Adicionalmente, la condición de monopolista contractual de la empresa se fortalece por el hecho de que no existan sustitutos cercanos para los servicios que provee el prestador de agua potable y alcantarillado. Bajo tal circunstancia, el usuario no tiene una canasta de elecciones posibles que le permita acceder al mecanismo de negociación para obtener las mejores condiciones posibles, lo que lo convierte en un “tomador” del precio y de los términos contractuales que este prevea.

Ante este escenario resulta apenas previsible que exista alguna forma de intervención que regule, esta falla de mercado. Por lo tanto, si bien no constituye una facultad de la Comisión regular este tipo de contratos, si es de su resorte dar garantía de la protección de los derechos de los usuarios, parte débil del contrato, ante un eventual abuso de posición dominante.

Con relación al segundo tema, es decir, respecto a los costos transacción en la celebración de un contrato, cabe señalar que estos están dados por los costos de búsqueda de contrapartes, la negociación de los términos, la redacción del contrato y su cumplimiento, además del esfuerzo en tiempo y conocimientos para la elaboración del mismo. Se trata por tanto de costos que se ven altamente minimizados en el caso del contrato de servicios públicos por su condición de contrato de adhesión.

La reducción de los costos de transacción por la existencia del modelo indicativo de CCU, representa una ganancia bilateral. Para el prestador porque la predisposición unilateral de las cláusulas contractuales facilita su inclusión en un sinnúmero de contratos y de esta manera, permiten llevar a cabo una mayor cantidad de operaciones al menor tiempo y al menor costo posible. Específicamente, la expedición de un modelo indicativo por parte de la comisión reguladora le significa a la empresa un ahorro en los costos de búsqueda, ya sea medida por los honorarios del abogado que redacte los términos del contrato, o por la búsqueda de un contrato de una empresa del mismo sector o de otro servicio público que pueda ser copiado y ajustado, al mínimo costo, a las condiciones de prestación particulares de la empresa.

Para el suscriptor o usuario las ganancias están dadas por la reducción en los costos por información asimétrica. Bien es sabido que la generalidad de los suscriptores desconoce los términos de la contratación y los pormenores de prestación del servicio, inclusive en lo que concierte a sus obligaciones y derechos en el contrato. Más aún si se considera que por las condiciones inherentes al contrato y al servicio que se presta, el consumidor o usuario solo tiene dos alternativas: acoger la minuta prevista por el productor o abstenerse de contratar, evento que resulta improbable en el caso de agua potable y saneamiento básico.

 

NOTAS AL FINAL:

1. Véase al respecto Cooter, R. y Ulen, T. (1998) Derecho y economía. Fondo de Cultura Económica.