— CONCEPTO UNIFICADO SSPD-OJU-2020-38 (USUARIOS NO REGULADOS DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA)

Fecha de expedición: 2020 / Última actualización del editor: 30 DIC. 2021.

CONCEPTO UNIFICADO SSPD - OJU No. 38 DE 2020

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

USUARIOS NO REGULADOS DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Este concepto tiene como propósito establecer el lineamiento jurídico unificado de esta Superintendencia, relacionado con el régimen aplicable a los usuarios no regulados del servicio público domiciliario de energía eléctrica, de conformidad con lo establecido, principalmente, en las Leyes 142 y 143 de 1994.

1. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LA DEFINICIÓN Y CONDICIÓN DE USUARIO.

1.1. Marco Constitucional.

De conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 365 de la Constitución Política, “(L)os servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado” y “Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional ”.

Dicha inherencia y deber son generales, por lo tanto no distinguen ni discriminan grupos poblacionales. Dado lo anterior, se parte de la base de que todas las personas que habitan el país, sin distinción alguna, tienen derecho a recibir los servicios públicos domiciliarios.

Lo anterior, se confirma con lo señalado en el primer inciso del artículo 366 constitucional: “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado”; disposición que al igual que las anteriores, no distingue a los beneficiarios del bienestar que proporcionan los servicios públicos domiciliarios, por lo que ha de entenderse que estos deben brindarse a usuarios residenciales, comerciales e industriales. Lo anterior, sin perjuicio de los mayores o menores niveles de consumo o de los derechos y deberes diferenciales que tengan, como el de recibir subsidios o aportar contribuciones.

Finalmente, el artículo 369 de la Constitución Política dispone que: “(L)a ley determinará los deberes y derechos de los usuarios, el régimen de su protección y sus formas de participación en la gestión y fiscalización de las empresas estatales que presten el servicio. Igualmente definirá la participación de los municipios o de sus representantes, en las entidades y empresas que les presten servicios públicos domiciliarios”. (Subrayas propias).

En conclusión, a partir de una lectura general del Capítulo V del Título XII de la Constitución Política, puede afirmarse que todas las personas residentes en el territorio nacional tienen el derecho a recibir los servicios públicos domiciliarios y a beneficiarse de su prestación. Así las cosas, todas las personas tendrán la calidad de usuarios o usuarios potenciales, al margen de las consideraciones relativas a su actividad y a su mayor o menor capacidad de pago, factores estos que, sin negar sus derechos, pueden llegar a modular sus deberes.

1.2. Régimen legal.

El Congreso de la República expidió la Ley 142 de 1994[1], la cual contiene el régimen jurídico aplicable a los servicios públicos domiciliarios.

En su artículo 14 la Ley 142 de 1994 define qué debe entenderse por usuario de los servicios públicos domiciliarios, así:

“ARTÍCULO 14. DEFINICIONES. Para interpretar y aplicar esta Ley se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

(...) 14.33. USUARIO. Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un servicio público, bien como propietario del inmueble en donde este se presta, o como receptor directo del servicio. A este último usuario se denomina también consumidor (...)”

El citado numeral precisa que la condición de usuario deviene del beneficio de una persona al recibir un servicio público. Entonces, para efectos de la calificación de una persona como usuario de los servicios públicos domiciliarios, no importa la actividad que esta desarrolle ni la mayor o menor cantidad de servicio suministrado.

En efecto, la definición transcrita no hace distinción alguna o clasifica a los usuarios, pero sí precisa que para ser usuario se necesita un elemento esencial, recibir o beneficiarse de un servicio público domiciliario, sin consideración adicional. Ahora bien, el hecho de recibir o beneficiarse del servicio conlleva la necesidad de que exista entre el usuario y el prestador un contrato de servicios públicos, cuyo clausulado debe sujetarse a lo señalado en la Ley 142 de 1994.

Lo anterior, de conformidad con lo indicado en el artículo 128 de la Ley 142 de 1994, que define el contrato de servicios públicos de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 128. CONTRATO DE SERVICIOS PÚBLICOS. Es un contrato uniforme, consensual, en virtud del cual una empresa de servicios públicos los presta a un usuario a cambio de un precio en dinero, de acuerdo a estipulaciones que han sido definidas por ella para ofrecerlas a muchos usuarios no determinados.

Hacen parte del contrato no solo sus estipulaciones escritas, sino todas las que la empresa aplica de manera uniforme en la prestación del servicio. Existe contrato de servicios públicos aún cuando algunas de las estipulaciones sean objeto de acuerdo especial con uno o algunos usuarios. (...)” (Subrayas fuera del texto).

