Gas Natural

DOCUMENTO CONPES 4129

Fecha de aprobación 21 DIC.2023./Última Actualización 12 ENE 2023.

Para ver documento completo haga clic aquí

Política Nacional de Reindustrialización

Resumen Ejecutivo

"Colombia tiene una baja generación de valor agregado, un pobre desempeño en productividad, acompañado de un retroceso del aporte del sector industrial y un incipiente desarrollo del sector de servicios basados en innovación y conocimiento. La actividad productiva se ha reprimarizado y la economía tiene una alta dependencia del sector minero energético que ha acompañado el proceso de desindustrialización entendido como la pérdida del aporte de la industria a la producción total (Echavarría & Villamizar, 2006).

Asimismo, el país se ha visto impactado por una crisis global de pérdida de biodiversidad y el cambio climático que ponen de relieve la importancia de la sostenibilidad en el desarrollo productivo. A partir de lo anterior, este documento presenta la Política de Reindustrialización,entendida como el proceso de transformación que debe surtir el sector productivo, tanto de bienes y servicios, en Colombia para enfrentar los retos del cambio climático, el acelerado cambio tecnológico y el entorno geopolítico cambiante. Este documento acoge como política pública, los principios y objetivos del documento lanzado por el Gobierno nacional el pasado 17 de febrero de 2023 (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2023).

Para establecer las bases de este proceso de transformación de la actividad productiva, se requiere un cambio en la visión del Gobierno nacional. Esto implica pasar del rol de un facilitador de la actividad productiva que resuelve fallas puntuales de mercado, al de un organizador de la producción que establece prioridades de inversión pública con planes intersectoriales, que el aparato productivo desarrolla gracias a proyectos estratégicos enmarcados en apuestas productivas prioritarias para el país. En ese sentido, la política de reindustrialización busca aumentar la generación de valor agregado en la producción de bienes y servicios de los sectores económicos que componen la base productiva a través de una apuesta transversal por los territorios y su tejido productivo, así como de cuatro apuestas estratégicas intersectoriales del orden nacional. Tales apuestas intersectoriales comprenden:

(i) la transición energética justa; (ii) la agroindustria y la soberanía alimentaria; (iii) la reindustrialización a partir los sectores de salud; y (iv) la reindustrialización a partir del sector de la defensa para la vida. Estas apuestas establecen las bases para transitar de una economía dependiente de las actividades extractivas a una economía basada en el conocimiento, productiva, sostenible e incluyente, que contribuya al desarrollo territorial y al cierre de brechas en materia de productividad, y se orienta, en particular, a la inclusión de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMes) y los segmentos de la economía popular.

Debe mencionarse que dentro de las fuentes de crecimiento que la política contempla, se encuentra la aceleración, de manera transversal, de la transformación digital y la innovación. Esto último, al considerar que, por su naturaleza, resultan apalancadores parael despliegue de las apuestas estratégicas de la reindustrialización y dotan a las unidades productivas y a los trabajadores de capacidades propias de los ecosistemas más sólidos a nivel global.

El horizonte que se plantea para la política comprende el periodo 2024-2034, en el que se propone alcanzar 5 objetivos específicos. Tales objetivos plantean: (i) cerrar las brechas de productividad; (ii) aumentar la diversificación y sofisticación de la matriz productiva colombiana; (iii) fortalecer la consolidación de encadenamientos productivos; (iv) profundizar la integración de Colombia con América Latina y el Caribe, Asia, África, Europa y Norteamérica para balancear sus relaciones internacionales y potenciar el aprovechamiento de sus flujos de IED; e (v) implementar mejoras en el marco institucional y de incentivos para incrementar la agregación de valor y así la productividad, competitividad e innovación.

Para ello, las diferentes entidades del orden nacional implementarán acciones encaminadas, desde su misionalidad, a impulsar estas líneas alrededor de las cinco apuestas estratégicas. Así mismo, las citadas acciones serán implementadas principalmente por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Defensa Nacional.

Finalmente, se destacan acciones que incluyen la hoja de ruta para la producción y ensamble de vehículos con tecnologías de cero y/o bajas emisiones en el país, para los modos carretero, fluvial, férreo y marítimo; el fortalecimiento de las cadenas productivas que agreguen valor a minerales estratégicos; el fomento a la economía circular con emisiones mínimas; la promoción de las fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER); incentivos a la electromovilidad; el desarrollo de la bioeconomía; la optimización de la producción agrícola; la dotación y fortalecimiento de infraestructura de plantas de procesamiento; el desarrollo, uso y apropiación de herramientas de edición genética; el desarrollo de capacidades para la industria farmacéutica; la producción local de ingredientes activos, excipientes, medicamentos biotecnológicos y radiofármacos; el fortalecimiento institucional del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima); la investigación básica y aplicada para el descubrimiento de nuevas moléculas para el diagnóstico y tratamiento del cáncer; el fortalecimiento de las unidades productivas de la industria astillera, aeroespacial y militar; la fabricación de puentes metálicos modulares semipermanentes, entre otros; el fortalecimiento de las Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación y de los instrumentos de promoción turística; y el desarrollo de programas y proyectos estratégicos de atención a unidades productivas en bioeconomía, gestión integral del cambio climático, negocios verdes y economía circular."

