ART. 10.— Libertad de empresa.  Es derecho de todas las personas organizar y operar empresas que tengan por objeto la prestación de los servicios públicos, dentro de los límites de la Constitución y la ley (Art. 333, Art. 365, Ley 142 de 1994, art 2 num. 6, Art.15 num. 1, Art.17, Art. 18, Art. 19, Art. 22, Art. 23).

Jurisprudencias

-Prestación de servicios públicos por particulares. “(...) Es por ello que la Constitución establece la posibilidad de que los particulares, vigilados, controlados e intervenidos por el Estado, también puedan prestar esos servicios, previsión que debe apreciarse además como un natural reflejo del principio de participación al cual hacen referencia los artículos 1º y 2º constitucionales, así como un desarrollo de la definición de Estado Social de Derecho consagrada en el primero de tales preceptos y de la libre actividad económica e iniciativa privada, garantizadas, como función social, en el artículo 333 superior dentro de los límites del bien común”. (C. Const., Sent. C-1162, sep. 6/2000. M.P. José Gregorio Hernández Galindo).

-Titularidad de los servicios públicos. “Los servicios públicos domiciliarios, cuyo objetivo es el interés general, esenciales (para el bienestar y la existencia de las personas), son inherentes a la finalidad social del Estado, y por tal razón, éste deberá asegurar su prestación eficiente en todo el territorio nacional, mediante su regulación, control y vigilancia. (...) Pese a lo anterior, su prestación no tendrá que hacerse forzosamente por el Estado, ya que podrán ser prestados por este directa o indirectamente, por particulares o las comunidades organizadas, tal como lo señala el artículo 365 de la Constitución. (...) Pero sea cual fuere el régimen que los gobierne o la persona pública o privada que los preste, la titularidad de los servicios públicos domiciliarios permanecerá siempre en cabeza del Estado, debido a que es función inherente a su propia naturaleza, y no se pierde esa titularidad porque una ley le entregue su ejercicio o gestión a entidades o personas privadas”. (C.E., S. de lo Contencioso Administrativo, Exp. S-701, Auto sep. 23/97. M.P. Carlos Betancur Jaramillo).

Corte Constitucional:

Sentencia C-352 de 2009, M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva

LIBERTAD DE EMPRESA-Concepto

 La Corte Constitucional ha sostenido que la libertad de empresa consiste en la libertad que se reconoce a los ciudadanos para afectar o destinar bienes de cualquier tipo (principalmente de capital) para la realización de actividades económicas para la producción e intercambio de bienes y servicios. Así, la libertad de empresa implica el derecho de ejercer y desarrollar una determinada actividad económica, de acuerdo con el modelo económico u organización institucional, que para el caso colombiano se fundamenta en la libertad de competencia y en una economía social de mercado.

 

LIBERTAD DE EMPRESA-No constituye un derecho fundamental

La libertad de empresa no constituye un derecho fundamental, salvo si su afectación implica la violación o amenaza de un derecho que tenga esa naturaleza. Así mismo, ha sostenido que la libertad de empresa involucra la iniciativa privada y la libertad de competencia, ámbitos igualmente protegidos por la Constitución y cuya restricción y regulación, según el modelo constitucional impuesto por la Carta de 1991, son ejercidas por el Estado.

 LIBERTAD DE EMPRESA-No es absoluta/LIBERTAD DE EMPRESA-Límites

La libertad de empresa en sus diferentes ámbitos de expresión, no puede ser entendida como un derecho absoluto, pues por expreso mandato constitucional, el legislador puede delimitar su alcance cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.

 

INTERVENCION DEL ESTADO EN LA ECONOMIA-Justificación constitucional/INTERVENCION DEL ESTADO EN LA ECONOMIA-Propósito

LIBERTAD DE EMPRESA E INICIATIVA PRIVADA-Criterios jurisprudenciales para el establecimiento de limitaciones

La Corte ha considerado los siguientes criterios para establecer si una limitación a las libertades económicas se ajusta a los fines superiores dispuestos para el efecto en los artículos 333 y 334 de la C.P.: (1) La limitación debe llevarse a cabo por ministerio de la ley; (2) No puede limitar el núcleo esencial del derecho; (3) Debe obedecer a finalidades o motivos expresamente señalados en la Constitución; (4) Debe estar conforme con los principios de razonabilidad y proporcionalidad. No será constitucionalmente admisible la limitación que anule completamente las libertades económicas o las haga nugatorias.

 

INTERVENCION DEL ESTADO EN LA ECONOMIA-Concurrencia de varios poderes públicos y diferentes instrumentos de regulación/INTERVENCION DEL ESTADO EN LA ECONOMIA-Alcance de la reserva de ley 

La intervención del Estado en la economía se surte por cuenta de varios poderes públicos y a través de diferentes instrumentos de regulación, entendiéndose que no sólo el legislador tiene la potestad para intervenir en la economía a través de la expedición de leyes, pues la intervención económica del ejecutivo también tiene respaldo constitucional, lo que implica la participación de varias instancias del Estado y no sólo del poder legislativo, y en concordancia con la jurisprudencia constitucional, La función de regulación [de la economía] usualmente exige de la concurrencia de, a lo menos, dos ramas del poder público. Sin embargo, aunque la intervención del Estado en la economía se lleva a cabo a través de distintas autoridades públicas y mediante diversos instrumentos, el primero en cumplir con esa labor es el Congreso de la República, correspondiéndole señalar los criterios conforme a los cuales, las demás autoridades intervendrán en la economía, así como los instrumentos y los límites que deben seguir para el efecto.

 

Consejo de Estado:

Sección Primera, EXp. 214 de 2007. C.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo 

 

Notas

NOTA:  Sobre la libertad de empresa y sus limitantes se puede consultar el Concepto SSPD-OJ-2003-500 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.