Conforme lo transcrito, se debe entender el contrato de servicios públicos como un acuerdo de voluntades o consensuado por las partes, en el que se pacta que un usuario recibe la prestación de un servicio a cambio de un precio en dinero que debe pagar al prestador. El clausulado que contiene el negocio jurídico convenido, está definido para muchos usuarios no determinados, sin perjuicio de que las partes puedan pactar estipulaciones especiales en algunos casos.

Hasta este punto, se ha precisado que todo aquel que recibe o se beneficia de un servicio público domiciliario tiene la condición de usuario, sin ninguna distinción adicional; que la relación entre usuario del servicio y prestador del mismo se encuentra atada a un contrato de servicios públicos que contiene (i) cláusulas aplicables a muchos usuarios no determinados, o (ii) especiales pactadas con algunos.

Sin embargo, el artículo 11 de la Ley 143 de 1994 permite inferir la existencia de dos clases de usuarios, en tratándose de la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica.

Por una parte, está el llamado usuario regulado que es la persona natural o jurídica cuyas compras de electricidad están sujetas a las tarifas establecidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG, por la otra, se encuentra el usuario no regulado, que en el sector de energía eléctrica, es la persona natural o jurídica que tiene una demanda máxima superior a 2 megavatios - Mw por instalación legalizada y cuyas compras de electricidad se realizan a precios acordados libremente con el prestador del servicio de energía eléctrica. El artículo 2 de la Resolución CREG 131 de 1998 establece los límites de potencia o energía mensuales necesarios para que un usuario pueda contratar el suministro de energía en el mercado competitivo.

Lo precedente denota que, en el sector del servicio de energía eléctrica, los usuarios están clasificados como regulados y no regulados. Los usuarios no regulados tienen la posibilidad de negociar con el prestador del servicio el precio de la tarifa a cobrar, sin que ello desdibuje la existencia o cambie la naturaleza del contrato de servicios públicos que se define por la prestación del servicio y no por el tipo de usuario que se beneficia de esa relación.

Es de anotar que la distinción que hace la Ley 143 de 1994 entre usuario regulado y no regulado, es irrelevante para definir el régimen aplicable a la relación usuario-prestador, pues la cantidad demandada de energía que consume un usuario no regulado que le permite negociar el precio de la tarifa, es tan sólo un elemento más del contrato de servicios públicos domiciliarios.

Se reitera que las obligaciones contractuales del usuario no regulado están delimitadas por el contrato de servicios públicos, porque: (i) el artículo 128 de la Ley 142 de 1994 dispone que “Existe contrato de servicios públicos aun cuando algunas de las estipulaciones sean objeto de acuerdo especial con uno o algunos usuarios”, y (ii) tal relación contractual fue reiterada por la regulación en el artículo 4 de la Resolución CREG 015 de 1999, que dispone que los precios de la electricidad y el gas negociados de forma libre, deben incluirse “En las ofertas y en los contratos celebrados con Usuarios No-regulados o grandes consumidores, así como en las facturas que se emitan a estos usuarios”.

Con lo precedente, se observa que la diferencia entre un usuario regulado y uno no regulado estriba únicamente en la forma como se fija el precio o tarifa, toda vez que el servicio público como tal está sujeto a la regulación en ambos casos.

En esa misma línea, se indica que esta Superintendencia conserva sus facultades de inspección, vigilancia y control, sobre el cumplimiento de la normativa vigente y la protección de los usuarios no regulados, dado que el objeto contractual, de éstos últimos, es la prestación de un servicio público domiciliario.

Entonces, no existe duda que a los usuarios no regulados les resultan aplicables las disposiciones legales sobre presentación de recursos de reposición y apelación y configuración del silencio administrativo positivo, señaladas en los artículos 154 y 158 de la Ley 142 de 1994. Tales disposiciones, al igual que las señaladas en el artículo 133 ibídem, hacen parte del Capítulo I del Título VIII de la Ley 142 de 1994, cuyas normas de orden público se integran a todo contrato de servicios públicos y no sólo al contrato de condiciones uniformes cuyo clausulado precisa el prestador.

Como resultado de lo expuesto, un usuario no regulado puede radicar peticiones, quejas y recursos frente a su prestador, mismos que una vez resueltos, constituirán verdaderos actos administrativos susceptibles de recursos o de reconocimiento de los efectos del silencio administrativo positivo, en los términos señalados en los artículos 154 y 158 de la Ley 142 de 1994. De igual forma, es acreedor del conjunto de derechos y deberes que establece el régimen jurídico vigente para los usuarios de los servicios públicos domiciliarios.

2. DEL CONTRATO DE SERVICIOS PÚBLICOS - NATURALEZA Y TIPOLOGÍAS DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

Tal como se infiere del anterior acápite, la relación entre un usuario y un prestador de servicios públicos domiciliarios se rige por la Constitución, la ley y por el contrato de servicios públicos, este último se define en cuanto a sus características y naturaleza por el artículo 128 de la Ley 142 de 1994 arriba transcrito.

