3. RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS.  

La Ley 142 de 1994, en su artículo 17, estableció como regla general que las empresas de servicios públicos son sociedades por acciones y permitió que las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional adoptaran la forma de Empresa Industrial y Comercial del Estado, dentro de los plazos previstos para tal fin. 
Además, de conformidad con el artículo 15 de la ley 142 de 1994, facultó a otras personas para prestar los servicios públicos domiciliarios, entre ellas a los municipios cuando asuman en forma directa dicha prestación. 

Por su parte, el artículo 41 de la Ley 142 de 1994 indica que las personas que presten sus servicios a las empresas de servicios públicos domiciliarios privadas o mixtas, tendrán carácter de trabajadores particulares y estarán sometidas a las normas del Código Sustantivo del Trabajo. 

También señala el artículo 41 citado que las personas que presten sus servicios a aquellas empresas que a partir de su vigencia se acojan a lo establecido en el parágrafo del artículo 17, es decir, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado prestadoras de los servicios públicos, se regirán por las normas establecidas en el artículo 5 del decreto-ley 3135 de 1968, es decir se les considera por regla general trabajadores oficiales, y de acuerdo a los estatutos de la empresa se determinará que personas tienen la calidad de empleados públicos. 

Ahora bien, de conformidad con el artículo 25 de la ley 734 de 2002, son destinatarios de la ley disciplinaria los servidores públicos aunque se encuentren retirados del servicio y los particulares contemplados en el artículo 53 de dicho Código. El artículo 53 señala que también son sujetos disciplinables, los particulares que, entre otras actividades, ejerzan funciones públicas, en lo que tienen que ver con estas, o que presten servicios públicos a cargo del Estado, de los contemplados en el artículo 366 de la Constitución Política21. 

