CONCEPTO UNIFICADO No. 22

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SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE GAS NATURAL 
 

Este concepto tiene como propósito señalar el criterio jurídico unificado de esta Superintendencia en lo concerniente a la Instalación de Redes de Gas Natural y el Registro de Instaladores1. 
 

1.    CARACTERÍSTICAS DEL GAS NATURAL Y DEFINICIÓN LEGAL COMO SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO  

El gas natural es una mezcla de hidrocarburos livianos en estado gaseoso, que en su mayor parte está constituida por metano y etano y en menor proporción por propano, butanos, pentanos e hidrocarburos más pesados. Generalmente, esta mezcla contiene impurezas tales como vapor de agua, gas carbónico y nitrógeno. Otras veces puede contener impurezas como sulfuro de hidrógeno, mercaptanos y helio. El gas procede de la descomposición de los sedimentos de materia orgánica atrapada entre estratos rocosos y es una mezcla de hidrocarburos ligeros en la que el metano (CH4) se encuentra en grandes proporciones, acompañado de otros hidrocarburos y gases cuya concentración depende de la localización del yacimiento. Es un energético eficaz, rentable y limpio, y por sus precios competitivos y su eficiencia como combustible, permite alcanzar considerables economías a sus utilizadores.

Ahora bien, por su importancia, el legislador estimo pertinente incluir el servicio público domiciliario de gas combustible como uno de los servicios domiciliarios esenciales a que se refiere la Ley 142 de 1994. Dicha Ley, en el numeral 14.28 del Artículo 14, define el servicio público domiciliario de gas combustible, en los siguientes términos: 

(...)14.28. Servicio público domiciliario de gas combustible. Es el conjunto de actividades ordenadas a la distribución de gas combustible, por tubería u otro medio, desde un sitio de acopio de grandes volúmenes o desde un gasoducto central hasta la instalación de un consumidor final, incluyendo su conexión y medición. También se aplicará esta ley a las actividades complementarias de comercialización desde la producción y transporte de gas por un gasoducto principal, o por otros medios, desde el sitio de generación hasta aquel en donde se conecte a una red secundaria(...). 

Teniendo en cuenta la anterior definición, se entiende como gas combustible, aquel de la primera, segunda y tercera familias, de conformidad con lo dispuesto en las Normas Técnicas Colombianas, que pueden ser consultadas en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC – www.sic.gov.co. 

Es necesario señalar que la primera familia de gases corresponde a los gases manufacturados, la segunda a los gases naturales y la tercera a los gases licuados del petróleo (GLP). 

Para efectos de este documento, este análisis se circunscribe a los gases de la segunda familia, es decir a los gases naturales. 
 

2.    REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES DE GAS NATURAL 

El Artículo 144 de la Ley 142 de 1994 dispone, entre otras cosas, que en cuanto se refiere al transporte y distribución de gas, los contratos pueden reservar a la empresas, por razones de seguridad comprobables, la calibración y mantenimiento de los medidores. 

Por su parte, el artículo 145 de la Ley 142 de 1994, señala que los prestadores de servicios públicos, por iniciativa propia, deberán hacer en cualquier tiempo revisiones rutinarias al medidor y a las acometidas, para verificar su estado, su funcionamiento y realizar las normalizaciones del caso que aseguren una adecuada medición del consumo. Por su parte, en el Código de Distribución de gas Combustible por Redes, Resolución CREG 067 de 1995, se señaló lo siguiente: 

V.5.1 Revisión a las instalaciones y medidores del usuario. 
5.23. El distribuidor estará obligado a inspeccionar las instalaciones del usuario periódicamente y a intervalos no superiores a cinco años, o a solicitud del usuario, consultando las normas técnicas y de seguridad. Realizará pruebas de hermeticidad, escapes y funcionamiento, a fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones de este Código y de los contratos que se suscriban con el usuario. El costo de las pruebas que se requieran, estarán a cargo del usuario. (…)”. 

De igual forma, la norma señala que la empresa deberá colocar una etiqueta visible donde conste la fecha de revisión y deberá emitir una constancia al usuario. 

