ART. 10.— Libertad de empresa.  Es derecho de todas las personas organizar y operar empresas que tengan por objeto la prestación de los servicios públicos, dentro de los límites de la Constitución y la ley (Art. 333, Art. 365, Ley 142 de 1994, art 2 num. 6, Art.15 num. 1, Art.17, Art. 18, Art. 19, Art. 22, Art. 23).

Jurisprudencias

— Prestación de servicios públicos por particulares. “(...) Es por ello que la Constitución establece la posibilidad de que los particulares, vigilados, controlados e intervenidos por el Estado, también puedan prestar esos servicios, previsión que debe apreciarse además como un natural reflejo del principio de participación al cual hacen referencia los artículos 1º y 2º constitucionales, así como un desarrollo de la definición de Estado Social de Derecho consagrada en el primero de tales preceptos y de la libre actividad económica e iniciativa privada, garantizadas, como función social, en el artículo 333 superior dentro de los límites del bien común”. (C. Const., Sent. C-1162, sep. 6/2000. M.P. José Gregorio Hernández Galindo).

— Titularidad de los servicios públicos. “Los servicios públicos domiciliarios, cuyo objetivo es el interés general, esenciales (para el bienestar y la existencia de las personas), son inherentes a la finalidad social del Estado, y por tal razón, éste deberá asegurar su prestación eficiente en todo el territorio nacional, mediante su regulación, control y vigilancia. (...) Pese a lo anterior, su prestación no tendrá que hacerse forzosamente por el Estado, ya que podrán ser prestados por este directa o indirectamente, por particulares o las comunidades organizadas, tal como lo señala el artículo 365 de la Constitución. (...) Pero sea cual fuere el régimen que los gobierne o la persona pública o privada que los preste, la titularidad de los servicios públicos domiciliarios permanecerá siempre en cabeza del Estado, debido a que es función inherente a su propia naturaleza, y no se pierde esa titularidad porque una ley le entregue su ejercicio o gestión a entidades o personas privadas”. (C.E., S. de lo Contencioso Administrativo, Exp. S-701, Auto sep. 23/97. M.P. Carlos Betancur Jaramillo).

— Corte Constitucional:

Sentencia C-352 de 2009, M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva

— Consejo de Estado:

Sección Primera, EXp. 214 de 2007. C.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

Notas

— Sobre la libertad de empresa y sus limitantes se puede consultar el Concepto SSPD-OJ-2003-500 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.