— CONCEPTO UNIFICADO SSPD-OJU-2013-25 (EL RÉGIMEN DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES A USUARIOS FINALES)

Fecha de expedición: 2013 / Actualizado por la SSPD a 19 ENE. 2021 /Última actualización del editor: 30 DIC. 2021.

CONCEPTO UNIFICADO SSPD-OJU-2013-25

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

RÉGIMEN DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES APLICABLE A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

 

A través de Concepto Unificado No. 25 de 2013, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (en adelante “Superservicios”) estableció el lineamiento jurídico unificado y de última instancia sobre el régimen de subsidios y contribuciones aplicable a los servicios públicos domiciliarios; no obstante, la vigencia normativa de distintas disposiciones, hacen necesario la actualización del presente concepto unificado.

1. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL

1.1. Régimen constitucional.

La solidaridad es uno de los principios sobre el cual se funda el Estado Social de Derecho, así lo precisa el artículo 1 de la Constitución Política cuando señala que Colombia se encuentra: “…fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.

Con base en tal fundamento, y con el fin de dignificar a la población, cerrar las brechas de acceso a los servicios públicos domiciliarios y generar desarrollo económico, se dispuso que los usuarios de mayores ingresos contribuirían a subsidiar la tarifa de los usuarios de menores ingresos, en virtud de los principios de solidaridad y redistribución de ingresos, ya que así lo establecieron los artículos constitucionales 367[1] y 368[2].

Los principios mencionados, se ven reflejados en las tarifas de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios, bien sea al contribuir (solidaridad) o al beneficiarse de los subsidios (redistribución de ingresos).

Por su parte, a la luz del artículo 365 constitucional, al Estado le corresponde garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios, es decir, que tal prestación es su deber, el cual comprende su financiamiento. Sin embargo, la sostenibilidad del Estado también es un deber de todas las personas que habitan el país, como bien lo señala el numeral 9 del artículo 95 constitucional, al disponer:

“Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.

Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y el ciudadano:

(…)

9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad.”

En relación con lo predicho, la Corte Constitucional[3] precisó:

“Específicamente, en lo que hace a los servicios públicos domiciliarios, el artículo 367 de la Constitución delegó en el legislador la facultad de establecer competencias, responsabilidades, cobertura, calidad y financiamiento de estos servicios. Al igual que la determinación de los criterios y factores que habrían de tenerse en cuenta para fijar las correspondientes tarifas. En desarrollo de este mandato constitucional, se expidió la Ley 142 de 1994.

En esta ley, el legislador, haciendo uso de la atribución constitucional a que se ha hecho referencia, estableció dos mecanismos para lograr que, con tarifas por debajo de los costos reales del servicio, la población de escasos recursos pudiese acceder a los diversos servicios públicos domiciliarios, y cumplir así con los principios de solidaridad y redistribución del ingreso que impone la Constitución en esta materia.

El primero de estos mecanismos lo constituyen los subsidios que puede otorgar la Nación y las distintas entidades territoriales dentro de sus respectivos presupuestos (artículo 368 de la Constitución). Subsidios que, por disposición de la propia ley, no pueden exceder el valor de los consumos básicos o de subsistencia. Por tanto, cuando éstos se reconocen, corresponde al usuario cubrir los costos de administración, operación y mantenimiento (artículo 99 de la Ley 142 de 1994).

El segundo mecanismo es el recargo en la tarifa del servicio que están obligados a sufragar los usuarios pertenecientes a los estratos 5 y 6, como los de sectores industrial y comercial”.

1.2. Régimen legal.

La Ley 142 de 1994[4], conocida como “régimen de los servicios públicos domiciliarios”, contiene el marco legal aplicable al régimen de subsidios y contribuciones, el cual está soportado en una estructura financiera tarifaria que permite determinar: i) las personas que pueden ser beneficiarias de los subsidios; ii) las personas obligadas a soportar el principio de solidaridad y iii) la forma en que la Nación y las entidades territoriales administran los recursos para otorgar subsidios.

El numeral 2.9 del artículo 2 y 3.4 del artículo 3 de la Ley 142 de 1994, previeron, dentro de los fines de la intervención del Estado en los servicios públicos domiciliarios y los instrumentos para dicho propósito, el establecimiento de un régimen tarifario “proporcional para los sectores de bajos ingresos”, así como el “control y la vigilancia de la observancia de las normas y de los planes y programas sobre la materia”, respectivamente.

Así las cosas, el régimen tarifario adoptado por los prestadores, es la variable que hace posible el cumplimiento del principio de solidaridad y redistribución de ingresos entre quienes contribuyen y quienes reciben los auxilios, siendo los primeros quienes pertenecen a los estratos 5 y 6, y a los sectores industrial y comercial, y los segundos, las personas de menores ingresos ubicadas en los estratos 1, 2 y 3, este último, siempre que se definan las condiciones para su aplicación.

La Superservicios, en su condición de entidad que realiza intervención estatal, ejerce supervisión sobre el régimen tarifario aplicado por los prestadores a los usuarios, con el fin de que los subsidios se utilicen en la forma prevista en el régimen jurídico vigente, ello en virtud de lo dispuesto en el numeral 15 del artículo 16, en el numeral 14 del artículo 20 del Decreto 1369 de 2020 y en el numeral 7 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994.

En conclusión, los principios constitucionales de solidaridad y redistribución de ingresos fueron desarrollados y aplicados al régimen de los servicios públicos domiciliarios a través de la Ley 142 de 1994, con el objetivo de cumplir la finalidad estatal de subsidiar a las personas de menores ingresos para pagar los valores correspondientes a los servicios prestados, con el fin de que puedan satisfacer sus necesidades básicas y ayudar al crecimiento y desarrollo económico del país.

2. SUBSIDIOS

2.1. Definición, fuentes, naturaleza, beneficiarios y vigencia.

El numeral 14.29 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 define subsidio como la: “diferencia entre lo que se paga por un bien o servicio, y el costo de este, cuando tal costo es mayor al pago que se recibe”, esta diferencia proviene de dos fuentes, a saber:

- Del cobro de la contribución de solidaridad a los usuarios de estratos 5 y 6 e industriales y comerciales. Importante precisar que, para el sector de acueducto, alcantarillado y aseo esta contribución es un tributo del orden territorial; mientras que, para el sector de energía eléctrica y gas combustible, es de carácter nacional.

- De las apropiaciones presupuestales que hagan cualquiera de las entidades señaladas en el artículo 368 de la Constitución Política (Nación, departamentos, distritos, municipios o entidades descentralizadas), con la finalidad de efectuar inversión social para compensar la capacidad de pago de los usuarios[5].

La naturaleza jurídica de los subsidios deviene directamente del principio constitucional de redistribución de ingresos señalado en el artículo 367 constitucional, por lo tanto, los recursos previstos para otorgarlos tienen destinación específica y, en consecuencia, no pueden ser utilizados para fines distintos al ya señalado. Así lo desarrolla el artículo 89 de la Ley 142 de 1994 que dispone:

“ARTÍCULO 89. Aplicación de los criterios de solidaridad y redistribución de ingresos. Las comisiones de regulación exigirán gradualmente a todos quienes prestan servicios públicos que, al cobrar las tarifas que estén en vigencia al promulgarse esta Ley, distingan en las facturas entre el valor que corresponde al servicio y el factor que se aplica para dar subsidios a los usuarios de los estratos 1 y 2. Igualmente, definirán las condiciones para aplicarlos al estrato 3 (…)”.

En igual sentido, el numeral 99.7 del artículo 99 ibídem, precisa que “Los subsidios sólo se otorgarán a los usuarios de inmuebles residenciales y a las zonas rurales de los estratos 1 y 2; las comisiones de regulación definirán las condiciones para otorgarlos al estrato 3.”, en consecuencia, por estricta previsión legal, son éstos los beneficiarios.

En relación con la vigencia de los recursos para aplicar subsidios, la destinación específica que la Constitución le otorgó a estos hace que su vigencia sea independiente del período fiscal en el cual deben aplicarse, de suerte que no fenecen, y por ello deben ser siempre girados a las prestadoras de servicios públicos domiciliarios, sin tener en cuenta circunstancias como el cambio de administración municipal o distrital. Ello teniendo en cuenta su finalidad, que no es otra que la de garantizar que los usuarios de menores ingresos puedan pagar sus facturas de servicios públicos domiciliarios.

2.2. Aplicación de los subsidios.

Se podrá subsidiar: (i) el consumo básico o consumo de subsistencia, (ii) el cargo fijo y (iii) los costos de conexión domiciliaria, acometida y medidor.

Así lo indican los artículos 97 de la Ley 142 de 1994, 104 de la Ley 1873 de 2017 y 2.3.4.1.1.3 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 que precisan:

“Artículo 97. Masificación del uso de los servicios públicos domiciliarios. Con el propósito de incentivar la masificación de estos servicios las empresas prestatarias de los mismos otorgarán plazos para amortizar los cargos de la conexión domiciliaria, incluyendo la acometida y el medidor, los cuales serán obligatorios para los estratos 1, 2 y 3.

En todo caso, los costos de conexión domiciliaria, acometida y medidor de los estratos 1, 2 y 3 podrán ser cubiertos por el municipio, el departamento o la nación a través de aportes presupuestales para financiar los subsidios otorgados a los residentes de estos estratos que se beneficien con el servicio y, de existir un saldo a favor de la persona prestadora del servicio, se aplicarán los plazos establecidos en el inciso anterior, los cuales, para los estratos 1, 2 y 3, por ningún motivo serán inferiores a tres (3) años, salvo por renuncia expresa del usuario.”