Cuando el distribuidor requiera revisar las instalaciones del usuario o realizar visitas técnicas de revisión e instalación o retiro de medidores, el usuario deberá acceder a esta solicitud previa notificación por escrito. 

Por lo anterior, para efectos de las revisiones técnicas debe existir una notificación previa por parte de la empresa al usuario, en razón a que se requiere ingresar al inmueble para efectos de realizar las pruebas de hermeticidad, escapes y funcionamiento. 

De igual forma, el numeral 5.25 del citado Código de Distribución de Gas Combustible por Redes, establece el deber que tiene el usuario de permitir la revisión de las instalaciones por parte del distribuidor, o las visitas técnicas de revisión, instalación o retiro de los medidores; a esta solicitud por parte del distribuidor debe acceder el usuario, previa notificación por escrito. 
En desarrollo de lo anterior, los numerales 5.16 y 5.17 del Código en mención, establecen las facultades que tiene el distribuidor, para los eventos en que surgen causas de la suspensión o terminación del servicio: 

5.16. El distribuidor tendrá derecho a suspender o descontinuar el servicio por cualquiera de las siguientes razones, previa notificación al Usuario en forma escrita o mediante aviso de prensa: (...) 
(iii) Si a juicio del distribuidor, la instalación del usuario se hubiera tornado peligrosa o defectuosa.(...) 
5.17. El distribuidor o el comercializador tendrán derecho a suspender o descontinuar el servicio por cualquiera de las siguientes razones, previa notificación al usuario:(...) 
(viii) En caso de que se impidiera injustificadamente al distribuidor o el comercializador el acceso al medidor u otras instalaciones del servicio, o se obstruyera el acceso a las mismas, o dicho acceso fuera peligroso;(...)” 
De esta manera, se concluye que las empresas distribuidoras de gas combustible por red, se encuentran facultadas para suspender o descontinuar el servicio, si a su juicio la instalación del usuario se torna peligrosa y defectuosa, y más aún cuando el usuario impide injustificadamente el acceso al medidor u otras instalaciones, o se obstaculiza el acceso a las mismas. 
Resulta también importante traer a colación lo señalado por esta Superintendencia mediante Circular Externa No. SSPD- 00002 del 23 de febrero de 2006: 

"Teniendo en cuenta que en Colombia existen alrededor de 3.800.000 usuarios del servicio de gas combustible por red de tubería y con el fin de prevenir el riesgo de accidentes contra la salud y seguridad de las personas, que pueden llegar hasta la pérdida de vidas humanas por eventos como inhalación de gases tóxicos o explosión por acumulación de gases, la Superintendencia reitera a todas las distribuidoras de gas combustible por red de tubería, la obligación de practicar la revisión a las instalaciones internas y medidor del usuario, como mecanismo idóneo para determinar la conformidad de las instalaciones internas existentes y garantizar seguridad a los usuarios. 

Finalmente, la Superintendencia advierte a las empresas de servicios públicos la importancia de adoptar en sus contratos de condiciones uniformes, las medidas tendientes a la suspensión del servicio para aquellos usuarios que no permitan realizar las revisiones a las instalaciones antes indicadas". 

Por otra parte, de conformidad con el artículo 29 de la ley 142 de 1994, la empresa puede exigir de las autoridades de policía el amparo para que cesen los actos que entorpezcan o amenacen perturbar, en cualquier tiempo, el ejercicio de sus derechos. (...)” 

Se concluye de lo expuesto, que para los eventos en que las instalaciones de los usuarios se tornen peligrosas o defectuosas, las empresas distribuidoras de gas combustible por redes bien pueden proceder con la suspensión del servicio; incluso también procede la suspensión, a fin de garantizar la seguridad de varios usuarios pertenecientes a una comunidad, cuando es la instalación de un solo usuario la que genera ese defecto y peligro y más aun tratándose de eventos en los que el usuario impide injustificadamente el acceso al medidor u otras instalaciones, o se obstaculiza el acceso a las mismas. 

