1. REGULACIÓN GENERAL EN LA LEY 142 DE 1994

En la legislación colombiana, en el ámbito de la administración pública en particular, el derecho a solicitar y obtener acceso a la información y a que se expida copia de los documentos que no tengan el carácter de reservados, ha sido considerado una modalidad o una especie del derecho de petición consagrado a nivel constitucional, y así está desarrollado en el artículo 17 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

Hoy en día, a pesar de que las empresas prestadoras de servicios públicos no cumplen funciones administrativas y, por ende, no tienen el carácter de autoridades públicas por las actividades de interés general que desarrollan, el derecho de los usuarios a obtener información de tales empresas, ha sido considerado por la jurisprudencia como un derecho fundamental, es decir, que el derecho a obtener información, salvo la considerada por la ley como secreta o reservada, tiene amparo constitucional en el artículo 23.

Además, el artículo 78 de la Carta dispone que la ley regulara el control de calidad de los bienes y servicios prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización.

Por otro lado, a nivel legal, la ley de servicios públicos le dio al derecho a la información un tratamiento similar al regulado en el Código Contencioso Administrativo, al decir el numeral 9. 4 del artículo 9º de la ley 142 de 1994, que es derecho de los usuarios solicitar y obtener información completa, precisa y oportuna de todas las actividades y operaciones directas e indirectas que se realicen para la prestación de los servicios públicos, siempre que no se trate de información calificada como secreta y reservada según la ley y se cumplan las condiciones y requisitos que señale la Superintendencia de Servicios Públicos.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9º de la ley 142 de 1994, pareciera que la ley limitó el derecho a la información a quien ostente la calidad de suscriptor o usuario en virtud de la relación contractual con la empresa para la provisión de un servicio público, sin embargo, la jurisprudencia ha venido señalando que tal derecho se extiende a terceros que no tengan vínculo contractual con la empresa a la cual solicitan la información.

En torno a este tema, el Consejo de Estado ha sostenido que:

“El derecho a la información de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios se funda en el contrato de servicios públicos existente entre la empresa prestadora de tales servicios y el usuario, y constituye una contraprestación necesaria en favor de éste, dado que el contrato es uniforme para todos los usuarios y la empresa ocupa una posición dominante frente a éstos, conforme lo establecen los artículos 128 y 14 numeral 14.13, respectivamente, de la ley 142 de 1994, la cual estableció el régimen de los servicios públicos domiciliarios. Los derechos de los usuarios se encuentran consignados principalmente, en el artículo 9o de la ley y el derecho a la información se señala en el numeral 9.4. Además, en ejercicio del derecho de petición, reconocido por el artículo 23 de la Constitución, el usuario o un tercero puede solicitar a las empresas de servicios públicos domiciliarios información o documentos que no tengan el carácter de reservados.”

No obstante lo dicho por el Consejo de Estado, en criterio de esta Entidad, aun tratándose de suscriptores o usuarios, siempre debe existir una justificación seria para la solicitud de información; dado que hay información que, si bien no tiene el carácter de secreta o reservada, es información estratégica o confidencial y puede ser obtenida y utilizada para propósitos distintos de los señalados por la jurisprudencia. Sobre este aspecto es importante advertir que la ley restringe el derecho incluso a los mismos socios para acceder a cierta información de la sociedad, al advertir el artículo 48 de la ley 222 de 1995, que, en ningún caso, el derecho de inspección sobre los libros y papeles de la sociedad se podrá extender a documentos que versen sobre secretos industriales o cuando se trate de datos que de ser divulgados, puedan ser utilizados en detrimento de la sociedad.

Con relación a la información solicitada por terceros a las empresas de servicios públicos domiciliarios, la Corte Constitucional ha señalado de manera reiterada que:

“No es posible que terceros puedan ejercer el derecho de petición ante una empresa de servicios públicos domiciliarios, mediante la obtención de datos, informaciones y documentos que hacen parte del ámbito de la gestión privada de la empresa y de cuyo conocimiento están excluidos dichos terceros, por no tratarse de documentos públicos a los cuales pueden tener acceso todas las personas en los términos del art. 74 de la Constitución, y porque los referidos datos y documentos están sujetos a la protección a que aluden los incisos 3 y 4 del art. 15 de la misma obra”

Igualmente, hay que tener en cuenta que el artículo 32 de la citada ley 142, señala:

 

“Régimen de derecho privado para los actos de las empresas.- Salvo en cuanto la Constitución Política o esta ley dispongan expresamente lo contrario, la Constitución y los actos de todas las empresas de servicios públicos, así como los requeridos para la administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo no dispuesto en esta ley, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado.

La regla precedente se aplicará, inclusive, a las sociedades en las que las entidades públicas sean parte, sin atender al porcentaje que sus aportes representen dentro del capital social, ni a la naturaleza del acto o del derecho que se ejerce. (…)

Así mismo, en el caso del servicio público de energía eléctrica el artículo 76 de la Ley 143 de 1994, prescribe que los actos celebrados por las sociedades por acciones en la cuales las entidades oficiales tengan participación en su capital social se regirán por las normas del derecho privado.

En conclusión, si bien el numeral 9.4 del artículo 9º de la ley 142 de 1994, restringe el acceso a la información que la ley califique como secreta o reservada, hay otro tipo de información que como ya se dijo, es estratégica o confidencial, y que merece ser protegida. Como afirmó la Corte Constitucional, en virtud del artículo 74 de la C.P. no todos los documentos de las empresas de servicios públicos tienen el carácter de públicos, y por ende cualquier persona no puede acceder a ellos. Además, el artículo 15 de la Carta contiene una protección especial sobre libros de contabilidad y demás documentos privados.