“Artículo 104. Subsidios de energía eléctrica y gas. Los estratos 1 y 2 tendrán derecho a los subsidios de energía y gas definidos en el artículo 3o de la Ley 1117 de 2006, modificado por el artículo 1o de la Ley 1428 de 2010 y prorrogado por el artículo 17 de la Ley 1753 de 2015, siempre y cuando el consumo total del usuario no exceda en un 50% el consumo básico o de subsistencia establecido por el Gobierno Nacional.

Estos subsidios se restablecerán cuando el usuario disminuya el consumo a los límites establecidos en el presente artículo.”

“Artículo 2.3.4.1.1.3. Objeto del subsidio. Podrá ser objeto del subsidio, la facturación correspondiente al valor del consumo básico de los beneficiarios del subsidio y los costos económicos para garantizar la disponibilidad permanente del servicio. Igualmente, los cargos por aportes de conexión domiciliaria, incluyendo la acometida y el medidor de los estratos 1, 2 y 3 podrán ser subsidiados (artículo 97 de la Ley 142 de 1994).”

Es de anotar que el artículo 104 antes transcrito, solo es aplicable a los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible distribuido por redes físicas.

En cuanto al gas combustible distribuido a través de tanques estacionarios o cilindros, es de señalar que el Decreto 847 de 2001[6], compilado en el Decreto Único Reglamentario 1073 de 2015, estableció en el numeral 1.4 del artículo 1o, la siguiente prohibición: “No habrá lugar al pago de contribución de solidaridad ni al otorgamiento de subsidios, cuando el gas combustible se distribuya a través de cilindros o de tanques estacionarios”, prohibición que si bien fue registrada en el artículo 2.2.2.1.4 del Decreto compilatorio, previamente había sido derogada por el Decreto 2195 de 2013[7], hoy vigente.

En efecto, a través de la expedición del Decreto 2195 de 2013, el Gobierno Nacional reglamentó la aplicación de subsidios al consumo de Gas Licuado del Petróleo – GLP distribuido mediante cilindros, y encargó al Ministerio de Minas y Energía, tanto su adjudicación, como el diseño e implementación de los programas piloto necesarios para el otorgamiento efectivo de dichos subsidios.

Con fundamento en ello, el Ministerio de Minas y Energía ha expedido, desde el año 2013, la siguiente reglamentación:

- Resolución MME 90855 del 08 de octubre de 2013 “Por la cual se reglamenta un Programa Piloto para la asignación de subsidios al consumo de GLP distribuido mediante cilindros.” (Derogada a la fecha).

- Resolución MME 90434 del 24 de abril de 2014 “Por la cual se establecen parámetros generales para el reconocimiento y pago de subsidios a usuarios por el consumo de GLP distribuido en cilindros.” (Derogada a la fecha).

- Resolución MME 90502 del 09 de mayo de 2014 “Por la cual se establece el procedimiento para el reconocimiento y pago de subsidios al consumo de GLP distribuido mediante cilindros.” (Derogada a la fecha).

- Resolución MME 90580 del 30 de mayo de 2014 “Por la cual se modifica el Artículo 2o de la Resolución 90434 del 24 de abril de 2014, mediante la cual se establecen parámetros generales para el reconocimiento y pago de subsidios a usuarios por el consumo de GLP distribuido en cilindros.” (Derogada a la fecha).

Resolución MME 40720 del 27 de julio de 2016 “Por la cual se establecen los lineamientos para el otorgamiento de subsidios al consumo de GLP distribuido en cilindros.” (Vigente).

- Resolución MME 40005 del 04 de enero de 2017 “Por el cual se modifica la resolución 40720 de 2016, por la cual se establecen los lineamientos para el otorgamiento de subsidios al consumo de GLP distribuido en cilindros.” (Derogada a la fecha).

- Resolución 40079 del 31 de enero de 2017 “Por la cual se adoptan medidas para el otorgamiento de subsidios al consumo de GLP distribuido en cilindros.” (Derogada a la fecha).

Resolución 40873 del 10 de diciembre de 2019 “Por la cual se modifica la Resolución 40720 de 2016, por la cual se establecen los lineamientos para el otorgamiento de subsidios al consumo de GLP distribuido en cilindros.” (Vigente).

De conformidad con la normativa expuesta, para el consumo de Gas Licuado del Petróleo distribuido por cilindro, el otorgamiento de subsidios se efectuará de acuerdo con las siguientes reglas:

- Se subsidiará un porcentaje del costo del consumo básico o de subsistencia, el cual fue definido por la Unidad de Planeación Minero Energético – UPME[8] en 14.6 Kg/mensual por usuario.

- El porcentaje a subsidiar, es: 50% a usuarios de estrato 1 y 40% a usuarios de estrato 2.

- Los beneficiarios son: (i) Las comunidades indígenas de los Departamentos de Caquetá, Nariño, Putumayo, San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Amazonas;

(ii) Los usuarios de estratos 1 y 2 de los Departamentos de Caquetá, Nariño, Putumayo, San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Amazonas; (iii) Las comunidades indígenas de los municipios del Departamento del Cauca, que hagan parte de las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales con jurisdicción en el Macizo Colombiano y (iv) Los usuarios de estratos 1 y 2 de las zonas rurales de los municipios del Departamento del Cauca, que hagan parte de las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales con jurisdicción en el Macizo Colombiano.

De esta manera, se puede afirmar que la aplicación de subsidios para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y gas combustible distribuido por redes, opera para todos los usuarios de estratos 1, 2 y 3 de manera homogénea y bajo las condiciones de cada sector; mientras que, en el caso del gas combustible distribuido en cilindros (GLP), los beneficiarios del mismo, se encuentran definidos por áreas geográficas y por sus características especiales.

2.3. Porcentajes máximos a subsidiar.

El numeral 99.5 del artículo 99 de la Ley 142 de 1994 señala que “Los subsidios no excederán, en ningún caso, del valor de los consumos básicos o de subsistencia (…)”.

Conforme a la anterior premisa legal, el Congreso de la República estableció los porcentajes de subsidio así:

- Sector Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

El artículo 125 de la Ley 1450 de 2011[9] dispone:

“Artículo 125. Subsidios y contribuciones para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Para efectos de lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 99 de la Ley 142 de 1994, para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, los subsidios en ningún caso serán superiores al setenta por ciento (70%) del costo del suministro para el estrato 1, cuarenta por ciento (40%) para el estrato 2 y quince por ciento (15%) para el estrato 3.”

- Sector energía eléctrica y gas combustible.

El artículo 1 de la Ley 1428 de 2010[10], prorrogado por el artículo 17 de la Ley 1753 de 2015, establece:

“Artículo 1. Aplicación de subsidios. La aplicación de subsidios al costo de prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica y de gas combustible para uso domiciliario distribuido por red de tuberías de los usuarios pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1 y 2 a partir del mes de enero de 2011 hasta diciembre de 2014, deberá hacerse de tal forma que el incremento tarifario a estos usuarios en relación con sus consumos básico o de subsistencia corresponda en cada mes como máximo a la variación del Índice de Precios al Consumidor; sin embargo, en ningún caso el porcentaje del subsidio será superior al 60% del costo de la prestación del servicio para el estrato 1 y al 50% de este para el estrato 2.

Los porcentajes máximos establecidos en el presente artículo no aplicarán para el servicio de energía eléctrica de las zonas no interconectadas.

(…) Este subsidio podrá ser cubierto con recursos de los Fondos de Solidaridad, aportes de la Nación y/o de las entidades territoriales.

Parágrafo. En los servicios públicos domiciliarios de energía y gas combustible por red de tuberías, se mantendrá en el régimen establecido en la Ley 142 de 1994 para la aplicación del subsidio del estrato 3.”

Ahora bien, para que se apliquen los porcentajes definidos en el artículo precedente, los usuarios beneficiarios deben observar la condición establecida en el artículo 104 de la Ley 1873 de 2017[11] que indica:

“Artículo 104. Subsidios de energía eléctrica y gas. Los estratos 1 y 2 tendrán derecho a los subsidios de energía y gas definidos en el artículo 3 de la Ley 1117 de 2006, modificado por el artículo 1 de la Ley 1428 de 2010 y prorrogado por el artículo 17 de la Ley 1753 de 2015, siempre y cuando el consumo total del usuario no exceda en un 50% el consumo básico o de subsistencia establecido por el Gobierno Nacional.

Estos subsidios se restablecerán cuando el usuario disminuya el consumo a los límites establecidos en el presente artículo.”

En lo que respecta a los porcentajes de subsidios para el gas combustible distribuido en cilindros (GLP), estos fueron establecidos por el Gobierno Nacional en el artículo 3 del Decreto 2195 de 2013 el cual precisa:

“Artículo 3. Monto máximo a subsidiar. El monto máximo a subsidiar por usuario será un porcentaje del costo del consumo básico o de subsistencia definido por la UPME que no podrá superar el 50% para el estrato 1 y el 40% para el estrato 2.

La asignación de estos subsidios queda condicionada a la disponibilidad presupuestal existente.”