De lo anterior, que la obligación y responsabilidad de la ejecución de las revisiones de que trata el artículo 5.23 de la Resolución CREG 067 de 1995 corresponde a la empresa Distribuidora. Por lo tanto, el único escenario bajo el cual el usuario tiene la oportunidad de escoger la empresa que realice la Revisión Técnica Reglamentaria (RTR), es cuando la empresa distribuidora, le ofrece alternativas ya que ha decido cumplir con dicha obligación a través de un tercero. 

En consecuencia, el distribuidor puede realizar la tarea de revisión a través de un tercero, pero en todo caso la empresa distribuidora es responsable de esta revisión. Por otro lado, la CREG ya se ha pronunciado respecto al tema que nos ocupa, en concepto S-2010-000404 del 18 de febrero de 2010, en donde se señala lo siguiente: 

(…) Al respecto, consideramos importante reiterarle lo mencionado en el radicado S-2004-002505 de esta Comisión, en el sentido de que según lo previsto en el numeral 5.23 de la Resolución CREG 067 de 1995 es el distribuidor a quien corresponde inspeccionar las instalaciones del usuario periódicamente y a intervalos no superiores a cinco años, o a solicitud del usuario. Esta disposición se encuentra vigente en esta materia, por lo tanto debe ser observada por los usuarios, empresas y público en general. 

Adicionalmente es preciso resaltar que la obligación de realizar la inspección a las instalaciones del usuario es de las empresas distribuidoras, las cuales pueden cumplir con dicha tarea directamente o a través de un tercero, siempre y cuando cumplan con la normatividad que les sea aplicable. En todo caso la empresa distribuidora es responsable de que la revisión se realice como lo exige la normatividad vigente aplicable a esta materia.(…) 

Actualmente la responsabilidad de realizar la inspección de las instalaciones internas utilizadas en el servicio de gas natural corresponde al distribuidor. Esto por cuanto las redes internas o instalaciones constituyen un elemento necesario para la prestación efectiva del servicio y las mismas deben cumplir con las condiciones de seguridad mínimas necesarias para garantizar la seguridad del mismo. 

No obstante, como lo hemos manifestado en otras oportunidades, el distribuidor puede realizar esta tares (sic) de revisión a través de un tercero, pero en todo caso la empresa distribuidora es responsable de esta revisión. Esto por cuanto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 142 de 1994 las empresas de servicios públicos serán civilmente responsable (sic) por los perjuicios ocasionados a los usuarios.

De otra parte, como lo manifestamos en la comunicación S-2009-002612, es cierto que la Ley 142 de 1994 en su artículo 9, numeral 9.2, establece el derecho de los usuarios a la libre elección del prestador del servicio y del proveedor de los bienes necesarios para su obtención o utilización. Este derecho se manifiesta, para este caso, en la elección que el usuario hace del prestador del servicio público domiciliario de gas combustible, pero una vez ejercido, no puede pretenderse que un tercero, con el cual el prestador del servicio no tiene ningún vínculo contractual o legal, lo sustituya en el cumplimiento de sus obligaciones, sin asumir la responsabilidad por la calidad y seguridad del servicio. (…)”. Negrillas fuera de texto. 

Teniendo en cuenta lo anterior, a la fecha no se conoce ninguna regulación que haya asignado la obligación de revisión técnica de las instalaciones de gas combustible por redes, a un agente diferente al Distribuidor. 

De otra parte, hay que precisar que la Resolución CREG 108 de 1997 en su artículo 27 establece que dentro de las condiciones uniformes del contrato, la empresa establecerá los valores a cobrar por concepto de revisión de instalaciones, calibración de medidores y, en general, cualquier otro servicio que el suscriptor o usuario pueda contratar con la empresa o con terceros. 

Por tanto, es obligación del distribuidor inspeccionar de manera periódica las instalaciones de la acometida de gas y el medidor por lo menos una vez cada cinco años, cuyo costo estará a cargo del usuario, el cual además será difundido de manera amplia por el distribuidor. 