1. INTRODUCCIÓN

“El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 Colombia, potencia mundial de la vida establece que el desarrollo económico y la sostenibilidad social y ambiental del país no son procesos independientes y requieren una transformación productiva. Este documento presenta la política de reindustrialización, entendida como el proceso de transformación que debe surtir el sector productivo, tanto de bienes como de servicios, en Colombia para enfrentar los retos del cambio climático, el acelerado cambio tecnológico y el entorno geopolítico cambiante.

Colombia ha experimentado un crecimiento económico acompañado de insuficientes avances en desarrollo, sumado al deterioro ambiental, a altos niveles de desigualdad  y situaciones de pobreza que siguen sin superarse. Después de tres décadas de la apertura comercial, las exportaciones no crecieron como se esperaba, continúan concentradas en productos minero-energéticos, poco sofisticadas y limitadas a pocos socios comerciales. Por su parte, la inversión extranjera no se orientó a sectores con impacto socioeconómico, o incidencia relevante en innovación, apropiación de conocimiento o desarrollo tecnológico. Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes) registran niveles bajos y no sostenidos de participación, mientras que la inequidad en la distribución de la riqueza cuestiona el significado del desarrollo en Colombia (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2023). En suma, el país tiene una baja generación de valor agregado, un pobre desempeño en productividad, un retroceso del sector industrial y un incipiente desarrollo del sector de servicios basados en innovación y conocimiento, que ha contribuido a la generación de una economía altamente dependiente del sector minero-energético evidenciando una desindustrialización fallida o negativa.”

Las causas principales de la problemática expuesta, son las siguientes:

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

2.1 ANTECEDENTES

Este documento fue construido con el fin de ampliar y desarrollar los diferentes instrumentos jurídicos a partir de los cuales el Estado colombiano viene desarrollando su política industrial:

Entre los antecedentes normativos más relevantes señalan los siguientes:

• Documento CONPES 3866 de 2016 Política nacional de desarrollo productivo, así como el enfoque sostenible a partir de la Política de crecimiento Verde: el desarrollo de instrumentos encaminados a resolver fallas de mercado, gobierno o de articulación a nivel de las unidades productoras, factores de producción y entorno competitivo, con el fin de aumentar la productividad y la diversificación del aparato productivo colombiano.
• Documento CONPES 3934 Política de crecimiento verde: propone facilitar la transición del país hacia un modelo económico sostenible, competitivo e inclusivo, incorporando enfoques sectoriales desde la bioeconomía, economía forestal, agropecuario, economía circular, entre otros; reconociendo que el país tiene un modelo productivo no sostenible en el tiempo.
• Documento CONPES 4075 Política de transición energética: fomentar el crecimiento económico, energético, tecnológico, ambiental y social del país con el fin de consolidar su proceso de transición energética.

Sin embargo, señaló que, esta política no responde completamente a las estrategias planteadas en el PND 2022-2026. Por lo tanto, el Ministerio de Minas y Energía entre 2022 y 2023 desarrolló una Hoja de ruta de la transición energética justa en Colombia la cual se soporta en cuatro principios, a saber: (i) equidad y democratización; (ii) gradualidad, soberanía y confiabilidad; (iii) participación social vinculante; y (iv) participación social intensiva en conocimiento. Esta hoja de ruta además presenta el plan de trabajo y el cronograma, con el que se coordinan esfuerzos en el corto plazo, para obtener la guía que orientará al país para este fin.

• Ley 2169 de 20219 y el Documento CONPES 4088 Declaración de importancia estratégica de proyectos de inversión para la implementación de acciones que conduzcan al desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima en Colombia y Concepto favorable a la nación para contratar un empréstito externo con la banca multilateral hasta por la suma de USD 30 millones, o su equivalente en otras monedas, destinados a financiar el programa de apoyo para el cumplimiento de metas de cambio climático (NDC) en Colombia, se adoptan los compromisos del Acuerdo de París y la convención marco de Naciones Unidas para el cambio climático.
• Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica (ENME), la Estrategia nacional de calidad del aire, y la Estrategia nacional de transporte sostenible: políticas para fomentar la transición del sector hacia la movilidad de cero y bajas emisiones.

