4. RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS EMPLEADOS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

Conforme con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 734 de 2002, son destinatarios de la ley disciplinaria los servidores públicos, -bajo la precisión del artículo 123 constitucional-, aunque se encuentren retirados del servicio y los particulares contemplados en el artículo 53 de dicho Código, condiciones que se mantienen en la Ley 1952 de 2019, a través de la cual se expidió el Código General Disciplinario y se derogó Ley 734 de 2002, así como algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011 relacionadas con el derecho disciplinario, el cual entrará en vigencia el 21 de julio de 2021.

Por su parte, al amparo del artículo 53 de dicho Código Disciplinario Único, modificado por el artículo 44 de la Ley 1474 de 2011, también son sujetos disciplinables, (i) los particulares que cumplan labores de interventoría o supervisión en los contratos estatales, (ii) quienes ejerzan funciones públicas, de manera permanente o transitoria, en lo que tienen que ver con dichas funciones, y (iii) quienes administren recursos públicos u oficiales. En ese orden de ideas, la determinación de su aplicación o no, se encontrará en función de las labores o actividades realizadas.

Desde esta óptica, la titularidad de la acción disciplinaria corresponde a la Procuraduría General de la Nación y sus Delegadas, y a las Personerías Municipales o Distritales, preferentemente, así como a las Oficinas de Control Interno Disciplinario y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, cuyo régimen sancionatorio es distinto de aquél ejercido por la Superservicios sobre los prestadores de los servicios públicos domiciliarios, indistintamente de su naturaleza, en virtud de las facultades de inspección, vigilancia y control, asignadas por la Ley 142 de 1994.