional. Bogotá, D.C., 1991. No. 116.

6. COLOMBIA, ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Art. 334 modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo número 03 de 2011, Constitución Política de Colombia (20, julio, 1991). Gaceta Constitucional. Bogotá, D.C., 1991. No. 116.

7. COLOMBIA, ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Art. 365, Constitución Política de Colombia (20, julio, 1991). Gaceta Constitucional. Bogotá, D.C., 1991. No. 116.

8. COLOMBIA, ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Art. 368, Constitución Política de Colombia (20, julio, 1991). Gaceta Constitucional. Bogotá, D.C., 1991. No. 116.

9. COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Art. 73, Ley 142 de 1994 (11, julio, 1994). Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1994. No.41.433.

10. COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Art. 74, numeral 1, literal a) Ley 142 de 1994 (11, julio, 1994). Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1994. No.41.433.

11. COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Art. 3, Ley 143 de 1994 (12, julio, 1994). Por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones en materia energética. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1994. No. 41.434.

12. Ver: Concepto Unificado 35 de 2017 (Actualizado 29 de enero de 2020).

13. Ver: Corte Constitucional. Sentencia C-558 del 31 de mayo de 2001. Magistrado ponente: Jaime Araujo Rentería. Expediente: D3269.