Esta disposición legal contiene como regla general que el contrato de servicios públicos domiciliarios, si bien es de naturaleza consensual, también es un contrato uniforme, en tanto sus estipulaciones principales son definidas por el prestador para ofrecerlas a muchos usuarios no determinados, sin que estos últimos puedan negociarlas.

De igual forma, debe decirse que el régimen legal aplicable a estos contratos es, en principio, el del derecho privado, de lo que se sigue que los aspectos relativos a la formación, celebración, definiciones conceptuales y ejecución de los mismos, se rigen por las normas civiles y comerciales; salvo en aquellos aspectos regulados por las Leyes 142 y 143 de 1994 y por las reglamentaciones expedidas por las Comisiones de Regulación de Energía y Gas - CREG y de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA.

No obstante, el segundo inciso del artículo 128 de la Ley 142 de 1994, prevé la existencia de contratos parcialmente uniformes con estipulaciones que pueden ser objeto de acuerdo especial con uno o algunos usuarios. Desde esa óptica, tenemos que existen contratos plenamente uniformes con condiciones innegociables y contratos parcialmente uniformes con disposiciones que pueden ser objeto de acuerdos especiales entre prestadores y usuarios.

Lo anterior se confirma con la lectura del inciso primero del artículo 132 de la Ley 142 de 1994 que señala lo siguiente:

“ARTÍCULO 132. RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS PÚBLICOS. El contrato de servicios públicos se regirá por lo dispuesto en esta Ley, por las condiciones especiales que se pacten con los usuarios, por las condiciones uniformes que señalen las empresas de servicios públicos, y por las normas del Código de Comercio y del Código Civil.

Cuando haya conflicto entre las condiciones uniformes y las condiciones especiales, se preferirán éstas. Al definir los efectos fiscales del contrato de servicios públicos, se tendrá en cuenta que, a pesar de tener condiciones uniformes, resulta celebrado con cada usuario en particular.” (Negrillas propias).

De acuerdo con lo resaltado, resulta claro que los contratos de servicios públicos tienen una sola naturaleza, pero pueden ser (i) especiales, si contienen condiciones que han sido pactadas libremente entre las partes o (ii) uniformes, cuando todas sus estipulaciones han sido dictadas por el prestador sin posibilidad para el usuario de discutirlas.

Lo anterior, confirma el hecho de que los contratos con condiciones especiales son verdaderos contratos de servicios públicos y que, por ende, quienes se benefician de las prestaciones que implica su ejecución son verdaderos usuarios. Lo anterior, al margen de las consideraciones especiales que, por su actividad o nivel de consumo, puedan tener desde el contrato y desde la regulación.

3. DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS NO REGULADOS.

3.1. Derechos y deberes del usuario no regulado.

Dado que se ha precisado que el usuario no regulado es un verdadero usuario en los términos de lo dispuesto en el numeral 33 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994, vale señalar que el régimen de derechos que le aplica es el común, establecido en la Ley 142 de 1994 y en la regulación vigente para cualquier clase de usuario.

De esta forma, ha de tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 9 de la Ley 142 de 1994 que, en materia de derechos de los usuarios, dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 9o. DERECHO DE LOS USUARIOS. Los usuarios de los servicios públicos tienen derecho, además de los consagrados en el Estatuto Nacional del Usuario y demás normas que consagren derechos a su favor, siempre que no contradigan esta ley, a:

9.1. Obtener de las empresas la medición de sus consumos reales mediante instrumentos tecnológicos apropiados, dentro de plazos y términos que para los efectos fije la comisión reguladora, con atención a la capacidad técnica y financiera de las empresas o las categorías de los municipios establecida por la ley.

9.2. La libre elección del prestador del servicio y del proveedor de los bienes necesarios para su obtención o utilización.

9.3. Obtener los bienes y servicios ofrecidos en calidad o cantidad superior a las proporcionadas de manera masiva, siempre que ello no perjudique a terceros y que el usuario asuma los costos correspondientes.

9.4. Solicitar y obtener información completa, precisa y oportuna, sobre todas las actividades y operaciones directas o indirectas que se realicen para la prestación de los servicios públicos, siempre y cuando no se trate de información calificada como secreta o reservada por la ley y se cumplan los requisitos y condiciones que señale la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. ”

Dichos derechos, establecidos de forma general por la Ley 142 de 1994, devienen del cumplimiento de la Constitución Política, que al crear un nuevo régimen para los servicios públicos domiciliarios, señaló como uno de los principales objetivos de este, el de establecer el régimen jurídico de protección al usuario, quien deja de ser un simple destinatario o receptor del servicio, para convertirse en un titular de importantes derechos y prerrogativas, sin perjuicio de los deberes conexos correspondientes.