Finalmente, vale indicar que en el artículo 2.2.3.1.2 del Decreto Único Reglamentario 1073 de 2015[12] se reglamentó el “consumo básico o de subsistencia” en los siguientes términos: “Es aquel que se destina a satisfacer las necesidades básicas de los usuarios de menores ingresos. Para los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible distribuido por red física, el consumo de subsistencia será el que de acuerdo con la ley establezca el Ministerio de Minas y Energía, por intermedio de la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME.”

3. CONTRIBUCIÓN DE SOLIDARIDAD

La contribución de solidaridad ha sido denominada en la Ley 142 de 1994 como “factor”, en la Ley 143 de 1994[13] se le nombró “contribución”, la Ley 223 de 1995[14] la llamó “sobretasa o contribución especial” y los Decretos 1077 y 1073 de 2015 la contemplan como “aportes solidarios” y “contribución de solidaridad”, respectivamente.

En todo caso, teniendo en cuenta que esta contribución se fundamenta en el principio constitucional de solidaridad y que su naturaleza jurídica es la de tributo, la denominación más concordante en materia de servicios públicos domiciliarios, es la de “contribución de solidaridad”.

La contribución de solidaridad ha sido entendida por la Corte Constitucional, a través de la sentencia C-086 de 1998, como un tributo con destinación específica, que se cobra a un grupo poblacional que tiene condiciones socioeconómicas semejantes, a través de un recargo o sobrecosto en la factura de servicios públicos domiciliarios.

Los sujetos pasivos de esta contribución son los usuarios de los servicios públicos domiciliarios, que se encuentran ubicados en los estratos 5 y 6, y los que estén clasificados como pertenecientes a los sectores comercial e industrial, mientras que la base gravable de este tributo, es el consumo que el usuario haga del respectivo servicio.

En cuanto a la tarifa, el numeral 89.1 del artículo 89 de la Ley 142 de 1994, señala que esta no podría ser mayor al 20% del valor del servicio. No obstante, para el sector de acueducto, alcantarillado y aseo este porcentaje resultó insuficiente para garantizar el balance entre subsidios y contribuciones, por lo que tuvo que ser ajustado, de tal manera que, para dicho sector, la tarifa no es determinada sino determinable, y los porcentajes mínimos de cada servicio se encuentran establecidos en el artículo 125 de la Ley 1450 de 2011.

Es de precisar que el artículo 125 aludido, indica también que el acto administrativo que adopte los porcentajes para la contribución de solidaridad, en los entes territoriales, tendrá una vigencia de cinco años; sin embargo, estos porcentajes podrán ser modificados antes de dicho término, si se hace necesario.

Por último, es pertinente indicar, que a través del Concepto Unificado No 33 de 2016, la Oficina Asesora Jurídica de esta Superintendencia, mediante doctrina unificada relacionada con la contribución de solidaridad, analizó aspectos tales como: los elementos del gravamen, las exenciones, la solicitud de exención, devoluciones, actos de facturación y extinción de la obligación, los cuales podrán ser consultados en el concepto mencionado.

4. METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL EQUILIBRIO ENTRE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES

Tanto en el sector de acueducto, alcantarillado y aseo, como en el de energía y gas combustible, independientemente del procedimiento legal establecido para lograr el equilibrio entre los subsidios y las contribuciones, la finalidad de establecer una metodología al respecto, es la de organizar, a nivel administrativo y financiero, la forma en que los recursos destinados a otorgar los subsidios son recaudados y transferidos.

Sector acueducto, alcantarillado y aseo.

4.1. Metodología para la determinación del equilibrio entre los subsidios y contribuciones para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

La solicitud de transferencia o el giro de subsidios, por parte de los prestadores a los entes territoriales o viceversa, debe ajustarse a la metodología que se encuentra prevista en el Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015[15] y debe realizarse cada año, con el propósito de asegurar que para cada uno de los servicios, el monto total de lo recaudado por contribución, sea suficiente para cubrir los subsidios que se otorgan en cada municipio o distrito y se mantenga el equilibrio, como bien lo señala el artículo 2.3.4.2.2. del aludido decreto.

La metodología prevista, supone la coordinación tanto de los prestadores como de los entes territoriales, tal como sigue:

- La comunicación contentiva de los requerimientos anuales de subsidios para cada servicio, así como los estimativos de recaudo por aporte solidario calculados por el respectivo prestador, debe ser dirigida al alcalde, por conducto de la dependencia que administre el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos - FSRI, (generalmente la Secretaría de Hacienda), conforme con la proyección de usuarios y consumos, la estructura tarifaria vigente, entre otros aspectos, antes del 15 de julio de cada año; es decir, realizar el estudio de costos y tarifas.

- El prestador debe determinar el valor de la diferencia entre el monto total de subsidios requeridos para cada servicio y la suma de los aportes solidarios a facturar, cuyo resultado representará el monto total de los recursos necesarios para obtener el equilibrio.

- Con base en la información anterior, el prestador debe solicitar el monto requerido para cada servicio a la alcaldía municipal o distrital.

- Posteriormente, el ente territorial procederá a analizar la información y a preparar un proyecto consolidado para ser presentado a discusión y aprobación del concejo quien, conjuntamente con la aprobación del presupuesto del respectivo ente territorial, definirá el porcentaje de aporte solidario necesario para solventar el faltante, teniendo en consideración, prioritariamente, los recursos con los que cuenta y puede contar el municipio o distrito en el FSRI, con base en las fuentes de recursos para contribuciones señaladas en la normativa única para el sector de Hacienda y Crédito Público y demás normas concordantes. Ha de tenerse en cuenta que “Tanto los factores de subsidio por estrato como el porcentaje o factor de Aporte Solidario en cada servicio, definidos por el Concejo, serán iguales para todas las personas prestadoras del mismo servicio en el municipio o distrito respectivo”.

Ahora, en lo que atañe a personas prestadoras cuyo ámbito de operación comprenda varios municipios o distritos, y cuyos servicios beneficien a usuarios a través de un sistema interconectado, los recursos provenientes de las contribuciones de solidaridad deberán constituir una bolsa común, para lo cual el artículo 2.3.4.3.3. del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, establece las siguientes reglas:

“a) Para cada municipio, la persona prestadora determinará los requerimientos máximos de subsidios de los usuarios de estratos 1 y 2 por ella atendidos, suponiendo un escenario de otorgamiento de subsidios correspondiente a los topes máximos establecidos por la ley;

b) Con base en el estimativo anterior, la persona prestadora calculará los requerimientos ajustados de subsidios, afectando el requerimiento máximo de subsidios de cada municipio por la relación entre la factura promedio sin subsidio ni contribución del municipio respectivo y la correspondiente al municipio con mayor factura promedio sin subsidio ni contribución, según los costos de referencia correspondientes, para lo cual se aplicará la siguiente fórmula: (…)”

4.1.1. Bolsa común de recursos para el otorgamiento de subsidios.

En el caso de municipios o distritos que cuenten con personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que atiendan a más de un municipio o distrito, existen una serie de reglas que deben atenderse para la distribución de los recursos que provienen de los aportes solidarios, las cuales no son aplicables a los mercados regionales declarados por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA.[16]

Los prestadores que ejecuten su actividad en municipios o distritos en donde sus suscriptores se beneficien de los servicios a través de un sistema interconectado, a efectos de distribuir los aportes solidarios, “conformarán una bolsa común de recursos para el otorgamiento de subsidios tarifarios, con las sumas provenientes de la aplicación de los factores de aporte solidario mínimos, establecidos en el artículo 125 de la Ley 1450 de 2011. Los recursos obtenidos se destinarán a cubrir los subsidios en el ámbito de operación del prestador”, en atención a lo dispuesto en el artículo 2.3.4.3.3. del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015.

Tal como lo indica la disposición reglamentaria, el objeto de la conformación de la bolsa, es la distribución de los aportes solidarios entre los suscriptores beneficiarios del prestador, en los municipios que conforman su ámbito de operación.

Ahora, en caso de que se verifiquen superávits en alguno de los mercados que atiende el prestador, dichos recursos serán devueltos a la bolsa común, para volver a aplicar el procedimiento de que trata la norma, incluyendo solamente a los municipios que aún presentan déficit, los cuales serán distribuidos en proporción al aporte inicial de cada municipio a la bolsa común, las veces que sean necesarias, hasta tanto se agoten los recursos superavitarios.

En todo caso, el parágrafo 2 del artículo 2.3.4.3.3. del Decreto Único reglamentario 1077 de 2015 señala que “En el evento que las sumas por contribución resulten superiores a las necesidades máximas de subsidio de los usuarios atendidos por la empresa prestadora en su ámbito de operación, el remanente deberá girarse a los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos de los Municipios y/o Distritos que conforman el ámbito de operación de la persona prestadora, en forma proporcional al monto del aporte solidario generado en cada uno de los municipios y/o distritos.”

- Sector energía eléctrica y gas combustible.

4.2. Metodología para la conciliación de cuentas de subsidios y contribuciones para los servicios de energía eléctrica y gas combustible.

