— CONCEPTO UNIFICADO SSPD-OJU-2013-28 (APLICACIÓN POR PARTE DE LAS ESPD - DECRETO LEY 19 DE 2012 Y EL DECRETO LEY 2150 DE 1.995)

Fecha de expedición: 2013 / Última actualización del editor: 30 DIC. 2021.

CONCEPTO UNIFICADO SSPD - OJU No. 28 DE 2013

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

APLICACIÓN POR PARTE DE LAS ESPD DE LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO – LEY 19 DE 2012 Y EL DECRETO – LEY 2150 DE 1.995

Este concepto tiene como propósito actualizar y señalar el criterio jurídico unificado de ésta Superintendencia en lo concerniente a la aplicación por parte de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios de lo establecido en el Decreto – Ley 19 de 2012(1) y el Decreto – Ley 2150 de 1.995(2), por medio de los cuales el Presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le fueron concedidas en su momento por el Congreso de la República, suprimió, modificó o reformó algunas regulaciones, procedimientos y/o trámites existentes ante la Administración Pública.

1. CONSIDERACIONES PREVIAS EN TORNO A LA APLICACIÓN DE LOS DECRETOS LEY 019 DE 2012 Y 2150 DE 1995 EN EL CAMPO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

Tal y como lo reafirma el artículo 1 del Decreto – Ley 019 de 2012, los trámites, procedimientos y las regulaciones administrativas tienen por finalidad proteger y garantizar la efectividad de los derechos de las personas naturales y jurídicas ante las autoridades y facilitar las relaciones de los particulares con estas como usuarias o destinatarias de sus servicios de conformidad con los principios y reglas previstos en la Constitución Política y en la ley.

Como es natural, el cumplimiento de dicho objetivo se encuentra condicionado al marco constitucional y legal vigente.

Bajo el anterior contexto, especial atención debe prestarse a los mandatos contenidos en Capítulo IV de la Carta Política, en materia de protección y aplicación de los derechos.

En particular, cabe resaltar lo previsto en el artículo 84 de la Constitución Política, el cual establece:

“ARTICULO 84. Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio”.

Este aspecto cobra especial relevancia en materia de servicios públicos domiciliarios, toda vez que el artículo 186 de la Ley 142 de 1994, con fundamento en la citada norma constitucional, prevé:

“ARTICULO 186. Concordancias y Derogatorias. Para efectos del artículo 84 de la Constitución Política, esta Ley reglamenta de manera general las actividades relacionadas con los servicios públicos definidos en esta Ley, deroga todas las leyes que le sean contrarias; y prevalecerá y servirá para completar e interpretar las leyes especiales que se dicten para algunos de los servicios públicos a los que ella se refiere. En caso de conflicto con otras leyes sobre tales servicios, se preferirá ésta, y para efectos de excepciones o derogaciones, no se entenderá que ella resulta contrariada por normas posteriores sobre la materia, sino cuando estas identifiquen de modo preciso la norma de ésta Ley objeto de excepción, modificación o derogatoria (…).”

Teniendo en cuenta el anterior marco normativo, resulta necesario determinar sí aquellos artículos del Capítulo I del Título I del Decreto Ley 19 de 2.012, en cuanto se refieren de manera general a los trámites, procedimientos y regulaciones aplicables al ejercicio de funciones administrativas, sin que traten específicamente aspectos relacionados con los servicios públicos domiciliarios, les son aplicables a las empresas prestadoras de servicios públicos cuando ejercen funciones administrativas.

Al respecto, cabe señalar a propósito de la aplicación del artículo 186 de la Ley 142 de 1994, lo señalado por el Consejo de Estado en sentencia del 18 de Agosto de 2.011, expediente número 25000232400020020091101, Honorable Magistrada Ponente: Doctora María Claudia Rojas, en los siguientes términos:

“Esta norma es clara al señalar que la Ley 142 de 1.994 prevalece y sirve para complementar e interpretar leyes especiales que se dictan para algunos de los servicios públicos a los que ella se refiere. Pero agrega que, en caso de conflicto con otras leyes sobre tales servicios a los que ella se refiere' se preferirá esta.

Es innegable que la Ley 489 de 1.998 no se refiere a servicios públicos, como quedó visto, puesto que mediante ella se dictan normas sobre organización y funcionamiento de entidades del orden nacional, aunque sus disposiciones cobijan también a quienes están encargados de la prestación de servicios públicos. En este sentido no existiría en estricto sentido un conflicto con la ley 142 de 1.994, puesto que se trata de una ley que se refiere a servicios públicos y otra a materias diferentes a ésta.

Esta Sección, en sentencia de 13 de marzo de 2003, expediente 2001-0178-01, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, se había pronunciado sobre un asunto similar, en el siguiente sentido: “del texto del referido artículo 186 se colige que su previsión se dirige a la consagración de normas atañederas únicamente de un servicio público en sí. De ahí que se haga mención del artículo 84 de la Carta Política frente a las actividades relacionadas con los servicios públicos definidos en la ley; y no en relación con otros aspectos”. (Negrilla original del texto).

Aplicando los anteriores pronunciamientos jurisprudenciales al caso concreto, debe concluirse que lo dispuesto en el artículo 186 de la Ley 142 de 1994 en modo alguno puede servir de sustento para la inaplicabilidad de las disposiciones del Capítulo I del Título I del Decreto - Ley 19 de 2.012 cuando las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios ejercen funciones administrativas, por el contrario, estas disposiciones son de obligatoria observancia, aún en el evento en el que entre estas y las contenidas en el Estatuto de Servicios Públicos Domiciliarios se presenten diferencias normativas.

A esta conclusión se llega con base no sólo en lo mencionado anteriormente, sino también con fundamento en lo dispuesto en los artículos 365 de la Constitución Política, el artículo 2 del Decreto - Ley 19 de 2012 y los pronunciamientos jurisprudenciales que han abordado el ejercicio de funciones administrativas por parte de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, tal y como pasa a explicarse.

2. EL AMBITO DE APLICACIÓN DEL DECRETO – LEY 19 DE 2.012 – EJERCICIO DE FUNCIONES PUBLICAS POR PARTE DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS.