Señalan que esta política de modalidad de transporte de movilidad cero de bajas emisiones han sido bajas de acuerdo con las metas propuestas.

• Resolución 00274 de 2021 la cual adopta la Política ambiental de la unidad administrativa especial de aeronáutica civil, así como con el Plan estratégico aeronáutico 2030. En el modo ferroviario se cuenta con el Plan maestro ferroviario, en lo fluvial se tiene la Ley 1242 de 2008, y en el modo carretero se puede ubicar el Documento CONPES 3857 Lineamientos de política para la gestión de la red terciaria.
• Hoja de ruta del hidrógeno publicada en septiembre de 2021 por el Ministerio de Minas y Energía: promover el desarrollo e implantación del hidrógeno de bajas emisiones en el país; propone las metas a 2030 en producción de hidrógeno verde y azul, en demanda de los sectores trasporte e industria, así como en materia de inversiones estimadas, creación de empleo y emisiones abatidas; reforzando así el compromiso del país con el cumplimento del Acuerdo de Paris 2015.
• La Ley 1753 de 2015 establece los minerales de interés estratégico para el país y estableció la obligación de adjudicar las áreas delimitadas, como de reserva estratégica minera, a través de procesos de selección objetiva; Resolución 180102 de 2012, del Ministerio de Minas y Energía, determina como estratégicos al oro, platino, cobre, minerales de fosfatos, minerales de potasio, minerales de magnesio, carbón metalúrgico, uranio, hierro y minerales de coltán.
• Documento CONPES 4023 Política para la reactivación, la repotenciación y el crecimiento sostenible e incluyente: desarrollo digital y del aparato productivo para que el país pueda retomar la ruta de desarrollo previo a la pandemia del Covid-19 y que el país transite hacia un crecimiento más sostenible e incluyente.
• Ley 2294 de 2023 Plan Nacional de Desarrollo 2022 -2026 y sus bases “hoja de ruta en materia de transformación e inclusión productiva.
• El Documento CONPES 4085 Política de internacionalización para el desarrollo productivo regional: busca aprovechar la internacionalización para el cierre de la brecha tecnológica, así como promover la articulación nación-departamentos y profundizar la internacionalización de las regiones.
• Documento CONPES 4015 de 2020: Política Nacional Logística:  mejorar la eficiencia logística para contribuir a la reactivación económica en la postpandemia.
• Documento CONPES 4051 Política pública para el desarrollo de la economía solidaria: reconocimiento, fortalecimiento y desarrollo del modelo de economía solidaria en el país, con el fin de que se convierta en una herramienta para el desarrollo económico y social del país.
• CONPES 3957 Política nacional de laboratorios: prioridades para mejorar el cumplimiento de estándares de calidad: mejorar las capacidades de medición de los laboratorios, el desarrollo del mercado de servicios de laboratorios y el marco normativo e institucional, en un horizonte de 10 años.
• Documento CONPES 3990, la Contribución Nacional Determinada (NDC) de Colombia aprobada en 2020; la Estrategia climática de largo plazo de Colombia para cumplir con el Acuerdo de Paris de 2020; la Misión nacional de bioeconomía de 2021.

2.2 JUSTIFICACIÓN

3. MARCO CONCEPTUAL

(...)

3.3. ENFOQUE DE LA POLÍTICA

La política de reindustrialización plantea un enfoque moderno actualizado de las políticas de desarrollo productivo. Las políticas de desarrollo productivo modernas tienen un enfoque vertical, el cual involucra la provisión de bienes públicos e intervenciones para el desarrollo productivo de sectores específicos que buscan la diversificación y sofisticación de la oferta interna y exportable a través del fortalecimiento de capacidades humanas, tecnología, I+D+i, infraestructura y financiamiento.

Se busca que el Estado defina las políticas más allá de corregir las fallas de mercado; La acción pública del Estado radica en arreglos institucionales con la capacidad de influir en los mercados y orientar la actividad económica hacia metas o resultados que sean socialmente beneficiosos y aceptados por todas las partes involucradas.