Ahora bien, en el caso de que la revisión se realice por solicitud del usuario, este deberá asumir su costo, siempre que lo disponga así el contrato de servicios públicos. En lo referente a revisiones dentro de una investigación por desviación significativa y dentro de procedimientos por existencia de presuntas anomalías, hay que precisar lo siguiente: 

·         Quien tiene la obligación de investigar el hecho dentro de una investigación por desviación significativa es el prestador, tal y como lo estipula el articulo 149 de la Ley 142 de 1994, de lo que se deriva que no se le pueda trasladar al usuario el componente económico de una obligación que se encuentra en cabeza del prestador. 

·         En el caso de procedimientos para detección de anomalías, siempre y cuando el valor o costo de la revisión este estipulado en el contrato de servicios públicos, el mismo podrá ser cobrado al usuario. 

De otra parte, en relación con los requisitos técnicos, tenemos que el título II, numeral 2.7 de la Resolución CREG 067 de 1997, señala acerca de las Instalaciones receptoras de los usuarios y aparatos de utilización para el empleo de gas combustible, que la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, emitirá normas de homologación para los gasodomésticos, realizando pruebas y ensayos oportunos en laboratorios autorizados para comprobar el cumplimiento de las normas e impedir la comercialización de aquellos que no hayan obtenido resultados satisfactorios en su homologación. 

Asimismo, el título II.1 (Normas Técnicas Aplicables) de la misma Resolución, determina que para todos los efectos pertinentes, al hacer alusión a normas técnicas, se refiere a las Normas Técnicas Colombianas expedidas para el efecto. En caso de no existir normas colombianas, se emplearán normas de reconocido prestigio internacional y aceptadas por el Ministerio de Minas y Energía, el cual las compilará en un Código de Normas Técnicas y de Seguridad. 

La Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 14471 de 2002, definió algunos requisitos mínimos de calidad e idoneidad de las instalaciones de suministro de gas en edificaciones residenciales y comerciales. Dentro de la citada resolución, en el literal a) del numeral 1.2.6.4.2 denominado Certificación de conformidad de instalaciones internas se establece lo siguiente: 

"la certificación de conformidad de las instalaciones existentes podrá restringirse a los requisitos referentes a la protección de las tuberías a la vista, métodos de acoplamiento y protección contra la corrosión de las mismas, especificaciones generales concernientes a la ventilación de recintos interiores, localización de los artefactos a gas, requerimientos adicionales de aire, métodos de ventilación de recintos interiores, espacios no confinados, espacios confinados, especificaciones para la construcción de celosías, rejillas y conductos para la ventilación de recintos interiores y conductos para la evacuación de productos de la combustión, en las condiciones previstas en el numeral 1.2.6.3 de este capítulo". 

De igual forma, el literal b) señala que la revisión periódica contenida en el numeral 5.23 de la Resolución CREG 067 de 1995 - Código de Distribución - se entenderá surtida con la expedición de la certificación de conformidad de la instalación existente, según lo señalado en ese reglamento, y por lo mismo su costo se entiende comprendido en el valor previsto para la revisión periódica. 
Ahora bien, en lo referente al cargo por la realización de la actividad de revisión de instalaciones, hay que precisar que este debe comprender los costos en que incurre la empresa por llevar a cabo los procedimientos correspondientes. 

En la actualidad, el cargo por concepto de esta revisión esta bajo el régimen de libertad vigilada, en razón a que no existe norma expedida por parte de la CREG que regule el cargo por esta actividad. Es decir, existe libertad para que el distribuidor defina de manera autónoma esos costos, los cuales, sin embargo, deben corresponder de manera cierta a las erogaciones hechas por la empresa en el proceso de revisión, pues sería injustificado desde el punto de vista jurídico y económico, trasladar ineficiencias de las empresas a los usuarios. 

De otra parte, en lo referente a la obligación del usuario de realizar las reparaciones sugeridas en la visita técnica de revisión de las instalaciones, tenemos que el Código de Distribución señala lo siguiente: 

2.19. Toda instalación deberá cumplir con las normas técnicas o de seguridad correspondientes. El distribuidor no podrá distribuir gas natural o GLP en ninguna instalación interna o tanque estacionario de almacenamiento que no cumpla con estas normas. De hacerlo así, se hará acreedor a las sanciones correspondientes que determine la Superintendencia de Servicios Públicos, sin perjuicio de las sanciones civiles o penales a que haya lugar. 
V. 5.2. Suficiencia y seguridad de instalación del usuario. 
4.20. La distribuidora deberá rehusar la prestación del servicio, o descontinuar el mismo toda vez que considere que una instalación o parte de la misma es insegura, inadecuada, o inapropiada para recibir el servicio, o que interfiere con, o menoscaba, la continuidad o calidad del servicio al usuario o a otros usuarios.