Dichas prerrogativas, inicialmente contenidas en el artículo 9 citado, se complementan con diversas disposiciones de la Ley 142 de 1994, que pueden resumirse así:

a. Los usuarios tienen derecho a un servicio continuo y de buena calidad;

b. Los usuarios tienen derecho a participar en la gestión y control de los prestadores de servicios públicos domiciliarios;

c. Los usuarios tienen derecho a un tratamiento tarifario igual respecto del que reciba cualquier otro consumidor con características de costos iguales para el prestador;

d. Los usuarios tienen derecho a recibir oportunamente la factura, en los términos de lo que se haya indicado en el respectivo contrato de servicios públicos;

e. Los usuarios tienen derecho a una correcta estratificación o clasificación, y a una aplicación ajustada al ordenamiento jurídico vigente, del régimen de subsidios y contribuciones;

f. Los usuarios tienen derecho a que los prestadores cumplan con las obligaciones legales y regulatorias, y con aquellas que se deriven del contrato de prestación de servicios con condiciones uniformes o condiciones especiales;

g. Los usuarios tienen derecho a presentar peticiones, quejas, reclamos y recursos, y que estas sean atendidas en el término de quince (15) días, a partir de su fecha de radicación;

h. Los usuarios tienen derecho a elegir el prestador del servicio cuando en la misma zona existan dos o más que presten un mismo servicio.

En cuanto a sus deberes, los usuarios de servicios públicos domiciliarios sean estos regulados o no, tienen, entre otros, los siguientes:

a. Dar al servicio únicamente el uso convenido con el prestador (residencial, comercial o industrial);

b. Usar racionalmente los servicios contratados;

c. Velar por el adecuado estado del medidor y de las conexiones y, en general, evitar cualquier acción que entorpezca su buen funcionamiento, lectura y revisiones;

d. Pagar oportunamente los servicios prestados, en la forma y oportunidad que haya sido señalada en el contrato de servicios públicos.

Los derechos y deberes previamente resumidos, en materia de prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible por red física, han sido desarrollados con amplitud en la Resolución CREG 108 de 1997 “Por la cual se señalan criterios generales sobre protección de los derechos de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible por red física, en relación con la facturación, comercialización y demás asuntos relativos a la relación entre la empresa y el usuario, y se dictan otras disposiciones”.

De la mencionada Resolución, conviene señalar su artículo 3, que dispone lo siguiente:

“Artículo 3o. Criterios Generales. Las relaciones que surgen del contrato de servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y de distribución de gas combustible por red de ductos, se desarrollarán dentro de los principios consagrados en las Leyes 142 y 143 de 1994, y el Decreto 1842 de 1991, siempre que no contradigan tales leyes, con sujeción a los siguientes criterios generales sobre protección de los derechos de los suscriptores o usuarios de los servicios:

1. ) De los Derechos y Garantías Mínimas. Los derechos y garantías consagrados en las leyes 142 y 143 de 1994, en el Decreto 1842 de 1991, en las normas de carácter general expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, y demás autoridades competentes, así como en las normas que las complementen, adicionen, modifiquen o sustituyan, que consagren derechos en favor de los usuarios, constituyen el mínimo de derechos y garantías de los usuarios y no podrán ser vulnerados ni desconocidos por las empresas en la ejecución del contrato de servicios públicos.

2. ) De acceso al servicio. Quienes de conformidad con las disposiciones legales puedan celebrar el contrato de servicios públicos, y se sujeten a las condiciones técnicas exigibles para la conexión a cada uno de estos, tendrán derecho a recibir tales servicios, sin perjuicio de que la empresa pueda acordar estipulaciones especiales con uno o algunos usuarios.

3. ) De libre elección del prestador del servicio. Todo usuario tiene derecho a escoger el prestador del servicio dentro de las alternativas existentes, según sus necesidades y requerimientos de suministro, al igual que al proveedor de los bienes o servicios que no tengan relación directa con el objeto del contrato.

4. ) De calidad y seguridad del servicio. Las personas prestadoras de los servicios públicos de energía eléctrica y de gas combustible por red de ductos, deben suministrar los respectivos servicios con calidad y seguridad, conforme a las condiciones técnicas y términos definidos en el contrato. Esos términos y condiciones deben ser conocidos por los suscriptores y usuarios, y no podrán ser inferiores a los determinados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

5. ) De racionalidad. Los prestadores de los servicios públicos de energía eléctrica y de gas combustible por red de ductos, velarán porque los servicios se utilicen de manera racional, con estricta sujeción a las condiciones técnicas y de uso definidas para cada uno de ellos, e igualmente desarrollarán programas educativos tendientes a crear una cultura del uso razonable del servicio.

