5. REGISTRO DE INSTALADORES 

En primer lugar es necesario aclarar que la responsabilidad de la red interna es del usuario y sus obligaciones sobre la misma son las de (i) adecuado uso y cuidado de las instalaciones, y (ii) la de asumir los cargos por su reparación y mantenimiento. 

Entonces, en caso de daños en la red interna, el usuario puede escoger libremente si la reparación la hace la misma empresa prestadora del servicio público domiciliario, o personal autorizado y registrado ante la empresa. 

Así mismo, si la empresa distribuidora fue la instaladora de la red interna, el contrato de servicio técnico de instalación debe regular lo atinente a la garantía por el servicio prestado, y en lo no regulado en el mismo se deberá acudir a lo establecido en la normativa comercial correspondiente. 

En cuanto al registro de instaladores, la resolución CREG 108 de 1997 en su articulo 19, señaló que las empresas distribuidoras deben dar cumplimiento a lo establecido en los Códigos de Distribución de Energía Eléctrica y Gas u otras normas que se expidan acerca de la red interna para el suministro del servicio y que las empresas distribuidoras están facultadas para llevar un registro del personal autorizado que podrá construir y realizar el mantenimiento de la red interna. 

Así mismo, dicha disposición señaló que dicha facultad no confiere a la empresa la atribución de limitar el número de registrados, o de negar dicho registro a las personas que reúnan las condiciones técnicas establecidas por las autoridades competentes. 

Dicho registro será público y las empresas tendrán la obligación de divulgarlo; igualmente, deberán suministrarlo en cualquier momento a petición del usuario. En todo caso, la existencia del registro no faculta a las empresas para favorecer monopolios, o impedir que las personas calificadas, según las normas, puedan ejercer su profesión u oficio 

De lo anterior se colige que las empresas están facultadas legalmente para llevar un registro de instaladores sin que puedan limitar el número de personas que se pueden registrar o negar el registro si las personas instaladoras cumplen con los requisitos técnicos necesarios para ejercer dicha actividad. 

En consecuencia, la normativa que regula la prestación del servicio público de Gas Natural no establece parámetros para el registro de instaladores en las empresas distribuidoras, sin embargo de las normas citadas se podría deducir que el registro de instaladores tiene las siguientes características: 

 La entidad que lleva a cabo el registro de instaladores es la empresa distribuidora del servicio de gas natural. 
·  No puede ser limitado a un número determinado de instaladores por expresa prohibición legal, garantizando de esta manera la existencia de varios oferentes. 
·  La empresa distribuidora no puede negarse a registrar a un instalador cuando cumple con todas las normas técnicas establecidas por las autoridades competentes. 
    No existen requisitos adicionales, ni término, ni causales de cancelación del registro. 
·   El registro debe ser público. 

5.1 Responsabilidad sobre la Instalación 

Ahora bien, es necesario resaltar que en este caso el deber de responsabilidad recae en cabeza del Distribuidor ya que de acuerdo a la Resolución CREG 108 de 1997, la responsabilidad por la adecuada instalación de la acometida corresponde a la empresa prestadora de gas, y en consecuencia deberá dar cumplimiento a lo establecido en los Códigos de Distribución de Energía Eléctrica y Gas u otras normas que expida la Comisión en lo referente a red interna. 

De otra parte, hay que precisar quede existir conductas que causen o hayan causado perjuicios al Distribuidor por parte de las personas naturales o jurídicas que se dediquen o se empleen para la construcción, ampliación, reforma, revisión de instalaciones para el suministro de gas en edificaciones residenciales y comerciales, este último podrá acudir a la justicia ordinaria o penal de ser el caso, para dirimir los efectos negativos que puedan haberle causado dichas conductas, pero no por ello cancelar el registro, dado que la normativa no se lo permite ni autoriza. 
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1Elaborado por María del Carmen Santana Suárez – Asesora Oficina Jurídica.

 

 

 

1.CARLOS ALBERTO ATEHORTÚA RIOS. Régimen jurídico aplicable a las empresas de servicios públicos mixtas en el sector de las telecomunicaciones. Artículo publicado en Actualidad Jurídica Título IV, Superintendencia de Servicios Públicos, 2001.

2.  Diario Oficial. año cxxx. N. 41433. 11, julio, 1994. pag. 1 Observaciones: fe de erratas publicada en el Diario Oficial. año cxxxi. n. 41925. 11, julio, 1995. pag. 1 
3.  En igual sentido COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS. Concepto MMECREG - 1463; 96/08/06 
4.  Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Radicación 1492. 21 de mayo de 2003. Consejera Ponente: Susana Montes de Echeverri. 
5. Sociedad anónima o en comandita por acciones. 
6.   Código de Comercio de Legis. Comentario al artículo 376 sobre capital autorizado, suscrito y pagado. 
7. “Servicios Públicos Domiciliarios. Actualidad Jurídica”, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Tomo I, Pág. 282 
8. Según las voces del artículo 191 del C. de Co. la controversia planteada en la consulta debe tramitarse por la vía de la impugnación en sede jurisdiccional 
9. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Concepto AGN / GAJ 8059 Con Radicación 7576 de 25 de septiembre de 2000. 
10.  SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, Concepto SSPD 20001300000325 de la Oficina Asesora Jurídica. En el mismo sentido oficio SSPD 529022592-1 sin radicación de ofilex y Conceptos SSPD  199613000000022 (con radicación externa 2110 defebreo 8 de 1996) 
11.  PALACIOS MEJÍA, Hugo, El derecho de los servicios públicos, Derecho Vigente S.A., Bogotá 1999, Pág 41 y s.s.   
12. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia No. T-048 del 14 de febrero de 1995. Magistrado ponente: Antonio Barrera Carbonell. 
13. Cfr. VELÁSQUEZ RESTREPO, Gabriel Jaime. Régimen jurídico contractual de los prestadores de servicios públicos domiciliarios en la ley 142 de 1994. Revista jurídica No.1, Empresas Varias de Medellín, mayo de 1995, para quien se trata de un régimen especial en el que confluyen las normas propias de las dos grandes ramas del derecho, cediendo de esta suerte a la tradicional dicotomía. 
14.  La Corte Constitucional declaró inexequible la expresión “inciso primero” contenida en la norma orginal, según Sentencia C 253 de 1996 M.P. Hernando Herrera Vergara, en lo demás encontró la preceptiva ajustada al ordenamiento superior. En igual sentido se pueden consultar la Sentencia  C 318 de 1996 MP Alejandro Martínez Caballero y la Sentencia C 483 de 1996 M.P. Antonio Barrera Carbonell, que se atuvieron a los efectos de cosa juzgada del primer pronunciamiento citado. 
15.  En el mismo sentido ATEHORTÚA RÍOS, Carlos Alberto. Régimen legal de los servicios públicos domiciliarios. Biblioteca Jurídica Diké, primera edición, Bogotá, 1998, p.104. 
16.  Al respecto conviene subrayar que el decreto 3130 de 1968 fue derogado expresamente por el artículo 121 de la ley 489 de 1998, sin embargo la disposición aludida por la Corte fue retomada por el parágrafo primero del artículo 38 de la ley 489. 
17.  Artículo 5. CAMPO DE APLICACION La presente Ley se aplicarán todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público en sus diferentes órdenes y niveles así como en la organización electoral, en los organismos de­ control, en los establecimientos públicos, en las empresas industriales y comerciales del Estado, en las sociedades de economía mixta en las cuales el Estado posea el 90% o más de capital social, en el Banco de la República y en los fondos de origen presupuestal.” 
18.  Expresamente derogada por la Resolución CREG 072 de 2002.