El artículo 2.2.3.2.6.1.4. del Decreto Único Reglamentario 1073 de 2015, señala que para el sector de energía eléctrica el trámite es trimestral, y se realiza ante el Ministerio de Minas y Energía, a quien se le presenta la conciliación de sus cuentas de subsidios y contribuciones de solidaridad, el cual también requiere realizar unos estimativos, proyecciones, cruces y validaciones, para posteriormente efectuar el giro. Veamos:

“Artículo 2.2.3.2.6.1.4. Procedimiento interno. Las entidades prestadoras de servicios públicos, efectuarán y enviarán trimestralmente al Ministerio de Minas y Energía, la conciliación de sus cuentas de subsidios y contribuciones de solidaridad, de conformidad con lo dispuesto en este artículo y la metodología establecida por el Ministerio de Minas y Energía. (modificado por el art. 2o, Decreto 201 de 2004).

a) Liquidación, reportes y validación. Los comercializadores, autogeneradores y transportadores de energía eléctrica y de gas combustible distribuido por red física, efectuarán liquidación trimestral de subsidios y contribuciones por mercado de comercialización, según definiciones de Mercado de Comercialización para el servicio público de electricidad, Mercado de Comercialización para el servicio público de gas combustible distribuido por red física y Mercado de Comercialización en las Zonas no Interconectadas del presente decreto, con corte al último día de cada trimestre calendario, teniendo en cuenta los subsidios otorgados, las contribuciones facturadas, los giros recibidos de los comercializadores no incumbentes, incluyendo los rendimientos o intereses de mora, las transferencias del Presupuesto de la Nación y/o Entidades Territoriales por pagos por menores tarifas y los giros del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos.

Los comercializadores, autogeneradores y transportadores de energía eléctrica y de gas combustible distribuido por red física, deberán reportar al Fondo de Solidaridad - Ministerio de Minas y Energía, la conciliación trimestral de sus cuentas de subsidios y contribuciones, dentro de treinta (30) días calendario siguientes al cierre del respectivo trimestre, de conformidad con la metodología establecida por este Ministerio, anexando todos la información (sic) soporte requerida, para su validación.

El Ministerio emitirá su validación mediante comunicación escrita en el evento de no encontrar ninguna objeción. En caso contrario, los comercializadores podrán justificar las diferencias remitiendo al Ministerio la información aclaratoria dentro del mes siguiente a la fecha en la que reciba la comunicación escrita sobre el particular. Si transcurrido este plazo el Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos no recibe las aclaraciones que justifiquen la diferencia, la validación final se hará con base en la validación inicial realizada por el Ministerio de Minas y Energía, la cual quedará en firme.

Este Ministerio se reserva el derecho de efectuar las auditorías respectivas cuando lo estime necesario. En el caso de empresas que presenten un mayor superávit con la validación final, la diferencia entre el valor validado por el Ministerio de Minas y Energía y el reportado por la empresa deberá ser girada, junto con sus rendimientos, calculados de acuerdo con la tasa de corrección monetaria a partir del día siguiente del cierre del trimestre calendario respectivo, al comercializador incumbente o al Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos, según sea el caso, de acuerdo con las instrucciones establecidas por el Ministerio de Minas y Energía.

b) Giros. Los comercializadores de energía eléctrica y de gas combustible distribuido por red física, que al efectuar la liquidación trimestral por mercado de comercialización, presenten superávit, lo girarán de la siguiente manera:

i) Los comercializadores no incumbentes por mercado de comercialización, girarán al comercializador incumbente el respectivo superávit, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes al cierre del trimestre respectivo.

ii) Los comercializadores incumbentes girarán al Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes al cierre del trimestre respectivo.

iii) Los comercializadores no incumbentes que facturen contribuciones y no atiendan usuarios subsidiados deberán girar dicha contribución, dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la fecha de facturación, al comercializador incumbente por mercado de comercialización en el cual se encuentren los usuarios aportantes.

Parágrafo 1o. En caso de presentarse algún conflicto, el Ministerio de Minas y Energía, definirá los criterios para hacer la transferencia de los excedentes de las contribuciones de solidaridad y para la realización de los giros declarados no es necesario que medie comunicación alguna.

Parágrafo 2o. El incumplimiento de envío de la información dentro del plazo establecido de la liquidación trimestral, será reportado por el Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para lo pertinente a su función de vigilancia y control.

Parágrafo 3o. Los recursos que por mandato de la ley son propiedad del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos, deberán ser consignados en los plazos y cuentas definidos por el Ministerio de Minas y Energía o por quien aprobación de la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Parágrafo 4o. Excepto para el inciso iii) del literal b) del presente artículo, la totalidad de los rendimientos financieros generados por los superávit declarados, deberán ser girados a las empresas incumbentes o al Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos, calculados de acuerdo con la tasa de corrección monetaria a partir del día siguiente del cierre del trimestre calendario respectivo. Se causarán intereses moratorios de la legislación tributaria cuando los comercializadores, autogeneradores o transportadores de energía eléctrica y de gas combustible distribuido por red física, no hayan realizado los giros al comercializador incumbente o al Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos después de transcurridos los plazos establecidos en el literal b) de este artículo, para cada uno de los casos.

Parágrafo 5o. Conforme a lo previsto en el numeral 89.6 del artículo 89 de la Ley 142 de 1994, los incumplimientos derivados del recaudo de los recursos legalmente asignados al Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos serán sancionados, en lo pertinente, en los términos previstos en el Título III "Sanciones" del Libro Quinto del Decreto 624 de 1989, por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales.”

5. FONDOS DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS – FSRI

5.1. Naturaleza jurídica de los FSRI.

El origen de los fondos de solidaridad y redistribución de ingresos se encuentra en la Ley 142 de 1994 y fue el mismo legislador quien determinó que para el sector de acueducto, alcantarillado y aseo, la creación de estos es propia de los concejos, por lo que puede precisarse que son de carácter territorial, mientras que, para el sector de energía eléctrica y gas combustible, dicho fondo sería uno solo administrado por el Ministerio de Minas y Energía, de ahí que sea del orden nacional.

Tanto en uno como en otro sector, los fondos canalizan recursos públicos[17] y constituyen cuentas sin personería jurídica, dotadas de una contabilidad separada e independiente, para asegurar la finalidad específica a la cual se encuentran asociados, de tal suerte que no pueden hacer unidad de caja con los demás recursos del ente territorial o nacional.

En torno a la calidad de los recursos pertenecientes a los mencionados fondos y su necesaria incorporación a los mismos, como requisito para efectuar erogaciones con cargo a ellos, tanto la contribución que se aplica a los usuarios de los estratos altos, como los aportes directos, se contabilizan, registran e incorporan en los respectivos presupuestos de la Nación, los departamentos, los distritos y los municipios, según corresponda.

De lo anterior se infiere que la utilización de los recursos que hacen parte de los mencionados fondos, constituye gasto público social, y de acuerdo con el artículo 365 constitucional tiene prelación sobre cualquier otra erogación en la conformación de los respectivos presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales.

Por las mismas razones, los recursos de los fondos de solidaridad y redistribución de ingresos tienen destinación específica, pues su objeto es la concesión de subsidios, por lo que no podrán utilizarse para fines distintos a los previstos en la Constitución y en la ley, y tampoco puede predicarse su fenecimiento presupuestal.

- Sector acueducto, alcantarillado y aseo.

Los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos - FSRI en el sector de acueducto, alcantarillado y aseo, son “cuentas especiales dentro de la contabilidad de los municipios, distritos y departamentos, a través de las cuales se contabilizarán exclusivamente los recursos destinados a otorgar subsidios a los servicios públicos domiciliarios”[18], en consecuencia, su objetivo no es otro que canalizar los recursos destinados a sufragar subsidios.

Cabe precisar que, en este sector, “quienes hagan sus recaudos estarán sujetos a las normas sobre declaración y sanciones que se aplican a los retenedores en el Decreto 624 de 1989 y en las normas que lo sustituyan (…)”[19].

- Sector energía eléctrica y gas combustible.

En tratándose del sector de energía eléctrica y gas, el artículo 2.2.3.2.6.1.1 del Decreto Único Reglamentario 1073 de 2015[20], señala que “El Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos de la Nación - Ministerio de Minas y Energía, de que trata el artículo 89.3 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 4o de la Ley 632 de 2000 es un fondo cuenta especial de manejo de recursos públicos, sin personería jurídica, sujeto a las normas y procedimientos establecidos en la Constitución Nacional, el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación y las demás normas legales vigentes; cuenta en la cual se incorporarán en forma separada y claramente identificable para cada uno de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible distribuido por red física, los recursos provenientes de los excedentes de la contribución de solidaridad una vez se apliquen para el pago de la totalidad de los subsidios requeridos en las respectivas zonas territoriales.”

5.2. Fuentes de los recursos que se transfieren a los FSRI.

Sector acueducto, alcantarillado y aseo.

Para el sector de acueducto, alcantarillado y aseo, el artículo 2.3.4.1.3.14 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, señala las siguientes fuentes:

“Artículo 2.3.4.1.3.14. Fuentes de los recursos para otorgar los subsidios a través de los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos. Podrán utilizarse como fuentes para el otorgamiento de los subsidios las siguientes:

a) Los recursos provenientes de los aportes solidarios definidos en el artículo 2.3.4.1.1.1 de este capítulo, podrán ser administrados por las entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios;

b) Los recursos obtenidos de otros Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos del orden municipal, distrital y departamental;

c) Recursos provenientes de la participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación, tanto los correspondientes a libre inversión como los que deben destinarse al sector (Ley 60 de 1993);

d) Recursos provenientes del 10% del impuesto predial unificado al que se refiere el artículo 7 de la Ley 44 de 1990, para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo;

e) Recursos provenientes de las regalías por concepto de explotación de recursos naturales no renovables de propiedad del Estado, de acuerdo con la Ley 141 de 1994;

f) Recursos presupuestales de las entidades descentralizadas del orden nacional o territorial (artículo 368 de la Constitución Nacional);

g) Otros recursos presupuestales a los que se refiere el artículo 89.8 de la Ley 142 de 1994. En ningún caso se utilizarán recursos del crédito para atender subsidios (artículo 100 de la Ley 142 de 1994).”