A partir de lo anterior, la política se desarrollará en 4 estrategias:

• Transición energética justa: Se fortalecerán sectores relacionados con los minerales estratégicos; aquellas actividades encadenadas a la producción de energía a partir de fuentes renovables no convencionales; la integración a la red de interconexión nacional; proyectos de eficiencia energética; y también producción de piezas, partes, equipos y servicios alrededor de estos sectores. Adicionalmente, la siderurgia; la producción de minerales no metálicos, y la producción de piezas, partes, ensamblaje y la reconversión de vehículos, que permitan avanzar la movilidad sostenible, reducción de las emisiones contaminantes, mejoramiento de las condiciones de seguridad vial y promoción de la industria nacional. Asimismo, impulsará la industria metalmecánica, la de biotecnología, y la agroalimentaria en complemento con las demás apuestas.
• Agroindustria y soberanía alimentaria: incremento en la oferta de alimentos, producción de fertilizantes, biológicos, materiales y fibras textiles, entre otros, para suplir el mercado nacional y sustituir importaciones relacionadas y fomentar las exportaciones.
• Reindustrialización a partir del sector salud: La apuesta del sector de la salud incorpora entre otros, los servicios basados en conocimiento encadenados a este sector. Simultáneamente se incluye el desarrollo de capacidades para la industria farmacéutica; dispositivos médicos de alto valor que amplíen la producción local de ingredientes activos y permitan mejorar la autonomía sanitaria, excipientes, medicamentos de síntesis química, medicamentos biotecnológicos como hemoderivados y vacunas, entre otros.
• Reindustrialización a partir del sector defensa y de la vida: La política incorpora el aprovechamiento de las capacidades de la industria militar como sector intensivo en innovación, tecnología y capacidades humanas especializadas. Ello, al considerar que tal aprovechamiento permitirá la transferencia de tecnologías de vanguardia y conocimiento para usos no militares.
• Reindustrialización a partir de los territorios y su base empresarial: la política reconoce la composición de la base empresarial en los territorios y las vocaciones productivas existentes y por desarrollar, cumpliendo además con el mandato constitucional de la descentralización. La apuesta parte de un enfoque de abajo hacia arriba y de territorialización de las apuestas identificadas desde el orden nacional, que procura fortalecer la institucionalidad alrededor del desarrollo productivo y su coordinación con el nivel nacional.