6. ) De neutralidad. Las empresas deberán dar un tratamiento igual a sus suscriptores o usuarios, sin discriminaciones diferentes a las derivadas de las condiciones y características técnicas de la prestación de cada uno de los servicios a que se refiere esta resolución.

7. ) De buena fe: Tanto las empresas como los suscriptores o usuarios deben actuar en la ejecución del contrato de servicios públicos con lealtad, rectitud y honestidad.

8. ) De obligatoriedad del contrato. El contrato de servicios públicos es Ley para las partes. Las empresas están obligadas no sólo a las disposiciones expresamente pactadas, sino también a las que emanan de la naturaleza del contrato, a las que de manera uniforme se apliquen a la prestación del respectivo servicio y a las que surjan de los reglamentos expedidos por los organismos competentes.

9. ) De no abuso de posición dominante: Según los artículos 11, 34 y 133 de la ley 142 de 1994, las empresas deberán abstenerse de abusar de su posición dominante, cuando tengan esa posición.

10. ) De no abuso del derecho. Los derechos originados en razón del contrato de servicios públicos, no podrán ser ejercidos con la intención de causar daño a la otra parte contratante ni con un fin distinto al señalado por las normas.

11. ) De información y transparencia. Los suscriptores o usuarios podrán solicitar y obtener información completa, precisa y oportuna, sobre todas las actividades y operaciones directas e indirectas que se realicen para la prestación de los servicios públicos, siempre y cuando no se trate de información calificada como secreta o reservada por la ley y se cumplan los requisitos y condiciones establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 14, artículo 9o de la ley 142 de 1994.

Tendrán derecho, igualmente, a conocer los planes de expansión de los sistemas de distribución domiciliaria del servicio público, así como presentar las solicitudes de información a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, relacionadas con las tarifas.

12. ) De queja y reclamo. Las empresas de servicios públicos deberán atender, tramitar y solucionar, en forma oportuna, las quejas, peticiones y recursos que sean presentados por los suscriptores o usuarios.

13. ) De facturación oportuna. Los suscriptores o usuarios tienen derecho a conocer oportunamente los valores que deban pagar en razón del suministro y los demás servicios inherentes que les sean prestados. Para estos efectos, en los contratos de servicios públicos se estipulará la forma como se entregarán las facturas, con las debidas seguridades en su remisión. Las partes podrán acordar que el envío de la factura se efectúe por medios electrónicos.

14. ) De obligatoriedad del pago. Los suscriptores o usuarios pagarán, en los términos definidos por la ley y el contrato, las facturas de servicios públicos que les presenten las empresas por la prestación del servicio.

15. ) De participación. Los suscriptores o usuarios podrán participar en la gestión y fiscalización de las empresas, en los términos previstos en la Ley 142 de 1994 y las normas que la desarrollen.

16. ) De agilidad y economía en los trámites. Las empresas deberán abstenerse de imponer a los suscriptores o usuarios trámites que, de acuerdo con las normas vigentes, estén prohibidos o que según la naturaleza de la solicitud sean innecesarios, o de exigirles documentos o requisitos que puedan verificar en sus archivos.

17. ) De Responsabilidad. Las partes en el contrato de servicios públicos responderán por los daños e indemnizarán los perjuicios causados, de acuerdo con la ley.”

3.2. Defensa del usuario no regulado en sede del prestador y de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Según el análisis previamente realizado, se tiene que las disposiciones contenidas en la Ley 142 de 1994 aplican de forma plena para los usuarios no regulados, razón por la cual las decisiones empresariales que emitan los prestadores del servicio de energía eléctrica relacionadas con actos de negativa del contrato, suspensión, terminación, corte y facturación, son actos administrativos y por lo tanto son susceptibles de la interposición de los recursos de reposición ante el prestador y de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Así lo indican los artículos 154 a 158 ibídem que a continuación se citan:

“ARTÍCULO 154. DE LOS RECURSOS. El recurso es un acto del suscriptor o usuario para obligar a la empresa a revisar ciertas decisiones que afectan la prestación del servicio o la ejecución del contrato. Contra los actos de negativa del contrato, suspensión, terminación, corte y facturación que realice la empresa proceden el recurso de reposición, y el de apelación en los casos en que expresamente lo consagre la ley.

No son procedentes los recursos contra los actos de suspensión, terminación y corte, si con ellos se pretende discutir un acto de facturación que no fue objeto de recurso oportuno.

El recurso de reposición contra los actos que resuelvan las reclamaciones por facturación debe interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de conocimiento de la decisión. En ningún caso, proceden reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las empresas de servicios públicos.

De los recursos de reposición y apelación contra los demás actos de la empresa que enumera el inciso primero de este artículo debe hacerse uso dentro de los cinco días siguientes a aquel en que la empresa ponga el acto en conocimiento del suscriptor o usuario, en la forma prevista en las condiciones uniformes del contrato.