- Sector energía eléctrica y gas combustible.

Para el sector de energía eléctrica y gas combustible, el artículo 2.2.3.2.6.1.8. del Decreto Único Reglamentario 1073 de 2015 prevé que “El Ministerio de Minas y Energía definirá los criterios con los cuales el Gobierno Nacional asignará los recursos del presupuesto nacional y del Fondo de Solidaridad destinados a sufragar los subsidios, teniendo en cuenta que también los Municipios, Departamentos y Distritos podrán incluir apropiaciones presupuestales para este fin.”

5.3. Superávits de los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos en los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.

Por superávits debe entenderse aquellos excedentes, por concepto de aportes solidarios o contribución de solidaridad, que deben ser trasladados por el prestador a los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos – FSRI.

Es decir que, si el requerimiento de subsidios es menor al recaudo de la contribución y por ello se genera un sobrante o remanente, éste debe ser transferido por el prestador al fondo correspondiente, para que sea distribuido conforme con la metodología prevista para tal fin.

Este procedimiento es denominado “Transferencias efectivas de las entidades prestadoras de los servicios públicos” y se encuentra previsto en el artículo 2.3.4.1.2.10. del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, en los siguientes términos:

“Artículo 2.3.4.1.2.10. Transferencias efectivas de las entidades prestadoras de los servicios públicos. Las transferencias efectivas de dinero de las entidades prestadoras de servicios públicos a los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos por concepto de "aportes solidarios" sólo ocurrirán cuando se presenten superávits, después de aplicar internamente los recursos necesarios para otorgar subsidios.

La entidad territorial y la empresa prestadora de servicios públicos definirán el mecanismo más idóneo para garantizar que la transferencia de que trata el inciso anterior se haga efectiva, estableciendo entre otros, los intereses de mora por el no giro oportuno.

Los superávits en empresas privadas o mixtas prestadoras de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, se destinarán a los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos del municipio, distrito o departamento correspondiente, y serán transferidos mensualmente, de acuerdo con los mecanismos que establezca la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.”

Esto significa que una vez girados los recursos al FSRI, este los repartirá a los prestadores que cumplan con las siguientes características, (i) que tengan déficit en subsidios; (ii) que sean de igual naturaleza y servicio, que el que origina el superávit; y (iii) que desarrollen sus actividades en la misma entidad territorial de la del prestador aportante.

Si continúa presentándose el excedente “(…) éstos se destinarán a Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos de municipios, distritos o departamentos limítrofes respectivamente, que hayan arrojado déficit para cubrir los subsidios, con destino a empresas de igual naturaleza y servicio que la que origina el superávit. Los repartos se harán de acuerdo a los mecanismos y criterios que establezca la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico”[21].

5.4. Superávits de los fondos de solidaridad para subsidios y redistribución de ingresos para los servicios de energía eléctrica y gas combustible distribuido por red física.

Conforme con la metodología prevista en el artículo 2.2.3.2.6.1.4. del Decreto Único Reglamentario 1073 de 2015, los prestadores de servicios públicos domiciliarios, efectuarán y enviarán trimestralmente al Ministerio de Minas y Energía, la conciliación de sus cuentas de subsidios y contribuciones de solidaridad, de conformidad con lo dispuesto en la norma y la metodología establecida por el Ministerio de Minas y Energía. La disposición mencionada establece:

“Artículo 2.2.3.2.6.1.4. Procedimiento interno. Las entidades prestadoras de servicios públicos, efectuarán y enviarán trimestralmente al Ministerio de Minas y Energía, la conciliación de sus cuentas de subsidios y contribuciones de solidaridad, de conformidad con lo dispuesto en este artículo y la metodología establecida por el Ministerio de Minas y Energía. (modificado por el artículo 2o Decreto 201 de 2004).

a) Liquidación, reportes y validación. Los comercializadores, autogeneradores y transportadores de energía eléctrica y de gas combustible distribuido por red física, efectuarán liquidación trimestral de subsidios y contribuciones por mercado de comercialización, según definiciones de Mercado de Comercialización para el servicio público de electricidad, Mercado de Comercialización para el servicio público de gas combustible distribuido por red física y Mercado de Comercialización en las Zonas no Interconectadas del presente decreto, con corte al último día de cada trimestre calendario, teniendo en cuenta los subsidios otorgados, las contribuciones facturadas, los giros recibidos de los comercializadores no incumbentes, incluyendo los rendimientos o intereses de mora, las transferencias del Presupuesto de la Nación y/o Entidades Territoriales por pagos por menores tarifas y los giros del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos.

Los comercializadores, autogeneradores y transportadores de energía eléctrica y de gas combustible distribuido por red física, deberán reportar al Fondo de Solidaridad - Ministerio de Minas y Energía, la conciliación trimestral de sus cuentas de subsidios y contribuciones, dentro de treinta (30) días calendario siguientes al cierre del respectivo trimestre, de conformidad con la metodología establecida por este Ministerio, anexando todos la información soporte requerida, para su validación.

El Ministerio emitirá su validación mediante comunicación escrita en el evento de no encontrar ninguna objeción. En caso contrario, los comercializadores podrán justificar las diferencias remitiendo al Ministerio la información aclaratoria dentro del mes siguiente a la fecha en la que reciba la comunicación escrita sobre el particular. Si transcurrido este plazo el Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos no recibe las aclaraciones que justifiquen la diferencia, la validación final se hará con base en la validación inicial realizada por el Ministerio de Minas y Energía, la cual quedará en firme. Este Ministerio se reserva el derecho de efectuar las auditorías respectivas cuando lo estime necesario.

En el caso de empresas que presenten un mayor superávit con la validación final, la diferencia entre el valor validado por el Ministerio de Minas y Energía y el reportado por la empresa deberá ser girada, junto con sus rendimientos, calculados de acuerdo con la tasa de corrección monetaria a partir del día siguiente del cierre del trimestre calendario respectivo, al comercializador incumbente o al Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos, según sea el caso, de acuerdo con las instrucciones establecidas por el Ministerio de Minas y Energía.

b) Giros. Los comercializadores de energía eléctrica y de gas combustible distribuido por red física, que al efectuar la liquidación trimestral por mercado de comercialización, presenten superávit, lo girarán de la siguiente manera:

i) Los comercializadores no incumbentes por mercado de comercialización, girarán al comercializador incumbente el respectivo superávit, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes al cierre del trimestre respectivo.

ii) Los comercializadores incumbentes girarán al Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes al cierre del trimestre respectivo.

iii) Los comercializadores no incumbentes que facturen contribuciones y no atiendan usuarios subsidiados deberán girar dicha contribución, dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la fecha de facturación, al comercializador incumbente por mercado de comercialización en el cual se encuentren los usuarios aportantes.

Parágrafo 1o. En caso de presentarse algún conflicto, el Ministerio de Minas y Energía, definirá los criterios para hacer la transferencia de los excedentes de las contribuciones de solidaridad y para la realización de los giros declarados no es necesario que medie comunicación alguna.

Parágrafo 2o. El incumplimiento de envío de la información dentro del plazo establecido de la liquidación trimestral, será reportado por el Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para lo pertinente a su función de vigilancia y control.

Parágrafo 3o. Los recursos que por mandato de la ley son propiedad del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos, deberán ser consignados en los plazos y cuentas definidos por el Ministerio de Minas y Energía o por quien este designe como administrador del Fondo. Dichas cuentas deberán contar con la aprobación de la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Parágrafo 4o. Excepto para el inciso iii) del literal b) del presente artículo, la totalidad de los rendimientos financieros generados por los superávit declarados, deberán ser girados a las empresas incumbentes o al Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos, calculados de acuerdo con la tasa de corrección monetaria a partir del día siguiente del cierre del trimestre calendario respectivo.

Se causarán intereses moratorios de la legislación tributaria cuando los comercializadores, autogeneradores o transportadores de energía eléctrica y de gas combustible distribuido por red física, no hayan realizado los giros al comercializador incumbente o al Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos después de transcurridos los plazos establecidos en el literal b) de este artículo, para cada uno de los casos.

Parágrafo 5o. Conforme a lo previsto en el numeral 89.6 del artículo 89 de la Ley 142 de 1994, los incumplimientos derivados del recaudo de los recursos legalmente asignados al Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos serán sancionados, en lo pertinente, en los términos previstos en el Título III “Sanciones” del Libro Quinto del Decreto 624 de 1989, por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales.

De conformidad con lo anterior, si luego de la validación final efectuada por el Ministerio, los comercializadores, autogeneradores y transportadores de energía eléctrica y de gas combustible distribuido por red física, presentan superávit, la diferencia deberá ser girada con sus rendimientos, calculados de acuerdo con la tasa de corrección monetaria, a partir del día siguiente del cierre del trimestre calendario respectivo, al comercializador incumbente o al Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos, según sea el caso, de acuerdo con las instrucciones establecidas por el Ministerio de Minas y Energía.