4. DIAGNÓSTICO 

ASPECTOS RELEVANTES

• Ineficiencia en la producción de bienes y servicios traducida en una ampliación de brechas de desarrollo productivo: Se identificó que el problema planteado y desarrollado antes encuentra origen en: (i) el bajo nivel de desarrollo de las capacidades humanas; (ii) la baja adopción y uso de tecnología avanzada, así como desarrollo de capacidades en I+D+i de las unidades productivas; (iii) la baja profundización de los instrumentos de financiamiento de la actividad productiva; y (iv) el limitado desarrollo de infraestructura física y digital que obstaculiza la conectividad entre sectores y regiones así como con el exterior.
• Se ha identificado que los productores, compradores, usuarios y tomadores de decisiones del sector real desconocen las oportunidades de negocio relacionados con el carbono neutralidad.
• La transición hacia una economía carbono neutral al escenario 2050, podría resultar en una ganancia de alrededor de 200 millones de pesos, así como en una pérdida de 185 millones de empleos directos e indirectos a nivel mundial (Network for Greening the Financial System, 2022). De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se estima que en América Latina existen las condiciones para crear 22,5 millones de puestos de trabajo al 2030, aportando a la descarbonización de los sectores de la agricultura, silvicultura, energías renovables, construcción y manufactura, lo que representa un potencial de aumento neto de 15 millones de empleos, un 4 % del empleo total en la región (BID, OIT, 2020). En ese sentido, el desaprovechamiento de las oportunidades de negocio asociadas resulta problemático ambiental y económicamente.
• Las empresas colombianas no solo innovan poco, sino que innovan poco en relación con las empresas de ALC. Durante en el 2022 el 76,3 % de los emprendedores encuestados expresan no ofrecer ningún producto o servicio nuevo para Colombia o para mercados extranjeros, según el Global Entrepreneurship Monitor 2022- 2023. Así también, Colombia ocupó el puesto 63 dentro de 132 países en el índice global de innovación (WIPO, 2022). A 2020 el número de patentes en el país se ha desacelerado y muestra una brecha negativa significativa si se compara con países de ALC. De hecho, es significativo que las solicitudes realizadas por residentes sean aún el 21 % de las de no residentes.
• La producción de biogás también es una actividad en la que el país tiene un gran potencial, pero ha sido poco explorada. De acuerdo con el diagnóstico de la Hoja de ruta para la transición energética justa del Ministerio de Minas y Energía (2023), existen dos fuentes principales de bioenergía. La primera es el bagazo de caña de azúcar y la segunda es el biogás que se obtiene de aguas residuales y de residuos sólidos urbanos. Ambas fuentes solo representan el 1,1 % de la capacidad efectiva neta (CEN).
• La promoción y adopción de la electromovilidad en Colombia es lenta por los altos costos de implementación de esta tecnología. A pesar de las metas establecidas para la transición del sector de transporte a la movilidad de cero y bajas emisiones, el país solo ha logrado incluir 9.809 vehículos eléctricos entre 2019 y 2022, de acuerdo con el registro realizado en la plataforma RUNT (Ministerio de Transporte, 2022). Lo anterior, aun cuando la meta de la política de crecimiento verde y la ENME para 2030 es la inclusión de 600.000 vehículos (DNP, 2023). Sumado a lo anterior, y si bien las demás modalidades de transporte cuentan con normatividad orientada al logro del desarrollo sustentable, el cumplimiento de los ODS, y la mitigación del cambio climático, implican una alta inversión, capacidad de gestión y demanda del sector industrial, como es el caso del modo ferroviario.
• Los fondos públicos no se han utilizado para el desarrollo productivo. Existen oportunidades de diversificación en el acceso a financiamiento derivado de las apuestas del PND 2022-2026. Mediante la expedición de la Ley 2294 de 2023 que reglamenta el PND se amplió el conjunto de elementos financiables a través del Fondo Nacional de Desarrollo (Fondes). Así, el fondo puede disponer de distintos recursos e instrumentos financieros para la reindustrialización, la transición energética y nuevas apuestas en sectores e industrias que jueguen un papel estratégico para la economía nacional, el Gobierno nacional busca fomentar el crecimiento de capital emprendedor, impulsando la inversión de impacto y el apoyo a emprendimientos en el territorio nacional. De otra parte, el Fondo Colombia Potencia Mundial de la Vida facilitará el acceso a financiamiento para proyectos de la transición energética, sin embargo, aún no se encuentran completamente reglamentados por lo que los procedimientos para conformar y disponer de recursos por parte de los sectores aún no se encuentran definidos.
• Al analizar el consumo de energía modalmente, se tiene que el modo carretero consume el 88,7 % de la energía, y el modo aéreo el 10,3 %, mientras que los modos marítimo, férreo y fluvial alcanzan conjuntamente una participación de tan solo el 1 %. Al analizar los energéticos usados para el transporte se tiene una participación principal de la gasolina del 46 %, el diésel del 40 %, el jet fuel del 10 %, el gas natural del 4 %, y la energía eléctrica con una participación menor al 1 %. Esto resulta problemático pues se sabe que las fuentes fósiles de energía son fuentes importantes de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI).
• Relacionado con lo anterior, el desarrollo de la infraestructura de producción, transporte, almacenamiento y comercialización de hidrógeno y energéticos para la reindustrialización, como el gas natural, así como de nuevas cadenas de valor de productos de bajas emisiones, es bajo e insuficiente. El hidrógeno se ha proyectado como una de las alternativas para reemplazar progresivamente el uso de combustibles y materias primas de origen fósil en las industrias para las que hoy existen pocas alternativas de reducción de emisiones. Colombia dispone de las condiciones para aprovechar la oportunidad del hidrógeno y convertirse en líder regional de la transición energética gracias a su privilegiada ubicación geográfica para las exportaciones, sus recursos renovables y a un marco regulatorio e institucional estable, capaz de atraer inversiones que no se han aprovechado. En materia de energía eólica Colombia tiene un potencial de producción de energía de 25 GW (gigavatios) en el país, específicamente en La Guajira se cuenta con registros de velocidad del viento que son equivalentes a más del doble del promedio mundial 9m/s, este importante potencial se evidencia ya que actualmente la capacidad instalada de generación total del Sistema Interconectado Nacional es de 18 GW. Adicionalmente en materia de energía solar el país sobrepasa en más de un 60 % el promedio mundial de radiación solar, contando con un potencial de 4.5 kWh/m2 (kilovatios por metro cuadrado).
• El bajo desarrollo de infraestructura relacionada con el hidrógeno como vector energético, obstaculiza su transformación en insumos con aplicaciones directas en la industria o la movilidad. Así también, puede obstaculizar el uso de portadores alternativos de energía tales como amoniaco, metanol y otros derivados, como combustibles sintéticos o líquidos orgánicos portadores de hidrógeno.
• El despliegue de puntos de carga eléctricos para promover la movilidad eléctrica y la transición energética justa aun es bajo. En el mundo se evidencia un crecimiento significativo de las ventas de vehículos eléctricos, aunado a la reducción del precio de las baterías, de la instalación de puntos de carga y de los vehículos en general.
• La baja integración de medidas de adaptación al cambio climático y mitigación de GEI en las empresas, resulta una amenaza para sostenibilidad y competitividad. Si las organizaciones, independiente de su tamaño, sector o nivel de madurez, no incluyen con rapidez la identificación de los riesgos empresariales asociados al cambio climático en cada uno de sus contextos y no aceleran la implementación de medidas de adaptación al cambio climático y la mitigación de GEI, será poco probable que sean competitivas en sus entornos locales, regionales, nacionales e internacionales, por lo que su sostenibilidad en el tiempo también se verá afectada. Por el contrario, cuando el cambio climático hace parte integral de las estrategias organizacionales, las empresas se preparan mejor para afrontar riesgos actuales y futuros, evitan sobrecostos asociados a la inacción, optimizan los procesos productivos y el aprovechamiento de los recursos y materias primas, dinamizando cambios estructurales en sus compañías, lo que las hace más productivas, competitivas y sostenibles.