De allí que las personas que presten servicios públicos en las empresas privadas y mixtas prestadoras de servicios públicos, son sujetos de aplicación de la Ley 734 de 2002. La instancia competente para conocer y tramitar los procesos disciplinarios de los empleados de tales empresas son las oficinas de control interno disciplinario de cada una de ellas.
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1Elaborado por Carlos Andrés Bernal – Abogado Oficina Asesora Jurídica. 
2El texto en negrilla fue declarado inexequible mediante Sentencia C-253 de 1996. 
3El texto subrayado fue declarado exequible mediante Sentencia C-483 de 1996. 
4 DECRETO 3135 DE 1968. Artículo 5. EMPLEADOS PÚBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES. Las personas que prestan sus servicios en los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y establecimientos públicos, son empleados públicos; sin embargo los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales. En los estatutos de los establecimientos públicos se precisará qué actividades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo. 
Las personas que prestan sus servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado son trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deben ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos. 
5 Ley 142 de 1994, Artículo 14.5. EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS OFICIALES. Es aquella en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o estas tienen el 100% de los aportes. 
6 Ver, Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. MP César Hoyos, Radicación 798 de 29 de abril de 1996. 
7“Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.”. 
8 Ya sea trabajador oficial o empleado público porque por desarrollar actividades de dirección y confianza, así lo determinaron los estatutos de la empresa. 
9“Por ejemplo, en sentencia T-1212 del 3 de diciembre de 2004, con ponencia del Magistrado Rodrigo Escobar Gil, la Corte Constitucional manifestó que: 
Sin embargo, los artículos 38 y 84 de la Ley 489 de 1998, aclararon la naturaleza jurídica de las empresas de servicios públicos domiciliarios, al reconocer que únicamente forman parte de la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional del sector descentralizado por servicios, “las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios”. Bajo la citada premisa, y acudiendo a la interpretación por vía de exclusión, se puede concluir que las restantes tipologías de empresas de servicios públicos domiciliarios, corresponden a modalidades de personas jurídicas de derecho privado. 
Sobre la materia, el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en sentencia del 28 de enero de 1999, al conceptualizar sobre la imposibilidad de las Contralorías Departamentales de cobrar la cuota de vigilancia fiscal a las empresas privadas y mixtas de servicios públicos domiciliarios; consideró que, por su origen, dichas empresas no forman parte de la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional del sector descentralizado por servicios y, por lo mismo, no pueden considerarse como autoridades públicas. Al respecto, la citada Corporación manifestó: (...)” (Las subrayas son nuestras). 
10 En la mencionada sentencia, la Corte Constitucional manifestó: 
“No obstante, la Corte observa que una interpretación armónica del literal d) del artículo 38 de la Ley 489 de 1998, junto con el literal g) de la misma norma, permiten entender que la voluntad legislativa no fue excluir a las empresas de servicios públicos mixtas o privadas de la pertenencia a la Rama Ejecutiva del poder público. Ciertamente, el texto completo del numeral 2° del artículo 38 es del siguiente tenor: 
(...) Nótese cómo en el literal d) (sic) el legislador incluye a las “demás entidades administrativas nacionales con personería jurídica que cree, organice o autorice la ley para que formen parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público”, categoría dentro de la cual deben entenderse incluidas las empresas de servicios públicos mixtas o privadas, que de esta manera, se entienden como parte de la Rama Ejecutiva en su sector descentralizado nacional. 
Así las cosas, de cara a la constitucionalidad del artículo 38 de la Ley 498 de 1998, y concretamente de la expresión “las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios” contenida en su literal d), la Corte declarará su exequibilidad, por considerar que dentro del supuesto normativo del literal g) se comprenden las empresas mixtas o privadas de servicios públicos, que de esta manera viene a conformar también la Rama Ejecutiva del poder público. 
5.3.2 En cuanto al artículo 68 de la misma ley, se recuerda en seguida su tenor: 
(...) Obsérvese que si bien el legislador sólo considera explícitamente como entidades descentralizadas a las empresas oficiales de servicios públicos, es decir a aquellas con un capital cien por ciento (100%) estatal, lo cual haría pensar que las mixtas y las privadas no ostentarían esta naturaleza jurídica, a continuación indica que también son entidades descentralizadas “las demás entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio.” 
(Subraya la Corte). Así las cosas, de manera implícita incluye a las empresas de servicios públicos mixtas o privadas como entidades descentralizadas, por lo cual la Corte no encuentra obstáculo para declarar su constitucionalidad.” (Las subrayas son nuestras). 
11 ARTICULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. 
Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público. (...)” (La subraya es nuestra). 
12 Ley 142 de 1994, artículo 14.7. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS PRIVADA. Es aquella cuyo capital pertenece mayoritariamente a particulares, o a entidades surgidas de convenios internacionales que deseen someterse a íntegramente para estos efectos a las reglas a las que se someten los particulares 
13 Mediante Nota de Relatoría fechada el 22 de agosto de 2002, se levantó la reserva que recaía sobre este concepto, por lo que éste se puede consultar con el número CE SCSC C 1114 de 2002. 
14Recuérdese que la norma dice: “No podrá prestar servicios a las comisiones de regulación ni a la Superintendencia de Servicios Públicos, ninguna persona que haya sido administrador o empleado de una empresa de servicios públicos antes de transcurrir un año de terminada su relación con la empresa ni los cónyuges o compañeros permanentes de tales personas, ni sus parientes dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. (...)” (Subrayado y negrita fuera de texto). 
15 
16 Fuente: www.rae.es/rae.html 
17 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia C – 154 de 1997. M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara 
18 Ídem. 
19 Ídem. 
20 Debe tenerse en cuenta que de conformidad con el artículo 6 del decreto 3135 de 1968, los trabajadores oficiales también se vinculan mediante contrato de trabajo, aunque con reglas distintas a las del Código Sustantivo del Trabajo. 
21Con relación al artículo 53 citado, ver Sentencia C-037 de 2003 en la cual la Corte deja en claro la diferencia entre ejercer funciones públicas y prestar servicios públicos. Además, con relación a la prestación de servicios públicos a cago del Estado, declaró exequible la norma bajo el entendido de que el particular que preste un servicio público, solo es disciplinable cuando ejerza una función pública que implique la manifestación de las potestades inherentes al Estado, y estas sean asignadas explícitamente por el Legislador.