IV.5.4. Mantenimiento de la instalación del usuario. 
4.22. Toda instalación del usuario será mantenida por éste en las condiciones requeridas por las autoridades competentes y por el distribuidor.” 

De lo expuesto se concluye que el usuario tiene la obligación de realizar las reparaciones que indique la empresa Distribuidora para efectos de que la instalación sea segura, adecuada y apropiada para recibir el servicio. 

3. INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

La Resolución CREG 067 de 1995, Código de Distribución de Gas Combustible por Redes, en su artículo 4.14 señala lo siguiente: 

"los elementos necesarios para la instalación interna, según lo definido en la Ley 142 de 1994, podrán ser suministrados por el distribuidor e instalados por él mismo o por cualquier otro personal autorizado y registrado en la empresa. No será negocio exclusivo del distribuidor y serán instalados a cargo del usuario (Resolución 039 del 23 de octubre de 1995)". 
Así mismo, la Resolución CREG 057 de 1996, que incorporó y sustituyó la Resolución CREG 039 de 1995, dispone que "la red interna no será negocio exclusivo del distribuidor y por lo tanto, cualquier persona cualificada podrá prestar el servicio".

En lo que tiene que ver con la Red Interna, la Resolución CREG 108 de 1997 en su artículo 19 señaló que las empresas distribuidoras deberán dar cumplimiento a lo establecido en los Códigos de Distribución de Energía Eléctrica y Gas u otras normas que expida la Comisión en lo referente a red interna para el suministro del servicio y además indico en su parágrafo lo siguiente: 

Las facultades que esas normas otorguen a las empresas de distribución, para llevar un registro del personal autorizado que podrá construir y realizar el mantenimiento de la red interna, no confiere a tales empresas la atribución de limitar el número de registrados, o de negar dicho registro a las personas que reúnan las condiciones técnicas establecidas por las autoridades competentes. Dicho registro será público y las empresas tendrán la obligación de divulgarlo; igualmente, deberá suministrarlo en cualquier momento a petición del usuario. En todo caso, la existencia del registro no faculta a las empresas para favorecer monopolios, o impedir que las personas calificadas, según las normas, puedan ejercer su profesión u oficio. 

De lo anterior, se colige que la responsabilidad por la adecuada instalación de la acometida corresponde a la empresa prestadora de gas y la red interna al usuario, correspondiéndole a la primera verificar que éstas cumplan con las normas de calidad y los parámetros técnicos de seguridad antes de prestar el servicio. 

Ahora bien, de acuerdo con la Resolución CREG 067 de 1995, se ha delegado la función de definir los requisitos técnicos mínimos que deben cumplir la construcción, ampliación, reforma o revisión de instalaciones para el suministro de gas combustible en edificaciones residenciales y comerciales a la Superintendencia de Industria y Comercio. 
A su vez, dicha entidad expidió la Resolución 14471 de 2002 de acuerdo con la cual se exige que las personas naturales o empresas que se dediquen o se empleen para la construcción, ampliación, reforma de instalaciones para el suministro de gas en edificaciones residenciales y comerciales, cumplan con la certificación de conformidad de las instalaciones y se inscriban en el Registro de Fabricantes e Importadores, estableciendo para ello una serie de requisitos técnicos para su aprobación por parte de dicha Superintendencia. 

De lo anterior, que las personas naturales o empresas que se dediquen o se empleen para la construcción, ampliación, reforma de instalaciones para el suministro de gas en edificaciones residenciales y comerciales deben cumplir con el requisito de estar debidamente registradas ante la empresa distribuidora y cumplir con los requisitos de la Resolución 14471 de 2002, de lo que se deriva que la empresa distribuidora pueda abstenerse de recibir las instalaciones internas de las citadas personas naturales o empresas hasta tanto cumplan con el requisito del registro ya citado. 