• Aunque Colombia cuenta con alto potencial de origen renovable para la producción de energía eléctrica, principalmente de origen eólico y solar, que se ubican predominantemente en la costa caribe, tal potencial no se aprovecha. Según información de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), los proyectos de producción de energía eléctrica renovable representan un total de 17.556 megavatios (MW) de potencia instalada, de la cual al recurso solar corresponde a 7.867MW y el eólico a 6.671MW (UPME, 2023). Estas cifras resultan relevantes por cuanto la incorporación de tales recursos duplicaría la actual capacidad de generación con que cuenta el país. La incorporación de estas Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) lograría diversificar la matriz energética, aportar confiabilidad al sistema interconectado, reducir emisiones entre otros beneficios y podría favorecer la incorporación de oferta con costos variables teóricamente cercanos a cero en el mercado de energía. No obstante, tal potencial de producción de energía desde FNCER se encuentra en un estado de desarrollo inicial, muy incipiente.
• El avance de Colombia en el robustecimiento de la infraestructura de la calidad es limitado. Con el Documento CONPES 3957, aprobado en 2019, Colombia se comprometió a avanzar en estándares de calidad durante los siguientes once años. No obstante, la infraestructura de la calidad tiene un alcance mucho mayor al contemplado por la antedicha política de laboratorios, pues aborda todo el marco institucional, no solo para la normalización, sino también para la acreditación y los servicios de evaluación de la conformidad, como los de inspección, ensayos, laboratorios y certificaciones de producto.
• Colombia presenta falencias para generar encadenamientos basados en la industria nacional. Si bien la minería es un sector estratégico para la reindustrialización, transición energética, soberanía alimentaria y la consolidación de infraestructura pública, aún presenta retos que dificulta su articulación con otras industrias y la consolidación de encadenamientos. Además, a través de la Resolución 1006 del 2023, la ANM actualizó el listado de minerales estratégicos para el país y determinó 17 grupos de minerales considerados vitales no solo para la transformación productiva de la economía, sino además para la transición energética justa, el desarrollo agrícola y la construcción de infraestructura pública. En otras palabras, el sector minero juega un papel crucial en el impulso industrial, de las energías renovables, suministrando minerales esenciales para la fabricación de tecnologías como turbinas eólicas, paneles solares, estructuras geotérmicas y otros dispositivos de energía sostenible, tal como se aprecia en el estudio de European Commission (2020) Critical Raw Materials for Strategic Technologies and Sectors in the EU.
• En  relación con la inflexibilidad institucional para el desarrollo empresarial indicó que “La regulación sigue constituyendo una carga excesiva y una barrera para el desarrollo empresarial en el país tomando como referencia las heterogeneidades de la base y su entorno en el territorio, así como el desarrollo de apuestas productivas El uso excesivo y desproporcionado de la regulación, sin la aplicación de buenas prácticas regulatorias o herramientas de mejora regulatoria, puede constituir una barrera para la actividad económica. A través de los Worldwide Governance Indicators (WGI) del Banco Mundial (2010), se consultan actores públicos y privados sobre la percepción de la calidad y las cargas que se generan alrededor de la emisión regulatoria. Para Colombia, los resultados arrojan que no se ha evidenciado una variación significativa en la percepción sobre la calidad y reducción de cargas de la regulación en los últimos 15 años.
• No existen lineamientos claros y evidencia sobre los alcances o usos de la regulación en el país. Si bien la regulación interviene en las actividades económicas y sociales constantemente, con reglas que suelen generar tanto beneficios como costos (Dudley & Brito, 2012), suele desconocerse sus impactos y alcances, y en esa medida, existe un bajo control sobre los lineamientos para expedición de la regulación.
• Colombia carece de un marco regulatorio que lleve a consolidar las metas del sector privado y del sector público en la disminución de las emisiones de carbono. Actualmente, existe normatividad que permite la producción, logística y comercialización del SAF en Francia, Noruega y Suecia y un gran interés de implementar normatividad en varios países de Europa. Sin embargo, en América Latina solo se han logrado avances significativos en Brasil sin contar aún con una política sólida; por su lado, en Colombia se está trabajando en alinear un marco regulatorio que lleve a consolidar las metas del sector privado y del sector público por la disminución de las emisiones de carbono.
• La actividad de los sistemas de almacenamiento de energía es débil gracias a la falta de lineamientos claros para su ejecución. Existen oportunidades de desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía eléctrica adicionales a los que tienen los sistemas de energía hidroeléctrica. El desarrollo tecnológico de almacenamiento representa una oportunidad para la descarbonización, puesto que se reducen las barreras para sustituir el uso del carbón para la generación de electricidad, lo que representaría un avance en las FNCER (Ministerio de Minas y Energía, 2023). Por lo que se hace necesario hacer una revisión de los lineamientos actuales relacionados con las nuevas tecnologías de almacenamiento de energía, para promover su desarrollo y aportes a la transición energética justa.
• Los incentivos para crear empresa no guardan coherencia con los costos que sobrecargan las unidades productivas durante su operación (…) Otro ejemplo es el Impuesto de Industria y Comercio (ICA), el cual es altamente distorsionante debido a que, como lo expone la Comisión de Expertos Tributarios (2021) , la base es el volumen de negocios en lugar de las ganancias, obligando a unidades productivas con alto nivel de ingresos, pero bajas ganancias, a enfrentarse a tasas efectivas de tributación considerablemente altas.
• Las multas impuestas por prácticas restrictivas de la competencia son desiguales para los diferentes tamaños de empresas y su forma de cálculo puede ser difícil. La Superintendencia de Industria y Comercio, autoridad nacional en materia de protección de la competencia, en desarrollo de la Ley 1340 de 200984, puede imponer multas por la violación de las disposiciones sobre protección de la competencia que podrían llegar a los 100.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (23,5 millones de dólares, aproximadamente) o, si resulta ser más alta, hasta el 150 % de los ingresos derivados por la conducta imputada a la empresa infractora. La sanción máxima en salarios mínimos, en el caso de carteles de larga duración o compañías con ingresos altos, podría ser insuficiente para motivar a los agentes económicos de abstenerse a violar las normas de competencia (Bardey, Becerra, & Cabrera, 2013) . Por otro lado, la segunda forma de cálculo es compleja debido a la dificultad de calcular los ingresos obtenidos por las actividades irregulares de las empresas infractoras (OECD, 2016).
• El mercado del hidrógeno no posee un marco regulatorio adecuado que permita la competencia y el desarrollo del sector. Debido a que el mercado del hidrógeno es un tema novedoso a nivel mundial, requiere de desarrollo normativo que permita proporcionar certidumbre, que promueva la inversión privada, que garantice la libre competencia entre empresas y vectores energéticos y proteja el ambiente (Ministerio de Minas y Energía, 2022a). Es necesario que la regulación promueva la comunicación entre los diferentes ministerios y entes reguladores. Adicionalmente, la revisión de la normativa y sus propuestas deben tener en cuenta aspectos como la integración entre sistemas energéticos, como el acoplamiento entre la producción de gas y de electricidad; la definición del hidrógeno producido por otras fuentes de energía, los certificados de origen, emisiones permitidas de CO2; entre otras.