En lo que respecta al ámbito de aplicación del Decreto Ley 19 de 2012, cabe señalar, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del mismo, este es aplicable a todos los organismos y entidades de la Administración Pública que ejercen funciones de carácter administrativo, en los términos del artículo 39 de la Ley 489 de 1998 y a los particulares cuando cumplen funciones administrativas.

Al respecto, conviene resaltar que el Consejo de Estado ha reconocido el ejercicio excepcional de funciones administrativas en la prestación de los servicios públicos domiciliarios al observar que:

“En todo caso, la regla sentada -esto es que función pública y servicio público dejaron de ser asimilables- admite excepciones en todas aquellas hipótesis en que la ley 142 de 1994 revistió al prestador del servicio de prerrogativas propias de las autoridades públicas, es el caso del artículo 31 que permite la inclusión de cláusulas exorbitantes en ciertos contratos de los prestadores 43; de los artículos 33, 56, 57, 116 a 120 que otorgan unas facultades especiales a los prestadores para la ocupación temporal de inmuebles, imposición de servidumbres o la enajenación forzosa de bienes que dan lugar a la expedición de actos controlables por la jurisdicción en lo contencioso administrativo; del Capítulo VII del Título VIII (arts. 152 a 159) que regula el proceso administrativo especial de defensa del usuario en sede de la empresa, el cual debe interpretarse en consonancia con el C.C.A.44 (derecho de petición, quejas y recursos y silencio administrativo positivo) y de los artículos 140 y 141 atinentes a la terminación, suspensión y corte del servicio (…)"(3).

Como puede observarse, en la prestación de los servicios públicos, los particulares pueden excepcionalmente ostentar prerrogativas de autoridad pública, es decir, desarrollar funciones administrativas.

Por su parte, la Corte Constitucional ha admitido que hay ámbitos especiales de la prestación del servicio que suponen el ejercicio excepcional de funciones administrativas por parte de los operadores y el uso de potestades inherentes al Estado que naturalmente deben estar respaldadas en una habilitación expresa de la ley.

En la sentencia C-037 de 2003, dicha Corporación consideró que las facultades especiales que le confiere el artículo 33 de la Ley 142 en materia de uso del espacio público, ocupación temporal de inmuebles, constitución de servidumbres o enajenación forzosa de los bienes que se requiera para la prestación del servicio, constituyen un ejercicio excepcional de funciones administrativas:

“(…) Solamente en el caso en que dicha prestación haga necesario el ejercicio de determinadas potestades inherentes al Estado, que hayan sido atribuidas de manera expresa por el legislador al particular encargado de la misma, habrá lugar a la aplicación en su caso de dicho régimen y ello exclusivamente en relación con el ejercicio de dichas potestades.

Del mismo modo, la Corte Constitucional ha indicado que la relación empresa-usuario parcialmente se gobierna bajo el derecho administrativo, como es el caso de la denominada “defensa de los usuarios en sede de la empresa” por la vía del ejercicio del derecho de petición y recursos (arts. 152 a 159 de la Ley 142 de 1994), al señalar que “… las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios cumplen funciones administrativas al tenor de la vía gubernativa que asumen, esto es, en cuanto conocen y deciden sobre las peticiones, quejas, reclamos y recursos presentados por los suscriptores o usuarios...”(4)

En complemento de lo anterior, debe tenerse en cuenta que, si bien es cierto, la prestación del servicio es una actividad económica, también lo es, que respecto de ciertos actos, por ejemplo, cuando se conocen y deciden peticiones, quejas y reclamos o cuando se deciden los recursos presentados por los suscriptores o usuarios, las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios están revestidas de potestades y prerrogativas propias de una autoridad pública, lo que conlleva, en esos casos, el ejercicio de funciones administrativas.

A propósito de lo anterior, la Corte Constitucional, en la sentencia C – 558 del 31 de Mayo de 2.001, Magistrado Ponente: Dr. Jaime Araujo Rentería, señaló:

“… En efecto, obsérvese cómo a pesar de que el inciso segundo del artículo 152 de la ley de servicios destaca una hermenéutica protectora de la costumbre comercial frente a las normas sobre presentación, trámite y decisión de recursos; por mandato de los artículos 154 a 159 ibídem el procedimiento para conocer y decidir en cuanto a las peticiones, quejas, reclamos y recursos es de linaje público. Lo que a todas luces es indicativo de que las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios cumplen funciones administrativas al tenor de la vía gubernativa que asumen, esto es, en cuanto conocen y deciden sobre las peticiones, quejas, reclamos y recursos presentados por los suscriptores o usuarios”.

En complemento de lo anterior, cabe destacar lo señalado por Oficina Jurídica de la Superintendencia de Servicios Públicos en el Concepto SSPD-OAJ-2006-061, en cuanto:

(…) dichas potestades no solamente recaen sobre las empresas públicas prestadoras de los servicios ya referidos. En otras palabras, aquellas empresas privadas que presten servicios públicos domiciliarios a nombre del Estado gozan de igual manera de la gama de prerrogativas y potestades que se circunscribe a las empresas prestadoras de Servicios públicos domiciliarios”.

Es así que en términos generales existe un amplio inventario de hipótesis normativas que también prevén la función administrativa en cabeza de las mencionadas empresas, según lo da a entender el artículo 33 de la ley de servicios, que en torno a los prestadores de servicios públicos domiciliarios, así:

"Quienes presten servicios públicos tienen los mismos derechos y prerrogativas que esta ley u otras anteriores, confieren para el uso del espacio público, para la ocupación temporal de inmuebles, y para promover la constitución de servidumbres o la enajenación forzosa de los bienes que se requiera para la prestación del servicio; pero estarán sujetos al control de la jurisdicción en lo contencioso administrativo sobre la legalidad de sus actos, y a responsabilidad por acción u omisión en el uso de tales derechos".

En ese orden de ideas, las empresas de servicios públicos en las actuaciones de esa índole deben observar los principios consagrados en la Constitución Política, en especial lo dispuesto en su artículo 209, según el cual la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad(5).