En lo que tiene que ver con el ejercicio de la actividad de instaladores de redes internas de gas natural, tenemos que la misma se encuentra debidamente reglada y exige de su ejecutor el cumplimiento de los requisitos antes citados. 

Ahora bien, la competencia de regulación en el sector de energía eléctrica y gas se encuentra en cabeza de la Comisión de Regulación de Energía y Gas Combustible, razón por la cual ni las personas prestadoras ni la Superintendencia, pueden crear requisitos o exigencias adicionales a las que exige el órgano regulador. 

De otra parte, hay que precisar, que esta Superintendencia sólo entra a inspeccionar, vigilar o controlar lo referente la prestación del servicio público domiciliario de distribución de gas y las actividades complementarias de comercialización desde producción y transporte de gas en los términos de la Ley 142 de 1994, y no la relación entre el Distribuidor y las personas naturales o jurídicas que se dediquen o se empleen para la construcción, ampliación, reforma, revisión de instalaciones para el suministro de gas en edificaciones residenciales y comerciales, relación que inicia en razón a la autorización o registro que realiza el distribuidor a estas últimas. 

Lo anterior, no obsta para que si un Distribuidor como parte de la cadena de prestación del servicio domiciliario de energía eléctrica, no da aplicación a lo señalado en la Resolución CREG 108 de 1997 en su articulo 19 referente al registro del personal autorizado que podrá construir y realizar el mantenimiento de la red interna, esta entidad pueda investigar si con dicha conducta el prestador esta incumpliendo la regulación a la que esta sujeto. 

Ahora bien, si el Distribuidor cumple con la regulación esta entidad no es competente para intervenir la relación entre el Distribuidor y las personas naturales o jurídicas que se dediquen o se empleen para la construcción, ampliación, reforma de instalaciones para el suministro de gas en edificaciones residenciales y comerciales. 

4. COBRO DE ACOMETIDAS DE GAS NATURAL 

El numeral 14.1 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 define acometida como la derivación de la red local del servicio respectivo que llega hasta el registro de corte del inmueble. De igual forma, señala que en edificios de propiedad horizontal o condominios, la acometida llega hasta el registro de corte general. 

Por su parte, el numeral 14.16 del artículo 14 ídem, señala que las redes internas son el conjunto de redes, tuberías, accesorios y equipos que integran el sistema de suministro del servicio público al inmueble a partir del medidor. Ahora bien, la Resolución CREG 067 de 1995 Código de Distribución de Gas Combustible por Redes, en su artículo 4.14 señala lo siguiente: 

"los elementos necesarios para la instalación interna, según lo definido en la Ley 142 de 1994, podrán ser suministrados por el distribuidor e instalados por él mismo o por cualquier otro personal autorizado y registrado en la empresa. No será negocio exclusivo del distribuidor y serán instalados a cargo del usuario (Resolución 039 del 23 de octubre de 1995)". 

Así mismo, la Resolución CREG 057 de 1996, que incorporó y sustituyó la Resolución CREG 039 de 1995, dispone que "la red interna no será negocio exclusivo del distribuidor y por lo tanto, cualquier persona cualificada podrá prestar el servicio". Por otra parte, la Resolución CREG-011 de 2003, define la conexión en los siguientes términos: 

CONEXIONES DE ACCESO AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN (CONEXIÓN): Activos de uso exclusivo, que no hacen parte del Sistema de Distribución, que permiten conectar un Comercializador, un Almacenador, otro Distribuidor, o un usuario a un Sistema de Distribución de gas combustible por redes de tuberías. La conexión se compone básicamente de los equipos que conforman el centro de medición y la acometida, activos que son propiedad de quien los hubiere pagado, si no fueren inmuebles por adhesión”. 

En este orden de ideas, la responsabilidad por la adecuada instalación de la acometida corresponde a la empresa prestadora de gas y la red interna y sus elementos podrán ser suministrados por el distribuidor e instalados por él con cargo al usuario,correspondiéndole a la primera verificar que éstas cumplan con las normas de calidad y los parámetros técnicos de seguridad antes de prestar el servicio y al segundo pagar por la instalación. 