Estos recursos no requieren presentación personal ni intervención de abogado aunque se emplee un mandatario. Las empresas deberán disponer de formularios para facilitar la presentación de los recursos a los suscriptores o usuarios que deseen emplearlos. La apelación se presentará ante la superintendencia.

ARTÍCULO 155. DEL PAGO Y DE LOS RECURSOS. Ninguna empresa de servicios públicos podrá exigir la cancelación de la factura como requisito para atender un recurso relacionado con ésta. Salvo en los casos de suspensión en interés del servicio, o cuando esta pueda hacerse sin que sea falla del servicio, tampoco podrá suspender, terminar o cortar el servicio, hasta tanto haya notificado al suscriptor o usuario la decisión sobre los recursos procedentes que hubiesen sido interpuestos en forma oportuna.

Sin embargo, para recurrir el suscriptor o usuario deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de recurso, o del promedio del consumo de los últimos cinco períodos.

ARTÍCULO 156. DE LAS CAUSALES Y TRÁMITE DE LOS RECURSOS. Los recursos pueden interponerse por violación de la ley o de las condiciones uniformes del contrato. En las condiciones uniformes de los contratos se indicará el trámite que debe darse a los recursos, y los funcionarios que deben resolverlos.

ARTÍCULO 157. DE LA ASESORÍA AL SUSCRIPTOR O USUARIO EN EL RECURSO. Las personerías municipales deberán asesorar a los suscriptores o usuarios que deseen presentar recursos, cuando lo soliciten personalmente.

ARTÍCULO 158. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA FIGURA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 185 <sic, se refiere al 158> DE LA LEY 142 DE 1994. De conformidad con lo establecido en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, toda entidad o persona vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos, prestadora de los servicios públicos domiciliarios de que trata la citada ley, tiene la obligación de resolver las peticiones, quejas y recursos que presenten los suscriptores o usuarios en desarrollo de la ejecución del contrato de servicios públicos, dentro del término de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación.

Pasado ese término, salvo que se demuestre que el suscriptor o usuario auspició la demora o que se requirió la práctica de pruebas se entenderá que la petición, queja o recurso ha sido resuelto en forma favorable. Dentro de las 72 horas siguientes al vencimiento del término de los 15 días hábiles, la entidad prestadora del servicio público domiciliario reconocerá al suscriptor o usuario los efectos del silencio administrativo positivo. Si no lo hiciere, el peticionario podrá solicitar de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la imposición de las sanciones a que haya lugar conforme a la, ley, sin perjuicio de que ella adopte las decisiones que resulten pertinentes para hacer efectiva la ejecutoriedad del acto administrativo presunto.

PARÁGRAFO. Para los efectos del presente capítulo, se entiende que la expresión genérica de “petición, comprende las peticiones en interés particular, así como las quejas y los recursos que presente un suscriptor o usuario.”

Conforme al último de los artículos citados, en el evento en que no se atienda oportunamente una petición de un usuario no regulado, relacionada con los actos a que hace referencia el artículo 154, igualmente transcrito, se configurará el silencio administrativo positivo a favor del usuario.

Lo anterior, porque el servicio público domiciliario de energía eléctrica no pierde tal calidad por el hecho de que quien lo reciba sea un usuario no regulado pues, en cualquier caso, prevalece el objeto del bien suministrado en el contrato de servicios públicos y no quien este en el otro lado de la relación contractual.

3.3. Deber especial del usuario no regulado - Pago de la contribución de solidaridad.

Como se ha señalado, un usuario no regulado es una persona natural o jurídica que cumple con unos requerimientos de demanda o potencia máxima que le permite realizar sus compras de electricidad a precios acordados libremente. Un usuario con tales requerimientos de demanda o potencia, en principio, no se encuentra clasificado como usuario residencial, razón por la cual el mismo debe ubicarse en la clasificación de usuario no residencial.

 

- Componentes de transmisión, distribución y los otros costos.

En cuanto a las actividades de transmisión y distribución, que por esencia son monopólicas, se tiene que estas no pueden incidir en la libre competencia en la comercialización de electricidad para usuarios no regulados, lo que quiere decir que tales actividades deben ser neutras para efectos de la competencia en esta última actividad. Por tanto, la remuneración de los componentes de distribución y transmisión no pueden ser un elemento válido para introducir competencia en la comercialización a los usuarios no regulados. Lo anterior, toda vez que:

1. Las Leyes 142 y 143 de 1994 establecieron un único Sistema Interconectado Nacional, del cual hacen parte todos los generadores, transmisores, distribuidores, comercializadores y usuarios, interconectados, lo que excluye la posibilidad de que los comercializadores gestionen los costos de las actividades de transporte o de distribución de electricidad, en tanto no es posible para el comercializador elegir a un transportador o distribuidor con costos menores o negociar sus tarifas.