Adicionalmente, deben aplicar, en lo pertinente, las normas de la primera (1ª) parte de la Ley 1437 de 2011 –Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, especialmente lo previsto en su artículo tercero (3º), que desarrolla los principios que deben ser observados dentro de todas las actuaciones y procedimientos administrativos, tales como, debido proceso, igualdad, imparcialidad, de buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.

Por otra parte, todas sus actuaciones administrativas deberán ceñirse a los postulados de la ética y cumplirse con absoluta transparencia en interés común, En tal virtud, como es apenas natural, todos los prestadores están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones que lleven a cabo(6).

Igualmente, todos los prestadores de servicios públicos tienen a su cargo el impulso oficioso de los procesos administrativos, debiendo suministrar formularios que agilicen las actuaciones en serie, ello cuando la naturaleza de la actuación lo permita.

Además, debe tenerse en cuenta que la celeridad con la que se debe adelantar la actuación administrativa correspondiente en forma alguna las releva de considerar todos los argumentos que le sean expuestos por los usuarios y/o suscriptores del servicio y de valorar todas las pruebas allegadas en debida forma dentro del procedimiento administrativo.

También están obligadas a incentivar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a efectos de que los procesos administrativos se adelanten dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas; debiendo adoptar las decisiones administrativas en el menor tiempo posible(7) y con la menor cantidad de gastos para quienes intervienen en la actuación, de suerte tal que les está vedado pedirle al usuario documentos y/o copias innecesarios.

Tampoco pueden hacer exigencias diferentes a las consagradas por el legislador, de suerte tal que la presentación de documentos autenticados o la presentación personal de los mismos sólo procede cuando la ley lo exige de manera expresa(8).

De otra parte, los trámites que adelanten los prestadores de servicios públicos domiciliarios deben ser sencillos y los requisitos que se exijan a los particulares deben ser racionales y proporcionales a los fines de la actuación, por tal razón, no podrán exigirle al usuario que presente información (actos administrativos, certificaciones, documentos, etc) que reposen en los archivos de la empresa ante la cual se adelanta el trámite correspondiente. Cabe señalar que a partir del 1 de enero de 2.013 el usuario está relevado de aportar aquella información que se encuentre en los archivos de otra empresa prestadora o de cualquier autoridad pública, pues le basta indicar quien la posee para que de manera directa la empresa la requiera. Lo anterior, no impide que el usuario aporte la respectiva información sí así lo desea, con el propósito de agilizar el trámite correspondiente(9).

Adicionalmente, cabe mencionar que no son razones que impidan iniciar el trámite administrativo correspondiente, los errores de citas, de ortografía, de mecanografía, aritméticos o similares, salvo que la utilización del idioma o de los resultados aritméticos sean relevantes para definir el fondo del asunto, tan ello es así que quien ejerza la función tiene plenas facultades para corregir el error sin que por ello deba suspender o interrumpir la actuación, debiendo en todo caso comunicar al interesado la respectiva corrección(10).

De igual manera, las empresas de servicios públicos deben tener en cuenta que los niños, las niñas y los adolescentes son sujetos capaces de presentar directamente solicitudes, quejas o reclamos en asuntos que se relacionen con su interés superior, su bienestar personal y su protección especial, las que deberán ser decididas de manera preferente pues tienen prelación sobre cualquier otra actuación.

Además, deben brindar una especial atención a los infantes, a las personas con algún tipo de discapacidad, a las mujeres gestantes, a los adultos mayores o a los veteranos de la Fuerza Pública, para cuyo efecto se deben establecer los mecanismos a los que haya lugar(11).

También deberán tener en cuenta las empresas de servicios públicos que los interesados que residan en una ciudad diferente a la cual se encuentra su sede, pueden presentar sus solicitudes, quejas, o reclamaciones a través de medios electrónicos o en las dependencias regionales o seccionales, si las hubiere. También podrán presentar las respectivas solicitudes a través de la entidades en que se hubiere delegado dicha función, en desarrollo de los previsto en el artículo 9 de la Ley 489 de 1998 o a través de convenios que se suscriban para el efecto, en todo caso, los respectivos escritos deberán ser remitidos a la autoridad correspondiente dentro de las 24 horas siguientes(12).

La anterior previsión es de significativa importancia en el caso de las empresas prestadoras que operan en diferentes zonas geográficas, es decir, en varios municipios de un mismo departamento o en más de un departamento y tengan la administración centralizada en un determinado municipio, pues están obligadas a garantizarle al usuario la posibilidad real y efectiva de ejercer el derecho de petición y la formulación de quejas o reclamos, lo que las obliga a adoptar mecanismos que aseguren su recepción, trámite y debida y pronta solución.

Por otra parte, los prestadores de servicios públicos pueden verificar, de manera gratuita, la información que reposa en los registros de carácter público, tales como los que llevan las Cámaras de Comercio, pudiéndose constituir estos en plena prueba, sin que sea menester allegar el documento o el certificado donde esta conste(13).

Mención especial merece el artículo 25 del decreto, corregido por el artículo 1 del Decreto 53 de 2.012(14), que en concordancia con lo dispuesto, entre otros, en el artículo 5 ibídem, le da valor probatorio a las copias de los documentos tanto públicos como privados, de suerte tal que se dispone la eliminación de autenticaciones y reconocimientos.

Si bien es cierto la norma indica que “los documentos producidos por las autoridades públicas o los particulares que cumplen funciones administrativas, en sus distintas actuaciones, siempre que reposen en sus archivos, tampoco requieren autenticación o reconocimiento” consideramos que la copia simple de los documentos que no reposen en los archivos de la entidad también tiene pleno valor probatorio, de suerte tal que si existen dudas sobre la veracidad de la información allí contenida, es deber del funcionario o del particular en ejercicio de la función administrativa verificarla de manera directa, sin que la carga de esta obligación se le pueda trasladar al usuario exigiéndole que entregue el original o copia debidamente autenticada del documento, pues la buena fe de este se presume, presunción que se debe desvirtuar, si es del caso, por la Empresa Prestadora del Servicio.

Lo anterior, guarda plena consistencia con lo previsto en el artículo 10 del Decreto Ley 19 de 2012, en cuanto se prohíbe exigir como requisito para el trámite de una actuación administrativa declaraciones extra juicio ante autoridad administrativa o de cualquier otra índole. Para surtirla bastará la afirmación que haga el particular ante la autoridad, la cual se entenderá hecha bajo la gravedad del juramento.