Por su parte, los comercializadores de energía eléctrica y de gas combustible distribuido por red física, que al efectuar la liquidación trimestral por mercado de comercialización, presenten superávit, deberán realizar el giro de acuerdo con el procedimiento para “Giros” previsto en el Decreto Único Reglamentario 1073 de 2015, trámite dentro del cual se destaca, que “Excepto para el inciso iii) del literal b) del presente artículo, la totalidad de los rendimientos financieros generados por los superávit declarados, deberán ser girados a las empresas incumbentes o al Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos, calculados de acuerdo con la tasa de corrección monetaria a partir del día siguiente del cierre del trimestre calendario respectivo”.

Incluso así lo ratifica el artículo 2.2.3.2.6.1.5. ibídem, al indicar que los sujetos responsables de la facturación y recaudo de la contribución de solidaridad, deberán transferir los superávits del valor de la contribución, sujetándose a las instrucciones que para el efecto indique el Ministerio de Minas y Energía - Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos.

Ahora, de la lectura del artículo 2.2.3.2.6.1.10. del mismo Decreto, se infiere que las transferencias efectivas de dinero de las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios al Fondo, sólo puede ocurrir en tales casos de superávits “después de compensar internamente los recursos necesarios para otorgar subsidios, las contribuciones facturadas en su Mercado de Comercialización y las recibidas de otros comercializadores, del Presupuesto Nacional, de los presupuestos departamentales, distritales o municipales y/o del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos con el monto de los subsidios facturados en un trimestre.”

6. TRANSFERENCIA O GIRO DE SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO A LAS PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

El numeral 99.8 del artículo 99 de la Ley 142 de 1994 señala que “Cuando los Concejos creen los fondos de solidaridad para subsidios y redistribución de ingresos y autoricen el pago de subsidios a través de las empresas pero con desembolsos de los recursos que manejen las tesorerías municipales, la transferencia de recursos se hará en un plazo de 30 días, contados desde la misma fecha en que se expida la factura a cargo del municipio. Para asegurar la transferencia, las empresas firmarán contratos con el municipio.”

Los recursos destinados a otorgar subsidios y que provengan de las tesorerías de las entidades territoriales, deberán ceñirse en su manejo a lo que se estipule en el contrato que para el efecto suscriba el municipio, distrito o departamento y los prestadores de los servicios públicos domiciliarios, en el que, entre otras estipulaciones, se establecerán intereses de mora.

La facturación, por parte de los prestadores, es un supuesto necesario para que tengan derecho a la transferencia de los recursos, por lo que es ineludible para la entidad territorial que ha apropiado los recursos, proceder al giro de los mismos, previo recibo de la factura correspondiente.

Ahora bien, en el sector de energía eléctrica y gas combustible, “(…) no se podrán pagar subsidios con recursos provenientes del Presupuesto Nacional o del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos a aquellas empresas que no entreguen la información en la oportunidad y de acuerdo con la metodología que establezca el Ministerio de Minas y Energía”[22].

Tal condición se encuentra en consonancia con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 99 de la Ley 142 de 1994, según el cual, “(…) Los subsidios mencionados en este artículo no podrán ser girados a los prestadores del servicio que no hayan reportado oportunamente la información solicitada a través del Sistema Único de Información, SUI”. De ahí que la falta de reporte oportuno a este sistema, en las condiciones establecidas por la Superservicios, y en ocasiones, por el Ministerio de Minas y Energía y la Superservicios, se erige como una limitación al giro de los recursos en el sector energético.

Para el efecto, la Superservicios y el Ministerio de Minas y Energía (MME), suscribieron la Circular Externa Conjunta No 20201000000304 del 23 de diciembre de 2020, expedida con el propósito de establecer especificaciones sobre la información que los prestadores ubicados en zonas no interconectadas, deben reportar al SUI.

En dicha Circular, se reconoció que de acuerdo con el numeral 99.10 del artículo 99 de la Ley 142 de 1994, los subsidios del sector eléctrico para las Zonas No Interconectadas (ZNI), se otorgan de conformidad con lo establecido por el MME y, que los mismos no pueden ser girados a los prestadores del servicio que no hayan reportado oportunamente la información solicitada a través del SUI.

En atención a esta conclusión, la Superservicios y el Ministerio determinaron a través de la referida Circular, cuáles son los formatos que contienen la información necesaria para la asignación de subsidios en las ZNI, por parte de dicho Ministerio. En ese sentido, se fijaron tanto los criterios, como la información mínima necesaria que deben reportar los prestadores, a fin de cumplir sus obligaciones y poder ser acreedores a los subsidios correspondientes.

Ahora bien, al margen de la regla especial explicada anteriormente, por el carácter asistencial de los subsidios, su transferencia no se restringiría cuando se presenten los siguientes aspectos:

- La naturaleza jurídica o constitución del prestador. Pese a que la mayoría de disposiciones se encuentran referidas a las “empresas”, bajo el entendido de la habilitación contemplada en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994, todas las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, que cumplan con las previsiones legales establecidas para el efecto, pueden recibir los recursos destinados al otorgamiento de subsidios, dentro de las cuales se incluyen las “asociaciones de usuarios”, puesto que estas atienden al concepto de organización autorizada.

- El suministro de agua potable como requisito para otorgarlos. Para que se pueda hablar de prestación del servicio de acueducto, como bien lo señala el numeral 14.22 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994, el agua que se suministra debe ser potable, esto es, apta para el consumo humano. Sin embargo, existen prestadores que, a pesar de no dar cumplimiento a dicha obligación legal, efectúan el suministro a través de redes, y por ende efectúan el cobro del “servicio”, haciéndose por tal causa los usuarios, acreedores a la aplicación de los subsidios pertinentes. Por tal razón, es claro que la circunstancia que realmente determina el derecho a efectuar el requerimiento de recursos al municipio, es justamente la facturación que da cuenta de los subsidios aplicados.

Si bien en dicho contexto no se acreditan la totalidad de los requisitos para la prestación de servicio, bajo las condiciones convencionales del régimen de los servicios públicos, lo cierto es que tales aspectos son objeto de vigilancia por parte de la Superservicios, en atención a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994, dado que efectivamente se presta un servicio público, independientemente de las condiciones en que lo haga el prestador del servicio.

- La ausencia de reportes oportunos de la información solicitada por la Superservicios, en el Sistema Único de Información – SUI, por parte de los prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, no es causal para que no se realice el giro de los recursos para subsidios. Lo anterior, sin perjuicio de la regla especial que aplica para el sector energético y de gas combustible, ya mencionada.

- La ausencia de estratificación socioeconómica tampoco supone una excusa o motivo suficiente para la no transferencia de recursos, puesto que, a falta de decreto municipal o distrital de estratificación socioeconómica, los prestadores de los servicios públicos domiciliaros, tienen la facultad de adoptar decisiones provisionales en materia de estratificación de inmuebles residenciales, con fundamento en lo dispuesto en el parágrafo del artículo 6 de la Ley 732 de 2002[23].

- Las situaciones relativas a la falta de suscripción de convenio para la transferencia de subsidios, la toma de posesión de prestadores y la mora en el pago de los servicios, tampoco tienen el poder de restringir el acceso de los usuarios de menores recursos, a los subsidios.

Desde esta óptica, cabe advertir que si el municipio o distrito es renuente a efectuar el giro de los subsidios o no apropia los recursos necesarios para otorgarlos, surge para el ente territorial una deuda que faculta al prestador de los servicios públicos para acudir a los medios legales que considere pertinentes, para hacer efectiva la transferencia a la que por ley tiene derecho, sin que esta Superintendencia pueda entrar a pronunciarse sobre tales aspectos, ya que los mismos le incumben exclusivamente al prestador, y por ende, no hacen parte de la órbita de competencia de esta entidad.

Ahora, importante resulta señalar que, en materia de energía eléctrica y gas combustible, “Cuando la entidad prestadora que se ha ceñido a las exigencias legales y regulatorias, estime que el monto de las contribuciones, de los recursos del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos y las apropiaciones del presupuesto de la Nación, de los Departamentos, de los Distritos y de los Municipios, no sean suficientes para cubrir la totalidad de los subsidios previstos, podrá tomar medidas necesarias para que los usuarios cubran los costos de prestación del servicio”[24].

6.1. Celebración de contratos para la transferencia de subsidios.

En lo que atañe al sector de acueducto, alcantarillado y aseo, el artículo 2.3.4.1.2.11. del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, reitera la previsión contenida en el numeral

99.8. del artículo 99 de la Ley 142 de 1994, que permite inferir que la suscripción de los contratos o convenios -como se denominan algunos en la práctica-, para asegurar la transferencia de recursos con el fin de otorgar subsidios, surge de una obligación legal y tiene por finalidad la transferencia de dichos recursos. Este tipo de negocio jurídico es una modalidad especial no tipificada, ni en el derecho público ni en el privado, por lo que su operatividad corresponde a la entera autonomía de las partes.

Sobre la suscripción de los convenios o contratos de esta naturaleza, ni los municipios o distritos ni los prestadores, no pueden excusarse en la inexistencia de tales acuerdos contractuales, para incumplir sus obligaciones constitucionales y legales tendientes a efectuar el giro de recursos presupuestales y el consecuente otorgamiento de subsidios, puesto que tales recursos se encuentran constitucionalmente protegidos y destinados a un fin específico, razón por la cual, si los recursos han sido apropiados por el municipio o el distrito y el prestador a través de una cuenta de cobro o una factura, le solicita el giro de estos recursos, es procedente la entrega de los mismos, aunque no se hubiere suscrito el convenio referido. Lo anterior, sin perjuicio de las actuaciones disciplinarias a que haya lugar.