2. Las citadas leyes garantizan el acceso a las redes del Sistema Interconectado Nacional e imponen a quienes las accedan el pago de los respectivos cargos que establezca la CREG, los cuales son de tipo estampilla, lo que impide su libre negociación.

3. La Comisión de Regulación de Energía y Gas ha establecido cargos regulados para la remuneración de las actividades de transmisión y distribución, que aplican a los usuarios independientemente del comercializador que los atienda. En el caso de la transmisión, el cargo por uso del Sistema de Transmisión Nacional es igual para cualquier usuario, sin consideración al lugar del país donde se encuentre conectado. En el caso de los Sistemas de Transmisión Regional - STR y de Distribución Local - SDL, se deben pagar los mismos cargos por uso del STR y del SDL, correspondientes al nivel de tensión del Sistema al que se encuentra conectado el usuario. En el caso de los cargos máximos de distribución, es el Operador de Red quien puede decidir si aplica un cargo inferior al aprobado cuando existan razones que lo justifiquen; en todo caso, ese cargo debe ser único para todos los usuarios del mismo nivel.

Es por tales razones que, tal como lo indicó la CREG en Concepto 122 de 2006 “los transmisores y distribuidores no pueden cobrar por estas actividades un cargo superior al establecido por la CREG y el comercializador no puede cobrar al usuario más de lo que le facturan por concepto de cargos de transmisión y de distribución. Tampoco puede el comercializador cobrar menos de lo que le facturan por este concepto, dadas las restricciones impuestas por la ley, que venimos señalando. Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de los cargos monomios horarios de acuerdo con lo establecido en la regulación vigente. Consideramos que en tanto los costos de transmisión y de distribución en que se incurre por la prestación del servicio son neutros para los comercializadores, se deben incluir como un passtrough en la oferta y en el precio que se pacte con el usuario no regulado.”

En relación con los “Otros Costos”, que incluyen los cargos al Centro Nacional de Despacho - CND, Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales - ASIC, y Liquidador y Administrador de Cuentas - LAC; las contribuciones a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la CREG; y las restricciones, cuyo pago impone la ley y la regulación a los comercializadores independientemente del tipo de usuario que atienda, estos también deben incluirse en la oferta y en el precio de suministro de energía al usuario no regulado.

4.3. Cambio de mercado: del regulado al competitivo.

En relación con la posibilidad de que un usuario regulado pase al mercado competitivo o viceversa, los artículos 1 a 5 de la Resolución CREG 183 de 2009, disponen lo siguiente:

“ARTÍCULO 1o. REGLAS RELATIVAS AL CAMBIO ENTRE EL MERCADO NO REGULADO Y EL MERCADO REGULADO: El usuario no regulado que cumpliendo con los requisitos mínimos para ostentar dicha condición decida pasar al mercado regulado debe mantenerse en este mercado y ser atendido como usuario regulado por un período mínimo de tres (3) años.

Durante este período el usuario podrá cambiar de comercializador conforme a lo establecido en la regulación vigente.

Sin perjuicio de lo anterior, los contratos de prestación del servicio a término fijo que se celebren con usuarios regulados se regirán por el plazo que en ellos se establezca. ARTÍCULO 2o. MODIFICACIÓN DEL NUMERAL 1 DEL ANEXO NÚMERO 1 DE LA RESOLUCIÓN CREG 131 DE 1998: Modifíquese el numeral 1 del Anexo número 1 de la Resolución CREG 131 de 1998 “Elegibilidad para Comercialización en el Mercado Competitivo”, el cual quedará así:

“1. Para el suministro de energía eléctrica, los comercializadores tratarán como usuarios no regulados a aquellos cuya demanda de energía, de potencia o ambas, medida en un solo sitio individual de entrega, cumpla con el límite establecido en cada período según el artículo 2o de la presente resolución. En cualquier momento que el usuario regulado cumpla con estos requisitos, podrá pasar al mercado no regulado incluso si implica cambio de comercializador sin que para ello deba cumplir el período mínimo de permanencia que se establece en la Resolución CREG 108 de 1997. No obstante, un usuario que cumpla con estas características mantendrá su condición de usuario regulado mientras en forma expresa no indique lo contrario, y cumpla con los requisitos de medición establecidos en el artículo 3o de la presente resolución.

Se exceptúan de esta forma de cálculo, los usuarios operadores de las Zonas Francas para los cuales seguirá vigente la Resolución CREG-046 de 1996. Igualmente, se exceptúan los usuarios que estaban siendo atendidos por generadores privados bajo condiciones de precios no regulados al momento de entrar en vigencia la Resolución CREG-054 de 1994, quienes podrán contratar su energía en el mercado competitivo sin sujeción a los límites de consumo mensual aquí establecidos.”