Ahora bien, en lo que concierne al derogado artículo 34,(15) que disponía la necesidad de actuar por intermedio de abogado cuando de la interposición de recursos se trataba, curiosamente dicha norma hacía más gravosa la situación de los usuarios de los servicios, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 estas actuaciones las podían adelantar directamente, los suscriptores o usuarios actuando en su propio nombre y representación, situación que subsiste hoy día dada la derogatoria expresa de la que fue objeto el artículo 34 del Decreto – Ley 019 de 2012.

Siguiendo con el artículo 36 del Decreto Ley, por medio del cual se modificó el artículo 24 de la Ley 962 de 2005, actualmente las firmas de los particulares impuestas en documentos privados se presumen válidas, de suerte tal que no requieren autenticación. Tal presunción se desestimará si la persona de la cual se dice pertenece la firma la tacha de falsa o si mediante métodos tecnológicos se logra comprobar la falsedad de la misma.

Por último, el artículo 37 dispone que es función de las Superintendencias en relación con sus vigiladas, velar por el debido cumplimiento de lo dispuesto en las normas contenidas en el Decreto – Ley 019 de 2.012, para cuyo efecto, entre otras, deben impartir las instrucciones y las recomendaciones que sean del caso.

3. EL CAPITULO SEGUNDO DEL DECRETO LEY 019 DE 2.012.

El capítulo segundo (2º) del Decreto – Ley 019 de 2.012, contiene una serie de disposiciones que desarrollan, específicamente, el tema de la atención a los usuarios de las empresas de servicios públicos, que merecen los siguientes comentarios:

3.1. RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO

La Ley 142 de 1994 en su artículo 142 establece:

“ARTÍCULO 142RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO. Para restablecer el servicio, si la suspensión o el corte fueron imputables al suscriptor o usuario, éste debe eliminar su causa, pagar todos los gastos de reinstalación o reconexión en los que la empresa incurra, y satisfacer las demás sanciones previstas, todo de acuerdo a las condiciones uniformes del contrato.

Si el restablecimiento no se hace en un plazo razonable después de que el suscriptor o usuario cumpla con las obligaciones que prevé el inciso anterior, habrá falla del servicio.” ( negrilla fuera del texto original)

El Decreto Ley 19 de 2012 al tratar el tema, en su artículo 42 dispuso:

“ARTICULO 42. RECONEXIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. Resuelta favorablemente una solicitud de reconexión de un servicio público a un usuario, o desaparecida la causa que dio origen a la suspensión del servicio, la reconexión deberá producirse dentro de las 24 horas siguientes (negrilla fuera del texto original).

Del texto de las dos disposiciones transcritas se observa:

El artículo 142 de la Ley 142 de 1994, señala que el restablecimiento opera cuando la suspensión o el corte del servicio fue imputable al usuario, es decir, cuando se evidencia un incumplimiento del contrato por un período de varios meses o en forma repetida, o en materias que afecten gravemente a la empresa o a terceros (la mora en el pago de tres facturas de servicios y/o la reincidencia en una causal de suspensión dentro de un período de dos años), mientras que el artículo 42 del Decreto-Ley 19 de 2012, se refiere al restablecimiento del servicio en caso de suspensión sin referirse al corte, no tomando en consideración que la reconexión también puede producirse una vez se realiza el corte del servicio, conforme lo establece la norma especial.

El artículo 142 señala que dicho restablecimiento del servicio debe realizarse en un “plazo razonable”, mientras que el Decreto Ley 19 de 2012, señala que la reconexión deberá producirse dentro de las 24 horas siguientes a eliminarse la causa. Adicionalmente a lo anterior, dicho Decreto agregó una causal al pago de la factura ocasionada por la mora y el pago de los gastos de reconexión, ya que estableció como requisito para proceder al restablecimiento del servicio: “la resolución favorable de una solicitud de reconexión de un servicio público a un usuario”.

Frente a las diferencias normativas que presentan las disposiciones mencionadas, se debe tener en cuenta que en caso de conflicto con otras leyes, se preferirá la Ley 142 de 1994 y para efectos de derogaciones no se entenderá contrariada por normas posteriores sobre la materia, sino cuando éstas identifiquen de modo preciso la norma de esta ley objeto de modificación o derogatoria, al decir del artículo 186 de la Ley 142 de 1994.

Por tanto, en este caso debe resaltarse que el artículo 237 del Decreto Ley 19 de 2012, no hizo mención expresa a la derogatoria del artículo 142 de la Ley 142 de 1994. Tampoco se podría entender que ha ocurrido una derogatoria tácita, ya que tal como lo prevé el artículo 186 de la Ley 142 de 1994, solo es posible derogar el régimen de los servicios públicos domiciliarios a partir de derogatorias expresas.

Así las cosas, en aplicación del principio de prelación normativa basado en el criterio de la especialidad de la Ley 142 de 1994, debe preferirse el artículo 142 ibídem y por tanto, mal podría pensarse que con el artículo 42 del Decreto-Ley 19 de 2012, se estaría eliminando el corte del servicio como consecuencia del incumplimiento y su restablecimiento una vez se elimina la causa.

No obstante, se observa que el artículo 42 del Decreto Ley objeto de análisis, presenta inconsistencias en cuanto a los términos utilizados, habida cuenta que si bien esta disposición hace referencia a la reconexión del servicio, se refiere a la misma como derivada de la suspensión, motivo por el cual, habrá de entenderse que la norma pretende aplicarse efectivamente al procedimiento de reinstalación que resulta ser el término adecuado para indicar las actividades propias derivadas de la suspensión que es la operación técnica a la cual alude la citada disposición.

En este orden de ideas, el artículo 42 del Decreto Ley 19 de 2012 no derogó el artículo 142 de la Ley 142 de 1994, por lo que debe entenderse que sus efectos se extienden a la suspensión y no al corte del servicio, por las razones expuestas anteriormente.