5. OBJETIVO GENERAL DE LA POLÍTICA

Aumentar la generación de valor agregado en la producción de bienes y servicios de los sectores económicos que componen la base productiva de la economía colombiana, para transitar de una economía dependiente de las actividades extractivas a una economía basada en el conocimiento, productiva, sostenible e incluyente, que contribuya al desarrollo territorial y al cierre de brechas en materia de productividad.

En ese sentido la política de reindustrialización busca aumentar la generación de valor agregado en la producción de bienes y servicios de los sectores económicos que componen la base productiva a través de una apuesta transversal por los territorios y su tejido productivo, así como de cuatro apuestas estratégicas intersectoriales del orden nacional:

• Transición energética justa
• Agroindustria y la soberanía alimentaria.
• La reindustrialización a partir los sectores de salud.
• La reindustrialización a partir del sector de la defensa para la vida.

Orientación de la Política 

Hacia los segmentos intermedios del aparato productivo, especialmente las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), así como hacia la inclusión de los segmentos de la economía popular.

6. RECOMENDACIONES

"El Departamento Nacional de Planeación (DNP); el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; el Ministerio de Hacienda y Crédito Público; el Ministerio de Defensa Nacional; el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Sostenible; el Ministerio de Salud y Protección Social; el Ministerio de Trabajo; el Ministerio de Minas y Energía; el Ministerio de Educación Nacional; el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; el Ministerio de Transporte; el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes; y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación; recomiendan al Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES):

1. Aprobar la Política Nacional de Reindustrialización planteada en el presente documento CONPES, incluyendo su Plan de Acción y Seguimiento (Anexo A).
2. Solicitar a las entidades involucradas en el presente documento CONPES priorizar los recursos para la puesta en marcha de las estrategias contenidas en el mismo, de acuerdo con el Marco de Gasto de Mediano Plazo de cada sector.

