ART. 29.—Amparo policivo. Las autoridades nacionales, departa mentales y municipales, tanto civiles como de policía, inmediatamente se lo solicite una empresa de servicios públicos, le prestarán apoyo para hacer que se le restituyan los inmuebles que los particulares hayan ocupado contra la voluntad o sin conocimiento de la empresa; o para que cesen los actos que entorpezcan o amenacen perturbar, en cualquier tiempo, el ejercicio de sus derechos.

La autoridad respectiva ordenará el retiro de los ocupantes del inmueble o el cese de la perturbación, o de la amenazada de ella, conminando a los perturbadores con multas de uno (1) a cinco (5) salarios mínimos mensuales, por cada semana o fracción de demora transcurrida desde la fecha de la respectiva resolución, y sin perjuicio de otras medidas previstas en las leyes. En todo caso, en ejercicio de tales procedimientos, se respetará el principio del debido proceso garantizado por el artículo 29 de la Constitución Política.

Conc. Decreto 1073 de 2015

Notas

NOTA: Sobre el alcance del amparo policivo, la Superintendencia de Servicios Públicos se pronunció en Concepto SSPD 2002130000.

Comentarios

Sobre el Amparo Policivo, consultar el Decreto 1575 de 2011 (compilado en el decreto único del Sector de Minas y Energía 1073 de 2015)