No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que el Decreto-Ley 19 de 2012 tiene por objeto proteger y garantizar la efectividad de los derechos de las personas naturales y jurídicas ante las autoridades y facilitar las relaciones de los particulares con estas como usuarias o destinatarias de sus servicios, de conformidad con los principios y reglas previstos en la Constitución Política y la Ley, el término de “24 horas” establecido en dicho Decreto, estaría complementando el artículo 142 de la Ley 142 de 1994 puesto que objetiviza y delimita en el tiempo el plazo razonable al cual se refiere la Ley 142 de 1994.

Ahora bien, existen plazos determinados previstos en la regulación, como es el caso del parágrafo segundo del artículo 57(16) de la Resolución CREG 108 de 1997, conforme al cual una vez el suscriptor o usuario cumpla las condiciones para la reconexión o reinstalación del servicio, la empresa deberá restablecer el servicio en un término no mayor al señalado en las condiciones uniformes para efectuar la reconexión o reinstalación, el cual en todo caso no podrá exceder de tres días.

Sobre el particular, cabe señalar que en virtud que la jerarquía normativa que ostenta el Decreto Ley 19 de 2012, aquí si opera una derogatoria tácita de la regulación. Por tanto, el término de tres días previsto por la CREG para restablecer el servicio, fue derogado en lo que a la suspensión del servicio se refiere, por lo que deberá restablecerse el mismo en el término de 24 horas como lo señala el artículo 42 del Decreto-Ley 19 de 2012.

En igual sentido, debe resaltarse que el artículo 42 del Decreto Ley 19 de 2012, derogó parcialmente el artículo 32 del Decreto 302 de 2000(17), en lo relativo al término para restablecer el servicio.  

Ahora bien, en cuanto al plazo para restablecer el servicio, el artículo 42 del Decreto Ley 019 de 2012 guardo silencio respecto de sí las 24 horas se entienden hábiles o corridas.

Sobre el particular, debemos tener en cuenta lo dispuesto en el Código de Régimen Político y Municipal (Ley 4 de 1913), que sobre el conteo de los plazos determinó:

“Régimen Político y Municipal (Ley 4 de 1913)

“ARTICULO 59. Todos los plazos de días, meses o años, de que se haga mención legal, se entenderá que terminan a la medianoche del último día del plazo. Por año y por mes se entienden los del calendario común, y por día el espacio de veinticuatro horas, pero en la ejecución de las penas se estará a lo que disponga la ley penal.” (Subrayado fuera del texto original)

“ARTICULO 60. Cuando se dice que un acto debe ejecutarse en o dentro de cierto plazo, se entenderá que vale si se ejecuta antes de la media noche en que termina el último día del plazo. Cuando se exige que haya transcurrido un espacio de tiempo para que nazcan o expiren ciertos derechos, se entenderá que estos derechos nacen o expiran a la medianoche del día en que termine el respectivo espacio de tiempo.

Si la computación se hace por horas, la expresión "dentro de tantas horas", y otra semejante, designa un tiempo que se extiende hasta el último minuto de la última hora, inclusive, y la expresión "después de tantas horas", u otra semejante, designa un tiempo que principia en el primer minuto de la hora que sigue a la última del plazo.” (Subrayado fuera del texto original)

ARTICULO 62. En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil.” (Subrayado fuera del texto original)

Como se observa, existe un vacío legal en el Código de Régimen Político y Municipal, puesto que no señaló expresamente la forma de contar los términos estimados en horas.

No obstante lo anterior, cabe resaltar que el artículo 59 del Código de Régimen Político y Municipal, señala que un día consta de 24 horas y por su parte el artículo 62 precisa que en el plazo de días no se tendrán en cuenta feriados ni vacantes a menos que se exprese lo contrario, previsiones que permitirían inferir, que el término previsto en horas es susceptible de ser valorado como horas hábiles, si no dispone lo contrario.

Al respecto, resulta pertinente citar el pronunciamiento de la Corte Constitucional(18) al referirse al término de 48 horas para ejecutar una orden de tutela, conforme la cual considera que dicho término "equivalen a las horas de trabajo porque sería absurdo que si la orden se comunica un viernes en la tarde el plazo venciera en el descanso dominical, es decir que son horas de trabajo hábil y así debe entenderse".

En este orden de ideas, la obligación objeto de análisis sería imposible de cumplir en días festivos o de vacancia, si la ESP no opera en dichos días, por lo que solo podría reconectar el servicio en horas hábiles o de trabajo.

Sostener lo contrario, es decir que la ejecución de la reinstalación debe ejecutarse dentro de las 24 horas corridas, nos enfrenta a la real posibilidad de dar cumplimiento a dicho obligación.

Sobre el aforismo de que nadie está obligado a lo imposible, se ha pronunciado la Corte Constitucional(19), en el siguiente sentido:

“Resulta, entonces, aplicable al caso sub examine el aforismo que dice que “nadie está obligado a lo imposible”. Lo anterior se justifica por cuatro razones:

a) Las obligaciones jurídicas tienen un fundamento en la realidad, ya que operan sobre un plano real; de ahí que realizan siempre una acción o conservan una situación, según sea una obligación de dar o hacer –en el primer caso– o de no hacer –en el segundo–. Ese es el sentimiento de operatividad real de lo jurídico. Lo imposible, jurídicamente no existe; y lo que no existe no es objeto de ninguna obligación; por tanto, la obligación a lo imposible no existe por ausencia de objeto jurídico.

b) Toda obligación debe estar proporcionada al sujeto de la misma, es decir, debe estar de acuerdo con sus capacidades; como lo imposible rebasa la capacidad del sujeto de la obligación, es desproporcionado asignarle a aquél una vinculación con un resultado exorbitante a su capacidad de compromiso, por cuanto implicaría comprometerse a ir en contra de su naturaleza, lo cual resulta a todas luces un absurdo.

c) El fin de toda obligación es construir o conservar –según el caso– el orden social justo. Todo orden social justo se basa en lo existente o en la probabilidad de existencia. Y como lo imposible jurídicamente resulta inexistente, es lógico que no haga parte del fin de la obligación; y lo que no está en el fin no mueve al medio. Por tanto, nadie puede sentirse motivado a cumplir algo ajeno en absoluto a su fin natural.

d) Toda obligación jurídica es razonable. Ahora bien, todo lo razonable es real o realizable. Como lo imposible no es real ni realizable, es irracional, lo cual riñe con la esencia misma de la obligación”.