No obstante, resulta importante señalar que teniendo en cuenta que dicho contrato garantiza el cumplimiento de prerrogativas constitucionales, y al margen de que prevalezca la voluntad de las partes en el acuerdo, cobros por concepto de margen de administración de dichos recursos por parte del prestador, no pueden ser trasladados a los usuarios.

7. OTROS FONDOS O FONDOS ESPECIALES

La Ley 142 de 1994 solo estableció la obligación de crear los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos – FSRI, desarrollado previamente; sin embargo, en los diferentes sectores de los servicios públicos domiciliarios, se han creado otros fondos con objetivos previamente definidos por el ordenamiento jurídico vigente.

Es así como en el sector eléctrico, se pueden señalar, entre otros, los siguientes, (i) Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas – FAER; (ii) Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas no Interconectadas – FAZNI; (iii) Fondo de Energía Social – FOES; y (iv) Fondo de Energías no Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía – FENOGE.

Es de precisar que, en virtud de lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994, la Superservicios tiene dentro de sus funciones “Vigilar que los subsidios presupuestales que la Nación, los departamentos y los municipios destinan a las personas de menores ingresos, se utilicen en la forma prevista en las normas pertinentes.”

No obstante, dicha función no pretende que la Superservicios ejerza su inspección, vigilancia y control sobre los fondos propiamente dichos. A manera de ejemplo, se puede indicar que, en el caso de los fondos creados para el sector energético, la misma disposición legal o reglamentaria que los crea, precisa que corresponde al Ministerio de Minas y Energía administrarlos, lo que incluye emitir directrices sobre el manejo de los recursos, velar por el adecuado y oportuno recaudo, solicitar información de calidad, revisarla y validarla, y girar los recursos, entre otras actividades.

Con fundamento en lo precedente, pretender que la Superservicios ejerza la inspección, vigilancia y control sobre los fondos del sector energético, llevaría a concluir que esta Superintendencia despliega sus funciones sobre el Ministerio de Minas y Energía, situación que no está contemplada en la estructura de la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional. Así las cosas, es de precisar que las competencias del Ministerio de Minas y Energía y de la Superservicios, se encuentran plenamente diferenciadas y, además, son complementarias en lo referente a las reglas sobre los distintos subsidios creados por diferentes leyes y sus respectivas fuentes de financiación.

Ahora bien, lo que sí le corresponde a la Superservicios, de acuerdo a la función encomendada, arriba transcrita, y en relación con los fondos de cualquier sector incluyendo los FSRI, es inspeccionar, vigilar y controlar que los prestadores cumplan con las obligaciones que el ordenamiento jurídico les impone, en relación con los recursos que deban girar con destino a dichos fondos, o las actividades que les imponga el recibir recursos de los mismos, siempre que los recursos del fondo tengan características de subsidio; de lo contrario, si los recursos no ostentaran la calidad de subsidios, no le asiste a esta Superintendencia competencia para desplegar sus funciones de supervisión.

7.1 Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas – FAER.[25]

El Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas – FAER, se creó a través de la Ley 788 de 2002 y está reglamentado en el Decreto Único Reglamentario 1073 de 2015. El artículo de creación dispone:

“Artículo 105. Por cada kilovatio/hora despachado en la bolsa de energía mayorista, el Administrador del Sistema de Intercambio Comerciales (ASIC), recaudará un peso ($1.00) moneda corriente, con destino al Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas.

El valor será pagado por los dueños de los activos del STN y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2009 y se indexará anualmente con el índice de Precios al Productor (IPP) calculado por el Banco de la República. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) adoptará los ajustes necesarios a la regulación vigente para hacer cumplir el artículo.

El Fondo conformado por estos recursos será administrado por el Ministerio de Minas y Energía o por quien él delegue.

Parágrafo 1o. A partir de la vigencia de esta ley el Gobierno Nacional no podrá disponer de los recursos recaudados para fondos de apoyo a zonas no interconectadas e interconectadas creados en la Ley 633 de 2000 y en esta ley, para adquirir con ellos títulos de tesorería TES o cualquier otro tipo de bonos, ni podrá su ejecución ser aplazada ni congelada.”

El FAER es una cuenta especial sin personería jurídica, administrada por el Ministerio de Minas y Energía, que tiene como objetivo ampliar la cobertura y la demanda de energía eléctrica en las zonas rurales interconectadas, a través de planes de normalización de redes o construcción e instalación de nueva infraestructura eléctrica para que los entes territoriales, con apoyo de los prestadores del servicio de energía eléctrica, presenten y obtengan la viabilidad de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME.

Los recursos del FAER provienen de la tarifa legal recaudada por cada kilovatio/hora despachado en la Bolsa de Energía Mayorista, la cual es pagada por los dueños de los activos del Sistema de Transmisión Nacional, STN, y que se liquida y cobra por el Administrador del Sistema de Intercambio Comerciales - ASIC.

Este Fondo cuenta con un Comité de Administración, conformado así:

- Por el Ministro de Minas y Energía, quien lo presidirá, o su delegado.

- Por el Viceministro de Energía o su delegado.

- Por el Director de Energía del Ministerio de Minas y Energía.

Los planes, programas o proyectos que se financien con cargo a los recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas – FAER, se consideran inversión social.

Por último, este fondo tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2009; sin embargo, esta vigencia se ha ido ampliando, la última se registra en el artículo 21 de la Ley 1955 de 2019 que la prorrogó hasta 31 de diciembre de 2030.

7.2 Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas no Interconectadas – FAZNI.[26]

El Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas no Interconectadas – FAZNI, se creó a través de la Ley 633 de 2000 y está reglamentado en el Decreto Único Reglamentario 1073 de 2015. El artículo 81 y 82 de dicha Ley establecen:

“Artículo 81. Por cada kilovatio/hora despachado en la Bolsa de Energía Mayorista, el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC), recaudará un peso ($1.00) m/cte, con destino al Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas no Interconectadas. Este valor será pagado por los agentes generadores de energía y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2007 y se indexará anualmente con el índice de precios al productor (IPP) calculado por el Banco de la República. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) adoptará los ajustes necesarios a la regulación vigente para hacer cumplir este artículo.

Artículo 82. Naturaleza del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas no Interconectadas. El Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas no Interconectadas es un fondo cuenta especial de manejo de recursos públicos y privados, sin personería jurídica, sujeto a las normas y procedimientos establecidos en la Constitución Política, el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación y las demás normas legales vigentes aplicables al mismo. A este Fondo también podrán ingresar los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación y los que canalice el Gobierno Nacional de diferentes fuentes públicas y privadas, nacionales e internacionales.”

El FAZNI es un fondo cuenta especial sin personería jurídica, del Ministerio de Minas y Energía, que tiene como objetivo ampliar la cobertura y la demanda de energía eléctrica en las zonas no interconectadas, a través del financiamiento de planes, programas y proyectos de inversión, para nueva infraestructura energética o rehabilitación de la existente, en dichas zonas.

Los recursos del FAZNI provienen de la tarifa legal recaudada por cada kilovatio/hora despachado en la Bolsa de Energía Mayorista, tarifa que es pagada por los generadores de energía y se liquida y cobra por el Administrador del Sistema de Intercambio Comerciales - ASIC.

Este Fondo cuenta con un Comité de Administración, conformado así:

- Por el Ministro de Minas y Energía, quien lo presidirá, o su delegado.

- Por el Viceministro de Energía o su delegado.

- Por el Director de la UPME o su delegado.

Es de precisar que los recursos que maneja este fondo son públicos y privados.

Por último, este fondo tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2007; sin embargo, esta vigencia se ha ido ampliando, la última se registra en el artículo 21 de la Ley 1955 de 2019 que la prorrogó hasta 31 de diciembre de 2030.

7.3 Fondo de Energía Social – FOES.[27]

El Fondo de Energía Social – FOES, se creó a través de la Ley 812 de 2003 y está reglamentado en el Decreto Único Reglamentario 1073 de 2015. El artículo 118 de dicha Ley dispone:

Artículo 118. Energía social. El Ministerio de Minas y Energía creará, en un plazo de tres (3) meses, contados a partir de la vigencia de la presente ley, un Fondo de Energía Social como un sistema de cuenta especial, con el objeto de cubrir hasta cuarenta pesos ($40) por kilovatio hora del valor de la energía eléctrica destinada al consumo de los usuarios ubicados en zonas de difícil gestión, áreas rurales de menor desarrollo, incluida sus cabeceras municipales, y en zonas subnormales urbanas todas las cuales definirá el Gobierno Nacional.

A este fondo ingresarán los recursos para cubrir hasta el valor señalado los cuales provendrán del ochenta por ciento (80%) de las rentas de congestión calculadas por el ASIC como producto de las exportaciones de energía eléctrica a los países vecinos dentro de los Convenios de la Comunidad Andina de Naciones.

El Ministerio de Minas y Energía reglamentará el manejo y la administración de estos recursos, así como la periodicidad de los desembolsos a las empresas comercializadoras que atienden a los usuarios definidos en este artículo.

Parágrafo 1. El valor cubierto se reajustará anualmente con el Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE.

Parágrafo 2. Los comercializadores reflejarán el menor valor de la energía en la factura de cobro correspondiente al período siguiente a aquel en que reciban efectivamente las sumas giradas por el Fondo de Energía Social y en proporción a las mismas.

Parágrafo 3. La cantidad de demanda de energía total cubierta por este fondo será como máximo un ocho por ciento (8%) del total de la demanda de energía en el sistema interconectado nacional. Este porcentaje dependerá de la cantidad de recursos disponibles.