Por lo anterior, los elementos necesarios para la instalación interna podrán ser suministrados por el distribuidor e instalados por él mismo o por cualquier otro personal autorizado y registrado en la empresa y a cargo del usuario. 

En cuanto al costo de la conexión, el centro de medición y la acometida de gas natural constituyen elementos que son de propiedad de quien los hubiere pagado, si no fueren inmuebles por adhesión, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley 142 de 1994. 

5. REGISTRO DE INSTALADORES 

En primer lugar es necesario aclarar que la responsabilidad de la red interna es del usuario y sus obligaciones sobre la misma son las de (i) adecuado uso y cuidado de las instalaciones, y (ii) la de asumir los cargos por su reparación y mantenimiento. 

Entonces, en caso de daños en la red interna, el usuario puede escoger libremente si la reparación la hace la misma empresa prestadora del servicio público domiciliario, o personal autorizado y registrado ante la empresa. 

Así mismo, si la empresa distribuidora fue la instaladora de la red interna, el contrato de servicio técnico de instalación debe regular lo atinente a la garantía por el servicio prestado, y en lo no regulado en el mismo se deberá acudir a lo establecido en la normativa comercial correspondiente. 

En cuanto al registro de instaladores, la resolución CREG 108 de 1997 en su articulo 19, señaló que las empresas distribuidoras deben dar cumplimiento a lo establecido en los Códigos de Distribución de Energía Eléctrica y Gas u otras normas que se expidan acerca de la red interna para el suministro del servicio y que las empresas distribuidoras están facultadas para llevar un registro del personal autorizado que podrá construir y realizar el mantenimiento de la red interna. 

Así mismo, dicha disposición señaló que dicha facultad no confiere a la empresa la atribución de limitar el número de registrados, o de negar dicho registro a las personas que reúnan las condiciones técnicas establecidas por las autoridades competentes. 

Dicho registro será público y las empresas tendrán la obligación de divulgarlo; igualmente, deberán suministrarlo en cualquier momento a petición del usuario. En todo caso, la existencia del registro no faculta a las empresas para favorecer monopolios, o impedir que las personas calificadas, según las normas, puedan ejercer su profesión u oficio 

De lo anterior se colige que las empresas están facultadas legalmente para llevar un registro de instaladores sin que puedan limitar el número de personas que se pueden registrar o negar el registro si las personas instaladoras cumplen con los requisitos técnicos necesarios para ejercer dicha actividad. 

En consecuencia, la normativa que regula la prestación del servicio público de Gas Natural no establece parámetros para el registro de instaladores en las empresas distribuidoras, sin embargo de las normas citadas se podría deducir que el registro de instaladores tiene las siguientes características: 

 La entidad que lleva a cabo el registro de instaladores es la empresa distribuidora del servicio de gas natural. 
·  No puede ser limitado a un número determinado de instaladores por expresa prohibición legal, garantizando de esta manera la existencia de varios oferentes. 
·  La empresa distribuidora no puede negarse a registrar a un instalador cuando cumple con todas las normas técnicas establecidas por las autoridades competentes. 
    No existen requisitos adicionales, ni término, ni causales de cancelación del registro. 
·   El registro debe ser público. 

5.1 Responsabilidad sobre la Instalación 

Ahora bien, es necesario resaltar que en este caso el deber de responsabilidad recae en cabeza del Distribuidor ya que de acuerdo a la Resolución CREG 108 de 1997, la responsabilidad por la adecuada instalación de la acometida corresponde a la empresa prestadora de gas, y en consecuencia deberá dar cumplimiento a lo establecido en los Códigos de Distribución de Energía Eléctrica y Gas u otras normas que expida la Comisión en lo referente a red interna. 

De otra parte, hay que precisar quede existir conductas que causen o hayan causado perjuicios al Distribuidor por parte de las personas naturales o jurídicas que se dediquen o se empleen para la construcción, ampliación, reforma, revisión de instalaciones para el suministro de gas en edificaciones residenciales y comerciales, este último podrá acudir a la justicia ordinaria o penal de ser el caso, para dirimir los efectos negativos que puedan haberle causado dichas conductas, pero no por ello cancelar el registro, dado que la normativa no se lo permite ni autoriza. 
______________

1Elaborado por María del Carmen Santana Suárez – Asesora Oficina Jurídica.