Aplicado lo anterior a la obligación a cargo del prestador de ejecutar la reinstalación dentro del término de 24 horas, la exigibilidad de dicha obligación debe ser entendida conforme a la capacidad y posibilidad de ser ejecutada dentro del tiempo previsto.

En este orden de ideas, se considera que el término para restablecer el servicio deberá entenderse como de 24 horas hábiles, por lo que no podría exigirse al prestador que ejecute dicha obligación en horas no hábiles, es decir, en horarios en que normalmente no cuenta con el personal o el acceso a la provisión de bienes y servicios requeridos para desarrollar dicha actividad.

Ahora bien, otra inquietud que surge es desde que momento se hace exigible la obligación a la empresa, es decir si el término se cuenta desde la primera hora hábil siguiente al pago.

Como se observa del artículo 42 del Decreto Antitrámites, para que el prestador ejecute la orden de reinstalación, deberá mediar o un pronunciamiento favorable a favor del usuario o haber desaparecido la causa de la suspensión o corte del servicio.

Sobre el particular, resulta pertinente referirnos al pago como modo de extinción de las obligaciones, teniendo en cuenta que algunas empresas de servicios públicos domiciliarios celebran contratos para el recaudo de los servicios o habilitan medios de pago electrónicos.

El artículo 1634 del Código Civil, señala que para que el pago sea válido, deberá hacerse o al acreedor mismo o a la persona que la ley o el juez autoricen, o la persona autorizada por el acreedor para el cobro.

Ahora bien, la misma normativa señala en su artículo 1635 que el pago a persona distinta de quien se debe es válido si el acreedor lo ratifica.

La Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia respecto al pago como medio para extingir las obligaciones manifestó:

“Según los términos del artículo 1634 del Código Civil, para que el pago sea válido o liberatorio, es menester que se haga al acreedor mismo, o a sus sucesores universales o singulares o a la persona que la ley o el Juez autoricen a recibir por él, o a la persona diputada por el acreedor para el cobro. Y el artículo 1638 ibidem, dispone que: “La diputación para recibir el pago puede conferirse por poder general para la libre Administración de todos los negocios del acreedor o por poder especial para la libre Administración del negocio en que está comprendido el pago, ó por un simple mandato comunicado al deudor”

“Pero si el artículo 1634 señala los casos en que el pago es inicialmente válido o liberatorio, ello no significa que el hecho a una persona no disputada para él por el acreedor, no tenga el efecto de considerarse bien efectuando al mismo acreedor y mirado como valido desde el principio.”

“En efecto, el artículo 1635 del Código Civil dispone que “El pago hecho a una persona diversa de las expresadas en el artículo precedente, es válido, si el acreedor lo ratifica de un modo expreso o tácito pudiendo legítimamente hacerlo…. Cuando el pago hecho a persona incompetente es ratificado por el acreedor, se mirará como valido desde el principio”. Consagra, en síntesis, ésta norma que el pago hecho a quien no está autorizado por la ley, el Juez o el acreedor es válido desde el principio, si éste lo ratifica expresa o tácitamente.”

El Banco en que una persona tiene su cuenta corriente no puede considerarse diputado por el acreedor para el cobro, pero sí autorizado para que reciba lo que los deudores u obligados consignen en su cuenta, sometido, claro está, para la validez del pago a su aceptación expresa o tácita. Habrá una aceptación expresa si el acreedor expide recibo de pago o declara a paz y salvo al deudor enterante.”

“La aceptación será tácita, si, sabedor aquél de la consignación por el recibo del comprobante de ésta, o por el informe que le suministra el extracto mensual que, según costumbre comercial, pasan los Bancos a quienes mantienen en ellos cuenta corriente, guarda silencio o dispone de los fondos consignados.”

“Cumplido alguno de estos supuestos, se operará una confirmación expresa o tácita que valida el pago retroactivamente, y debe considerarse hecho al mismo acreedor.(20)

 (Subrayado fuera del texto original)

De lo anterior se puede concluir que, si un usuario paga su factura de servicios públicos a un tercero (Por ejemplo, a un Banco) que hace el recaudo por parte del prestador en horarios en los cuales la empresa no labora, podrá considerarse que efectivamente se realizó dicho pago cuando el acreedor, es decir la ESP lo reciba y lo acepte ya sea de forma expresa o tácita en los términos expresados por la Corte Suprema de Justicia.

Ocurrido lo anterior, la empresa deberá actuar dentro de las 24 horas siguientes con el fin de restablecer el servicio al usuario.

En el caso de la resolución favorable a la solicitud de reconexión de un servicio público a un usuario, el término empezará a contarse a partir de la hora hábil siguiente a aquella en que le es notificada al usuario tal decisión.

3.2. NOTIFICACIÓN DE DECISIONES.

El artículo 43 del Decreto Ley 19 de 2012 estableció:

ARTICULO 43. NOTIFICACIONES. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y los prestadores de los servicios públicos domiciliarios, notificarán la decisión sobre los recursos interpuestos por los usuarios en desarrollo del contrato de condiciones uniformes, mediante comunicaciones que se enviarán por correo certificado o por correo electrónico en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. De ello quedará constancia en el respectivo expediente.” (Resaltado fuera de texto)

Cabe precisar que tanto el artículo 43 del Decreto Ley 19 de 2012 transcrito, como el artículo 159 de la Ley 142 de 1994, disponen que la notificación deba hacerse de conformidad con el Código Contencioso Administrativo.

Por otra parte, es pertinente aclarar que el artículo 43 del Decreto Antitrámites se refiere a que todas las decisiones en sede de la Superintendencia de Servicios Públicos y de las empresas de servicios públicos enmarcadas dentro del Contrato de Condiciones Uniformes.

No obstante, es preciso aclarar el alcance de la disposición, en el sentido que el artículo 154 de la Ley 142 de 1994, restringe los recursos a los actos administrativos de negativa del contrato, suspensión, terminación, corte y facturación que realice la empresa.