ARTÍCULO 3o. MODIFICACIÓN DEL LITERAL A) DEL NUMERAL 2 DEL ANEXO NÚMERO 1, DE LA RESOLUCIÓN CREG 131 DE 1998. Modifíquese el literal a) del numeral 2 del Anexo número 1 de la Resolución CREG 131 de 1998 “Elegibilidad para Comercialización en el Mercado Competitivo ”, el cual quedará así:

“a) Para instalaciones existentes, la demanda de potencia o de energía se calculará como el promedio de las facturaciones mensuales, bajo condiciones normales de operación, medida en el sitio individual de entrega durante los últimos 6 meses anteriores a la fecha en que se verifica la condición. Para estos efectos no se podrán agregar demandas o consumos de las distintas instalaciones legalizadas ya sea que estas pertenezcan a un único usuario o a varios de ellos”

ARTÍCULO 4o. MODIFICACIÓN DEL NUMERAL 5 DEL ANEXO NÚMERO 1 DE LA RESOLUCIÓN CREG 131 DE 1998. Modifíquese el numeral 5 del Anexo número 1 de la Resolución CREG 131 de 1998 “Elegibilidad para Comercialización en el Mercado Competitivo”, el cual quedará así:

“5. Si durante la vigencia de un contrato la demanda promedio de un usuario atendido por un comercializador como parte del mercado competitivo se reduce en forma tal que resulta inferior al límite establecido, dicho usuario podrá seguir siendo atendido como usuario no regulado y continuar contratando su energía en el mercado competitivo, sin sujeción a los límites de consumo mensual aquí establecidos”.

ARTÍCULO 5o. PLAZO MÍNIMO DE CONTRATOS CELEBRADOS CON USUARIOS NO REGULADOS. Los contratos que celebren los comercializadores con usuarios no regulados no podrán tener un plazo inferior a un año.

Sin perjuicio de lo anterior, los contratos de prestación del servicio a término fijo que se celebren con usuarios no regulados con un plazo superior a un año se regirán por el plazo que en ellos se establezca.”

De acuerdo con las citadas normas, en cualquier momento en el que un usuario regulado cumpla las condiciones para pasar al mercado competitivo, este podrá solicitar tal cambio, y deberá mantener la nueva condición por el termino mínimo del contrato de servicios públicos que celebre.

Por el contrario, si un usuario no regulado quiere pasar al mercado regulado, lo deberá hacer bajo la consideración de que, hecho el cambio, deberá mantener su nueva condición por un período mínimo de tres (3) años.

REFERENCIAS NORMATIVAS APLICABLES

Constitución Política

Ley 142 de 1994

Ley 143 de 1994

Resolución CREG 108 de 1997

Resolución CREG 131 de 1998

Resolución CREG 015 de 1999

Resolución CREG 183 de 2009

Concepto CREG 122 de 2006

ANA KARINA MÉNDEZ FERNÁNDEZ

Jefe Oficina Asesora Jurídica Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

 

<NOTAS DE PIE DE PÁGINA>.

1. Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.

2. Artículo 1o. Usuarios Industriales beneficiarios del tratamiento tributario consagrado en el parágrafo 2o del artículo 211 del Estatuto Tributario. Tienen derecho al tratamiento tributario consagrado en el parágrafo 2o del artículo 211 del Estatuto Tributario, los usuarios industriales de energía eléctrica cuya actividad económica principal se encuentre registrada en el Registro Único Tributario (RUT), en los Códigos 011 a 360, 581 y 411 a 439 de la Resolución 000139 de 2012, expedida por la UAE - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Parágrafo. El tratamiento tributario previsto en el presente decreto comenzó a regir a partir del año 2012 y solo aplica respecto de la actividad económica principal que realice el usuario industrial. Si esta se ejecuta en varios inmuebles, tal tratamiento se aplicará en todos aquellos en los que se realice dicha actividad.

3. Artículo 1o. Usuarios industriales beneficiarios de la exención prevista en el artículo 102 de la Ley 1450 de 2011. Tienen derecho a la exención de la contribución especial de que trata el numeral 89.5 del artículo 89 de la Ley 142 de 1994, los usuarios industriales de gas natural domiciliario cuya actividad económica principal se encuentre registrada en el Registro Único Tributario (RUT), en los Códigos 011 a 360 y 411 a 439 de la Resolución 000139 de 2012, expedida por la UAE - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Parágrafo. El tratamiento tributario previsto en el presente decreto comenzó a regir a partir del año 2012 y sólo aplica respecto de la actividad económica principal que realice el usuario industrial. Si esta se ejecuta en varios inmuebles, tal tratamiento se aplicará en todos aquellos en los que se realice dicha actividad.