Parágrafo 4. La vigencia de este fondo expirará cuando ocurra el primero de los siguientes eventos.

1. El agotamiento de las rentas de congestión.

2. El cumplimiento del término de ocho (8) años, contados a partir de la vigencia de la presente ley.

Parágrafo 5. Para todos los efectos los recursos del fondo de energía social se consideran inversión social en los términos definidos en la Constitución Política y en la presente ley.

El Gobierno reglamentará lo dispuesto en este artículo.”

La vigencia del FOES ha sido prorrogada con el paso del tiempo, por lo que la disposición que le otorga vigencia a la fecha, se encuentra contenida en el artículo 190 de la Ley 1753 de 2015, que establece:

“Artículo 190. Fondos Eléctricos (…)

Así mismo, el Fondo Energía Social (FOES), administrado por el Ministerio de Minas y Energía como un sistema especial de cuentas, a partir del 1o de enero de 2016 cubrirá hasta noventa y dos pesos ($92) por kilovatio hora del valor de la energía eléctrica destinada al consumo de subsistencia de los usuarios residenciales de estratos 1 y 2 en las áreas rurales de menos desarrollo, zonas de difícil gestión y barrios subnormales.

Al FOES ingresarán los recursos provenientes del ochenta por ciento (80%) de las Rentas de Congestión calculadas por el ASIC, como producto de las exportaciones de energía eléctrica y recursos del Presupuesto General de la Nación cuando aquellos resulten insuficientes para financiar el 50% del subsidio cubierto por el FOES.

Adicionalmente, a partir del 1 de enero de 2016, al FOES ingresarán también los recursos que recaude el ASIC correspondiente a no más de dos pesos con diez centavos ($2.10) por kilovatio hora transportado, con el fin de financiar el 50% restante.

El consumo de energía total cubierto por el FOES no excederá del ocho por ciento (8%) del consumo total de energía en el Sistema Interconectado Nacional. Este porcentaje dependerá de la cantidad de recursos disponibles.

Los comercializadores indicarán el menor valor de la energía subsidiada en la factura de cobro correspondiente al período siguiente a aquel en que reciban efectivamente las sumas giradas por el FOES y en proporción a las mismas. Dichas sumas solo podrán ser aplicadas al consumo corriente de energía de los usuarios y no podrá destinarse para consumos mayores al consumo de subsistencia vigente. (…)

El manejo de los recursos del FAER, del Prone, del FOES y del Fazni será realizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y los mismos se considerarán inversión social, en los términos de la Constitución Política y normas orgánicas de presupuesto. El Gobierno dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expedición de esta ley, expedirá los decretos reglamentarios necesarios para ajustar la focalización, adjudicación y seguimiento de los recursos de dichos fondos.”

El FOES es un fondo especial del orden nacional, administrado por el Ministerio de Minas y Energía, que tiene como objetivo cubrir una parte del valor del kilovatio hora consumida por los usuarios residenciales de estrato 1 y 2 de las áreas rurales de menor desarrollo, zonas de difícil gestión y barrios no legalizados.

El Ministerio de Minas y Energía gira los recursos del FOES a los prestadores, quienes vía factura distribuyen el beneficio a los usuarios registrados en las áreas especiales.

Por último, es necesario precisar que los recursos de este fondo se consideran de inversión social.

7.4 Programa de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE[28]

El PRONE fue el nombre que se le dio al Programa de Normalización de Redes Eléctricas, autorizado al Gobierno Nacional, a través del artículo 1 de la Ley 1117 de 2006 y posteriormente reglamentado y compilado en el Decreto Único Reglamentario 1073 de 2015.

Con este programa de normalización, el Gobierno Nacional financia planes, programas o proyectos elegibles para (i) legalizar a los usuarios y (ii) adecuar las redes a los reglamentos técnicos vigentes, en aquellos barrios denominados subnormales del Sistema Interconectado Nacional.

Este programa se financia con recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER (hasta un 20% de los recursos del Fondo) y con la contribución creada por el artículo 104 de la Ley 1450 de 2011 ($1*kw/h transportado).

Esta contribución es liquidada y recaudada por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales - ASIC, quien a su vez, entrega las sumas recaudadas, dentro de los 3 días siguientes a su recibo, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público; de igual forma, presenta mensualmente al Ministerio de Minas y Energía, una relación de las sumas liquidadas y recaudadas, para que esta cartera verifique el cumplimiento de las obligaciones por parte del los propietarios de los activos del Sistema de Transmisión y del ASIC.

El PRONE tiene un Comité de Administración integrado por:

- El Ministerio de Minas y Energía - que lo preside;

- El Viceministro de Energía o su delegado y

- El Director de Energía del Ministerio de Minas y Energía.

Dicho Comité tiene dentro de sus funciones (i) aprobar la priorización de proyectos, planes o programas y (ii) determinar los mecanismos para la interventoría de los proyectos a ejecutarse.

7.5 Fondo de Energías no Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía – FENOGE.[29]

El Fondo de Energías no Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía – FENOGE, fue creado por la Ley 1715 de 2014, sus recursos serán aportados por la Nación, las entidades públicas o privadas, y organismos multilaterales o internacionales.

Su objetivo es financiar programas y proyectos dirigidos a usuarios de estratos 1, 2 y 3, relacionados con autogeneración a pequeña escala y gestión eficiente de la energía.

Su administración estará a cargo del patrimonio autónomo que se constituya en virtud del contrato de fiducia mercantil, suscrito por el Ministerio de Minas y Energía con la entidad fiduciaria escogida.

REFERENCIAS NORMATIVAS APLICABLES

Constitución Política Ley 142 de 1994

Ley 143 de 1994

Ley 223 de 1995

Ley 633 de 2000

Ley 788 de 2002

Ley 1117 de 2006

Ley 1425 de 2010

Ley 1450 de 2011

Ley 1437 de 2011

Ley 812 de 2003

Ley 1715 de 2014

Ley 1753 de 2015

Ley 1873 de 2017

Decreto Único Reglamentario 1073 de 2015

Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015

 

ANA KARINA MÉNDEZ FERNÁNDEZ

Jefe Oficina Asesora Jurídica

 

<NOTAS DE PIE DE PÁGINA>.

1. “ARTÍCULO 367. La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos…”

2. ARTICULO 368. La Nación, los departamentos, los distritos, los municipios y las entidades descentralizadas podrán conceder subsidios, en sus respectivos presupuestos, para que las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que cubran sus necesidades básicas.”

3. Corte Constitucional. Sentencia C - 086 de 1998.

4. “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.

5. Núm. 2.2., art. 2 y núm. 3.7, art. 3, núm. 5.3, art, 5, núm. 11.3, art. 11 y art. 97, Ley 142 de 1994.

6. “Por el cual se reglamentan las Leyes 142 y 143 de 1994, 223 de 1995, 286 de 1996 y 632 de 2000, en relación con la liquidación, cobro, recaudo y manejo de las contribuciones de solidaridad y de los subsidios en materia de servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible distribuido por red física.”

7. “Por el cual se establece el otorgamiento de subsidios al consumo de GLP distribuido por cilindros.”

8. Unidad de Planeación Minero Energética – UPME. Definición de Criterios Técnicos para la Determinación del Consumo de Subsistencia de GLP y Propuesta Metodológica para la Aplicación de Subsidios. Octubre.2013. (Véase Evaluación al Programa Piloto de Subsidios al consumo de GLP del Ministerio de Minas y Energía https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/607224/EvaluacionProgramaPilotoSubsidioV2_pdf.pdf)

9. “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014”.

10. “Por la cual se modifica el artículo 3 de la Ley 1117 de 2006.”

11. “Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.”

12. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía.”

13. “Por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones en materia energética”.

14. “Por la cual se expiden normas sobre racionalización tributaria y se dictan otras disposiciones”

15. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”

16. Ver Decreto MVCT 631 de 2017 que adicionó un parágrafo al art. 2.3.4.3.1 del Decreto 1077 de 2015.

17. En el sector de acueducto, alcantarillado y aseo el artículo 2.3.4.1.2.1.13 del Decreto 1077 de 2015.

18. Art. 4, Decreto 565 de 1996, compilado en el Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015

19. Art. 2.3.4.1.2.13, Decreto 1077 de 2015.

20. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía”.

21. Art. 2.3.4.1.4.15., Decreto 1077 de 2015

22. Parágrafo 1, art. 2.2.3.2.6.1.8, Decreto 1073 de 2015.

23. “Por la cual se establecen nuevos plazos para realizar, adoptar y aplicar las estratificaciones socioeconómicas urbanas y rurales en el territorio nacional y se precisan los mecanismos de ejecución, control y atención de reclamos por el estrato asignado”.

24. Parágrafo. 2, art. 2.2.3.2.6.1.8., Decreto 1073 de 2015.

25. Véase artículo 2.2.3.3.1.1 y siguientes del Decreto 1073 de 2015.

26. Véase artículo 2.2.3.3.2.1 y siguientes del Decreto 1073 de 2015.

27. Véase artículo 2.2.3.3.4.1 y siguientes del Decreto 1073 de 2015.

28. Véase artículo 2.2.3.3.3.1.1 y siguientes del Decreto 1073 de 2015.

29. Véase artículo 2.2.3.3.5.1 y siguientes del Decreto 1073 de 2015.