Por tanto, acogiéndonos nuevamente a la prevalencia de la Ley 142 de 1994 no es posible considerar una modificación o derogatoria del artículo 154 de la Ley 142 de 1994, ya que de conformidad con el artículo 186 ibídem, no se entenderá que esta ley “…resulta contrariada por normas posteriores sobre la materia, sino cuando éstas identifiquen de modo preciso la norma de esta ley objeto de excepción, modificación o derogatoria”.

Por otra parte, de la lectura del artículo 43 de la Ley 142 de 1994, pareciera que la notificación ya no se hará en el acto de presentación personal sino a través del envío de comunicaciones por correo certificado o correo electrónico; es decir, se eliminaría de notificación de manera personal.

Sobre el particular, la Ley 1437 de 2011(21) contentiva del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone en su artículo 53 que los procedimientos y trámites administrativos podrán realizarse a través de medios electrónicos. Así mismo, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de los procedimientos administrativos, se aplicarán las disposiciones de la Ley 527 de 1999(22) y las normas que la sustituyan, adicionen o modifiquen.

En consecuencia, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y los prestadores de los servicios públicos domiciliarios, podrán efectuar notificar su decisión sobre los recursos interpuestos por los usuarios en desarrollo del contrato de condiciones uniformes, mediante comunicaciones que se enviarán por correo o por medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación.

3.3. AUTORIZACION PREVIA DEL ARRENDADOR

El artículo 44 del Decreto Ley 0019 de 2012 señala:

“ARTICULO 44. AUTORIZACIÓN PREVIA DEL ARRENDADOR. El suscriptor potencial de un servicio público domiciliario que solicite recibir en un inmueble determinado la prestación de un servicio, deberá obtener la autorización previa del arrendador. Las empresas prestadoras de servicios públicos no podrán prestar el respectivo servicio sin la previa autorización expresa del arrendador.”

Los servicios públicos domiciliarios son inherentes a la finalidad del Estado Social de Derecho y en razón a ello, se erige como una garantía constitucional el deber que tiene el Estado de asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, en los términos del artículo 365 de la Constitución Política.

En ese sentido, el legislador al reglamentar su prestación, a través de la Ley 142 de 1994 dispuso que cualquier persona tendría derecho a recibirlos, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 134. DEL DERECHO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. Cualquier persona capaz de contratar que habite o utilice de modo permanente un inmueble, a cualquier título, tendrá derecho a recibir los servicios públicos domiciliarios al hacerse parte de un contrato de servicios públicos.”

Ahora bien, del texto normativo del Decreto Ley 19 de 2012 se observa: (i) Aplica para nuevos servicios al señalar que es el suscriptor potencial quien deberá obtener la autorización; (ii) Se aplica para inmuebles arrendados y (iii) Las ESP no podrán prestar el servicio sin la autorización referida.

En consecuencia, a partir de la vigencia del artículo 44 del Decreto 19 de 2012, en términos literales las solicitudes de servicio deben acompañarse de la solicitud previa y expresa del arrendador, y, las empresas prestadoras del servicio no podrían prestar el servicio frente a una solicitud que no está acompañada de la solicitud previa y expresa del arrendador.

Ahora bien, es pertinente anotar que lo dispuesto por el artículo 44 del Decreto Ley 19 de 2012, no significa que se modificó, derogó o subrogó el artículo 134 de la Ley 142 de 1994, en cuanto a la posibilidad de acceder al servicio, pues cuando este artículo señala que “Cualquier persona capaz de contratar que habite o utilice de modo permanente un inmueble, a cualquier título, tendrá derecho a recibir los servicio púbicos domiciliarios al hacerse parte de un contrato de servicios públicos”, indica que tanto el propietario, como el tenedor o el poseedor de un inmueble tienen la vocación para recibir servicios públicos siempre que se hagan parte de un contrato de servicios públicos.

Por su parte, el artículo 44 señala que el tenedor de un inmueble a título de arrendatario puede realizar, como suscriptor potencial de un contrato de servicios públicos, la respectiva solicitud al prestador, todo lo cual atiende a lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley 142 de 1994, pero agrega por su parte, que dicha solicitud debería acompañarse de la autorización del arrendador, lo que significa que no se modifica el derecho del tenedor para recibir el servicio público, sino que se somete a una condición o requisito.

Otro aspecto que debemos analizar es la operatividad de este requisito en los servicios que componen el saneamiento básico -tal es el caso del servicio de aseo, el cual tiene efectos para la comunidad en materia ambiental y principalmente de salubridad pública(23) en virtud de la afectación que no contar con dicho servicio representaría ante la ausencia del requisito anotado, en contraste con la exigencia de la Ley 142 de 1994 en el sentido que el usuario está en la obligación de recibir el servicio a menos que pueda demostrar que posee otra alternativa.

En efecto, el parágrafo de artículo 16 de la Ley 142 de 1994 señala que: “cuando haya servicios públicos disponibles de acueducto y saneamiento básico será obligatorio vincularse como usuario y cumplir con los deberes respectivos, o acreditar que se dispone de alternativas que no perjudiquen a la comunidad...”(Negrilla fuera de texto)

En ese sentido, se observa frente al régimen de los servicios públicos que existe la obligación para los prestadores de proveer y/o de mantener la prestación del servicio, y para los ciudadanos, la obligación de vincularse como usuarios y/o de mantenerse en la continuidad del servicio. En este orden de ideas, la disposición objeto de análisis no solo está dirigida al suscriptor potencial y a la empresa de servicios públicos domiciliarios, sino también al arrendador, puesto que ante las especiales características del servicio de aseo, no podría negarse a autorizarlo.

En este orden de ideas, dado que la prestación del servicio de aseo es obligatoria para los ciudadanos, es decir, que no es susceptible de sustraerse de recibirlo donde quiera que el servicio esté disponible, y dado que la empresa no puede suspender o dejar de prestar dicho servicio en virtud de las afectaciones que de ello pueden derivarse, la empresa no podrá negarse en el caso del servicio de aseo a otorgarlo, por el contrario deberá prestar el servicio, pero se producirán las consecuencias respectivas respecto el régimen de solidaridad entre el arrendador y el arrendatario.

En efecto, consideramos que la finalidad de la disposición objeto de análisis no es limitar el acceso al servicio sino producir efectos respecto de la figura de la solidaridad. Por tanto, la prestación de los servicios públicos se garantiza a todos los habitantes del territorio nacional, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: i) la capacidad de contratar, ii) la habitación o utilización de modo permanente de un inmueble y (iii) la autorización previa del arrendador, cuya ausencia produciría efectos de naturaleza solidaria.

Esta medida guarda coherencia con el numeral 6 del artículo 12 de la Ley 820 de 2003, el cual dispone que cuando las empresas de servicios públicos domiciliarios instalen un nuevo servicio a un inmueble, el valor del mismo será responsabilidad exclusiva de quién solicite el servicio y que la denuncia del contrato de arrendamiento rompe la solidaridad.

4. VIGENCIA DEL DECRETO LEY 2150 DE 1995

Salvo aquellas disposiciones del Decreto 2150 de 1.995 contrarias a los mandatos del Decreto – Ley 019 de 2012, que por tanto deben tenerse por derogadas tácitamente, las demás siguen plenamente vigentes, ello dado que este último no derogó expresamente disposición alguna del Decreto 2150 de 1995.

Así las cosas, por ejemplo, el artículo 1 del Decreto 2150 de 1995 fue subrogado por el artículo 25 del Decreto 019 de 2012; la primera disponía la supresión de autenticaciones y reconocimientos, y la segunda hace lo mismo, pero de manera más amplia y con más detalle.

Otro ejemplo de subrogación es el artículo 13 del Decreto 2150 de 1995, sustituido por el artículo 9 del Decreto 019 de 2012; sobre prohibición de documentos o copias que reposan en la entidad en la que se adelanta la actuación administrativa.

En ese mismo orden de ideas, continúan vigentes los artículos 123 y 124 del Decreto 2150 de 1995, que no fueron objeto de derogatoria expresa o tácita por el Decreto 019 de 2012.

En conclusión, el Decreto 2150 de 1995 sigue vigente, salvo aquellas normas que hayan sido subrogadas, o derogadas expresa o tácitamente, por el Decreto Ley 019 de 2012. En consecuencia, en lo no regulado por el Decreto Ley 019 de 2012, se seguirán aplicando las disposiciones del Decreto 2150 de 2005.

Finalmente, las mismas reglas se aplican respecto de la Ley 962 de 2005, es decir, que continúan vigentes las disposiciones que no hayan sido derogadas o subrogadas por el Decreto 019 de 2012, por ello, por ejemplo, continúa vigente el artículo 5 referente a las notificaciones por medio de apoderado, que no fue objeto de subrogación o derogatoria en el Decreto 019 de 2012.

 

NOTAS AL FINAL:

1. Publicado en el Diario Oficial número 48308 del 10 de Enero de 2.012.

2. Publicado en el Diario Oficial número 42.137 del 5 de Diciembre de 1.995.

3. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 24 de febrero de 2.005. rad. AP-41001-23-31-000-2003-01470-01, MP Ramiro Saavedra Becerra.

4. Corte Constitucional, sentencia C- 558 de 2001, MP Jaime Araujo Rentaría.

5. Artículo 1 del Decreto 019 de 2012.  

6. Artículo 3 del Decreto 019 de 2012.

7. Artículo 4 del Decreto  019 de 2012.

8. Artículo 5 del Decreto Ley 019 de 2102.

9. Artículos 6 y 9 del Decreto 019 de 2102.  

10. Artículo 11 del Decreto 019 de 2012.

11. Artículos 12 y 13 del Decreto Ley  019 de 2012.

12. Artículo 14 del Decreto Ley 019 de 2012.

13. Artículo 15 del Decreto 019 de 2012.

14. Publicado en el Diario Oficial número 48311 del 1 de enero de 2.012.

15. Este artículo fue expresamente derogado por el literal a) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012.

16. “Artículo 57º. Restablecimiento del servicio. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 142 de la ley 142 de 1994, para restablecer el servicio, si la suspensión o el corte fueren imputables al suscriptor o usuario, éste debe eliminar su causa, pagar todos los gastos de reinstalación o reconexión en que incurra la empresa, y satisfacer las demás sanciones a que hubiere lugar, todo de acuerdo con las condiciones uniformes del contrato.

Parágrafo 1º. La empresa establecerá en las condiciones uniformes del contrato los valores a cobrar por la reconexión reinstalación del servicio a los suscriptores o usuarios.

Parágrafo 2º. vez el suscriptor o usuario cumpla las condiciones para la reconexión o reinstalación del servicio, la empresa deberá restablecer el servicio en un término no mayor al señalado en las condiciones uniformes para efectuar la reconexión o reinstalación, el cual en todo caso no podrá exceder de tres días.” (negrilla fuera del texto original)

17. “Artículo 32. Del restablecimiento del servicio en caso de suspensión. Para restablecer el suministro del servicio es necesario que se elimine la causa que originó la suspensión, se cancelen las tarifas de reconexión y reinstalación, así como los demás pagos a que hubiere lugar. La reanudación del servicio deberá realizarse a más tardar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al pago, so pena de perder la empresa a favor del suscriptor y/o usuario el valor de la sanción por reconexión, el cual se deberá abonar a la cuenta de cobro inmediatamente posterior. En todo caso, no podrá cobrarse suma alguna por concepto de reconexión, cuando el servicio no hubiere sido efectivamente suspendido.”.

18. Corte Constitucional, Sala de Revisión, Sentencia T 971 del 31 de julio de 2000, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.

19. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-337 de agosto 19 de 1993.

20. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 12 de marzo de 1958, M.P. Arturo Posada.

21. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

22. Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.

23. Respecto de la afectación de terceros, es preciso indicar que la Corte Constitucional en Sentencia C-389 de 2002, en relación con el Artículo 138 de la Ley 142 de 1994, establece la necesidad de establecer de manera general los eventos en los que una empresa de servicios públicos no puede negarse a terminar el contrato cuando existe solicitud expresa del suscriptor o usuario. Sostiene la Corte Constitucional que la solicitud de suspensión o terminación del contrato de servicios públicos puede afectar a terceros en sus derechos fundamentales.(…). En este punto es indispensable indicar que la comunidad puede verse afectada en el evento en que el suscriptor y/o usuario solicite la terminación del Contrato de Servicios.