 

 

 


1.CARLOS ALBERTO ATEHORTÚA RIOS. Régimen jurídico aplicable a las empresas de servicios públicos mixtas en el sector de las telecomunicaciones. Artículo publicado en Actualidad Jurídica Título IV, Superintendencia de Servicios Públicos, 2001.

2.  Diario Oficial. año cxxx. N. 41433. 11, julio, 1994. pag. 1 Observaciones: fe de erratas publicada en el Diario Oficial. año cxxxi. n. 41925. 11, julio, 1995. pag. 1 
3.  En igual sentido COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS. Concepto MMECREG - 1463; 96/08/06 
4.  Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Radicación 1492. 21 de mayo de 2003. Consejera Ponente: Susana Montes de Echeverri. 
5. Sociedad anónima o en comandita por acciones. 
6.   Código de Comercio de Legis. Comentario al artículo 376 sobre capital autorizado, suscrito y pagado. 
7. “Servicios Públicos Domiciliarios. Actualidad Jurídica”, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Tomo I, Pág. 282 
8. Según las voces del artículo 191 del C. de Co. la controversia planteada en la consulta debe tramitarse por la vía de la impugnación en sede jurisdiccional 
9. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Concepto AGN / GAJ 8059 Con Radicación 7576 de 25 de septiembre de 2000. 
10.  SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, Concepto SSPD 20001300000325 de la Oficina Asesora Jurídica. En el mismo sentido oficio SSPD 529022592-1 sin radicación de ofilex y Conceptos SSPD  199613000000022 (con radicación externa 2110 defebreo 8 de 1996) 
11.  PALACIOS MEJÍA, Hugo, El derecho de los servicios públicos, Derecho Vigente S.A., Bogotá 1999, Pág 41 y s.s.   
12. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia No. T-048 del 14 de febrero de 1995. Magistrado ponente: Antonio Barrera Carbonell. 
13. Cfr. VELÁSQUEZ RESTREPO, Gabriel Jaime. Régimen jurídico contractual de los prestadores de servicios públicos domiciliarios en la ley 142 de 1994. Revista jurídica No.1, Empresas Varias de Medellín, mayo de 1995, para quien se trata de un régimen especial en el que confluyen las normas propias de las dos grandes ramas del derecho, cediendo de esta suerte a la tradicional dicotomía. 
14.  La Corte Constitucional declaró inexequible la expresión “inciso primero” contenida en la norma orginal, según Sentencia C 253 de 1996 M.P. Hernando Herrera Vergara, en lo demás encontró la preceptiva ajustada al ordenamiento superior. En igual sentido se pueden consultar la Sentencia  C 318 de 1996 MP Alejandro Martínez Caballero y la Sentencia C 483 de 1996 M.P. Antonio Barrera Carbonell, que se atuvieron a los efectos de cosa juzgada del primer pronunciamiento citado. 
15.  En el mismo sentido ATEHORTÚA RÍOS, Carlos Alberto. Régimen legal de los servicios públicos domiciliarios. Biblioteca Jurídica Diké, primera edición, Bogotá, 1998, p.104. 
16.  Al respecto conviene subrayar que el decreto 3130 de 1968 fue derogado expresamente por el artículo 121 de la ley 489 de 1998, sin embargo la disposición aludida por la Corte fue retomada por el parágrafo primero del artículo 38 de la ley 489. 
17.  Artículo 5. CAMPO DE APLICACION La presente Ley se aplicarán todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público en sus diferentes órdenes y niveles así como en la organización electoral, en los organismos de­ control, en los establecimientos públicos, en las empresas industriales y comerciales del Estado, en las sociedades de economía mixta en las cuales el Estado posea el 90% o más de capital social, en el Banco de la República y en los fondos de origen presupuestal.” 
18.  Expresamente derogada por la Resolución CREG 072 de 2002.