(...)

6. Solicitar al Ministerio de Minas y Energía

a. Desarrollar una oferta de cursos para el fortalecimiento de habilidades y competencias enfocada al sector minero de pequeña escala y sus cadenas de valor allegadas, en el marco de la estrategia " Sociedad del conocimiento para el fomento a la Minería sustentable."

b. Diseñar e implementar una estrategia de descarbonización, reconversión laboral y diversificación productiva para las regiones en las que se proyecta disminución en la producción de combustibles fósiles, fortaleciendo acciones y capacidades que promuevan la sostenibilidad de los territorios en los que se desarrollan estas actividades hacía la reindustrialización.

c. Identificar y fortalecer aglomeraciones y cadenas de proveeduría mineras con una visión enfocada en la reindustrialización, con especial énfasis en los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva delimitados.

d. Elaborar y gestionar la puesta en marcha de una estrategia para promover el uso de FNCER y de alternativas de energéticos de menores emisiones en industrias que requieran energéticos para procesos de generación de calor e insumos industriales.

e. Elaborar y gestionar la puesta en marcha de una estrategia para promover a Colombia como hub de producción de energías, con énfasis en FNCER y derivados del hidrógeno a nivel internacional, con el fin de atraer inversión de empresas en búsqueda de expandir su cobertura de oferta de soluciones energéticas y de descarbonización.

f.  Articular la Red de Centros de Desarrollo Minero y desarrollar consultorios técnico-jurídicos, para poner a disposición servicios para el fortalecimiento del sector minero de pequeña escala.

g. Fortalecer el Sistema de Información Minero Colombiano (Simco) a través de la actualización de la información del sector minero, como insumo para la unidad de análisis, que permita la toma de decisiones y la adopción de políticas. Lo anterior en cabeza de la UPME.

h. Diseñar e implementar un programa de generación incentivos para inversión en proyectos de energía renovable con destino a industrias de manufactura en sistemas de conversión energético (e.g. electromovilidad, almacenamiento,FNCER, electrointensivas, etc).

(...)"

7. GLOSARIO

"(...)

Negocios verdes y sostenibles: Los negocios verdes y sostenibles se proyectan a 2030 como un renglón de la economía nacional. Asimismo, a 2022 se tienen 4199 negocios verdes que se agrupan en tres tipologías, a saber: bioproductos y servicios ambientales,ecoproductos industriales, y productos por la calidad ambiental. Sin embargo, se realiza una diferenciación en 2 líneas de negocios como son los tradicionales y los sofisticados, dentro de los cuales se presentan necesidades trasversales, por mencionar algunos: (i) desconocimiento del impacto ambiental, social y económico que generan los negocios verdes a nivel agregado; (ii) bajo desarrollo de una cultura de consumo consciente, responsable y sostenible del país; (iii) insuficiente investigación, desarrollo e innovación de productos; (iv)
desarticulación de la oferta institucional pública y privada que soporta el desarrollo de los negocios verdes.

Los negocios verdes se clasifican de acuerdo con su estado de desarrollo en:emprendimientos, negocios verdes verificados y empresas ancla verde que dinamizan y forman encadenamientos con otros negocios verdes para crecer y escalar sus operaciones. Estos tipos de negocios se caracterizan por cumplir con los criterios requeridos y responder
a una serie de indicadores de impacto social, ambiental y económico de acuerdo con sus actividades económicas. Es así como desde la Oficina de Negocios Verdes del Ministerio de Ambiente, las empresas anclas verdes se convierten en un dinamizador de la economía popular, los negocios verdes hacia la competitividad y escalabilidad de los sectores
productivos generando y potenciando los ecosistemas de negocios verdes.

Parques Eco-industriales: Comunidad de empresas dentro de los sectores de manufactura y servicios que se ubican en una propiedad común. Estas empresas buscan mejorar el desempeño ambiental, económico y social a través de la colaboración en la gestión de asuntos ambientales y de recursos (Unido, 2017).

(...)

Reindustrialización: Proceso de transformación productiva que busca generar valor agregado en el aparato productivo colombiano, que incluye tanto bienes como servicios, a través de proyectos en apuestas estratégicas intersectoriales y la consolidación de encadenamientos productivos entre regiones y con el mundo, para contribuir con el desarrollo territorial y al cierre de brechas en la economía.

(...)

Transición Energética Justa: Proceso gradual de sustituir el uso de fuentes de energía fósil por fuentes de energía renovable, garantizando la soberanía y la confiabilidad energética y la estabilidad económica del país y contribuyendo a la mitigación de los efectos por la crisis climática (Ministerio de Minas y Energía, 2022).

(...)"