El texto trascrito implica, por una parte, que debe otorgarse el traslado al investigado para presentar alegatos, pero además supedita el término para que la autoridad expida la decisión, a la efectiva presentación de los mismos, sin considerar que el investigado estaría en posición de dilatar indefinidamente la decisión, optando por no presentar dichos alegatos, o presentándolos extemporáneamente a su acomodo.

Para zanjar el problema jurídico evidenciado, lo primero es señalar que el traslado para alegatos se configura como una verdadera etapa procesal, no solo por las implicaciones garantistas respecto del derecho de defensa y contradicción que involucra para el investigado, sino porque la norma la ha establecido como presupuesto procedimental para la expedición de la decisión definitiva.

En ese sentido, si no se decreta un periodo probatorio, la autoridad debe proceder a conceder y dar traslado por diez días para la presentación de alegatos, una vez comunicado el acto de decisión de pruebas.

Así las cosas, debe entenderse también que siendo el traslado para alegatos una etapa procesal, sus términos son perentorios e improrrogables, de tal suerte, que el inciso primero del artículo 49 del CPACA, debe interpretarse en el sentido, de que la decisión deberá ser proferida por el funcionario competente, dentro de los 30 días siguientes a la presentación de alegatos por parte del investigado, o al vencimiento del término perentorio e improrrogable de 10 días, otorgado para su presentación.

Por último, es de referir que el procedimiento administrativo no contempla formalidad alguna para el traslado al investigado e intervinientes para presentar alegatos, razón por la cual, nuevamente procede acudir a los principios de eficacia y publicidad que gobiernan la actuación administrativa, para concluir que para dicho trámite debe acudirse a cualquier forma de comunicación contemplada por el CPACA, en particular, en los términos del artículo 37 ibídem.

3.5. Decisión.

Tal como se señaló en el numeral anterior, el artículo 49 del CPACA debe interpretarse en el sentido de que la decisión que corresponda deberá tomarse dentro de los 30 días siguientes a la presentación de los alegatos, si es que el prestador hizo uso de dicha oportunidad procesal, o dentro de los 30 días siguientes al cumplimiento de los 10 días de traslado para alegatos concedido por la autoridad.

Esta Oficina Asesora Jurídica ha señalado que frente a las actuaciones administrativas de carácter sancionatorio, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios debe aplicar íntegramente las reglas consagradas en la Ley 1437 de 2011, con fundamento en el hecho de que si bien dicho procedimiento está llamado a ser supletivo de aquellos procedimientos especiales sancionatorios prescritos en otras leyes, la Ley 142 de 1994 no contempla un procedimiento integral en tal sentido.

En este sentido y dado que el Capítulo II denominado “De los Procedimientos Administrativos para Actos Unilaterales”, previsto en la Ley 142 de 1994, consagra “reglas” aplicables a los procedimientos administrativos, más no un procedimiento sancionatorio propiamente dicho, el régimen aplicable, actualmente, a las actuaciones administrativas sancionatorias iniciadas por esta Superintendencia, es el procedimiento sancionatorio general contenido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(12).

Ahora bien, respecto al contenido de la decisión, dentro de un proceso administrativo sancionatorio, el Artículo 49 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone lo siguiente:

“Artículo 49. Contenido de la decisión. El funcionario competente proferirá el acto administrativo definitivo dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de los alegatos.

El acto administrativo que ponga fin al procedimiento administrativo de carácter sancionatorio deberá contener:

1. La individualización de la persona natural o jurídica a sancionar.

2. El análisis de hechos y pruebas con base en los cuales se impone la sanción.

3. Las normas infringidas con los hechos probados.

4. La decisión final de archivo o sanción y la correspondiente fundamentación”.

El análisis de los hechos, los argumentos y las pruebas debe ser meticuloso, ordenado y completo, de manera que resulte claro el origen y estudio jurídico que soportan las conclusiones que llevan a la decisión.

Ahora bien, nótese que la norma transcrita, la cual hace parte del procedimiento administrativo sancionatorio general, admite únicamente dos opciones en cuanto al contenido de la decisión, dentro de una actuación administrativa sancionatoria, esto es; el archivo de la misma o la imposición de la correspondiente sanción, en ambos casos con la debida motivación.

Tratándose de la sanción, se puede sostener que los prestadores de los servicios públicos domiciliarios, frente a las violaciones del régimen aplicable a la prestación de tales servicios, pueden hacerse acreedores a las sanciones que le imponga esta Superintendencia y que se encuentran consignadas en el Artículo 81 de la Ley 142 de 1994.

En este punto, huelga recordar que, como lo ha señalado la Oficina Asesora Jurídica con anterioridad, la “…actuación administrativa sancionatoria no está orientada a preservar, garantizar o reconocer un derecho del peticionario, sino a lograr la protección del ordenamiento jurídico mediante acciones sancionatorias y el efecto disuasivo que se predica de la sanción y reproche de la conducta del prestador(13).

Criterios para la definición y graduación de la sanción.

El artículo 81 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 208 de la Ley 1753 de 2015, establece el catálogo de sanciones aplicables(14) por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos a los prestadores que vulneren la normatividad que les es exigible, teniendo como criterio para decidir entre ellas la que será aplicable en el caso concreto, la naturaleza gravedad de la falta.

Por su parte, el artículo 50 del CPACA, define los criterios para establecer la gravedad de las faltas y el rigor de las sanciones a imponer:

Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados.

Beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero.

Reincidencia en la comisión de la infracción.

Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión.