ART. 26.— Permisos municipales.  En cada municipio, quienes prestan servicios públicos estarán sujetos a las normas generales sobre la planeación urbana, la circulación y el tránsito, el uso del espacio público, y la seguridad y tranquilidad ciudadanas; y las autoridades pueden exigirles garantías adecuadas a los riesgos que creen.

Los municipios deben permitir la instalación permanente de redes destinadas a las actividades de empresas de servicios públicos, o a la provisión de los mismos bienes y servicios que estas proporcionan, en la parte subterránea de las vías, puentes, ejidos, andenes y otros bienes de uso público. Las empresas serán, en todo caso, responsables por todos los daños y perjuicios que causen por la deficiente construcción u operación de sus redes.

Las autoridades municipales en ningún caso podrán negar o condicionar a las empresas de servicios públicos las licencias o permisos para cuya expedición fueren competentes conforme a la ley, por razones que hayan debido ser consideradas por otras autoridades competentes para el otorgamiento de permisos, licencias o concesiones, ni para favorecer monopolios o limitar la competencia.

PAR. 1º—Para efectos de la aplicación artículo 1º del Decreto 2770 de 1953 las vías que allí se identifican como de primera, segunda y tercera categoría son las que en esta ley se denominan de primero, segundo y tercer orden.

PAR. 2º—El ancho de la franja o retiro que en el artículo 2º de esta ley se determina para cada una de las anteriores categorías de vías, constituyen zonas de reserva o de exclusión para carreteras y por lo tanto se prohíbe levantar cualquier tipo de construcción o mejora en las mencionadas zonas.

Jurisprudencias

JURISPRUDENCIA.—Improcedencia del cobro de tarifas municipales y/o distritales por la utilización del espacio público para la provisión de servicios públicos. “Así las cosas, el establecimiento de todo tributo en el nivel territorial (departamental, distrital y municipal) pasa por la voluntad del legislador, expresada en la ley, que usualmente autoriza a las autoridades territoriales para cobrar tributos, o sea, que quien los crea genéricamente es el legislador. De allí que la soberanía fiscal que se atribuye a los entes territoriales no es absoluta sino relativa en cuanto a creación de tributos se refiere, lo que implica que tal autonomía está condicionada de conformidad con la ley que los creó o autorizó. De lo anterior se deduce que sólo el legislador, ordinario o extraordinario, puede autorizar a los municipios, como entidad territorial, para cobrar tarifas como la contemplada en los apartes enjuiciados, es decir, para cobrar tributos, lo cual implica que ello no es posible hacerlo de manera directa a través de actos reglamentarios del Gobierno, salvo que las normas legales que son materia de reglamentación, u otras, contengan tal autorización”. (C.E., Sec. Primera, Sent. mar. 6/2003, Rad. 76001-23-25-000-1999-0823-01(8296) M.P. Olga Inés Navarrete Barrero).

Notas

DOCTRINA.—Impuesto por el uso de subsuelo en las vías públicas. “Autonomía municipal en materia tributaria. El actual ordenamiento constitucional define a Colombia como un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales para la gestión de sus propios intereses, dentro de los límites de la Constitución y la ley. Como consecuencia, las entidades territoriales tienen, entre otras facultades, las de administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”. (Conc., C.E., S. de Consulta y Servicio Civil, jul. 24/97, Rad. 988. C.P. Augusto Trejos Jaramillo).

Comentarios

COMENTARIO.—El parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 1228 de 2008, por la cual “se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión, para las carreteras del sistema vial nacional, se crea el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras y se dictan otras disposiciones”, prohíbe levantar edificaciones que aumenten el valor de dicha franja de terreno o sean necesarias para mantenerlas en buen estado, sin embargo no impide tender redes subterráneas de servicios públicos domiciliarios, dentro de las franjas de exclusión establecidas en dicha ley. El Decreto 1389 del 22 de abril de 2009 aclaró que por construcción se debe entender toda edificación sometida a licencia de construcción de acuerdo al artículo 7º del Decreto 564 de 2006, de forma tal que es claro que la ley se refiere simplemente a edificaciones y no todo tipo de intervenciones dentro de las cuales se incluirían las subterráneas que realizan las empresas de gas.

COMENTARIO.—Además del concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado anteriormente citado, se pueden consultar los siguientes conceptos relacionados con el artículo 26:

—Concepto SSPD 20021300000080 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios relativo al derecho de acceso a los servicios públicos domiciliarios y la función pública de ordenamiento del territorio local.

—Concepto SSPD-OJ-2003-278 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, relacionado con la certificación de disponibilidad de los servicios públicos.

—Ofic. MMECREG-1877 del 13/10/98 de la CREG sobre la delimitación de la competencia de los municipios y de la CREG.

Así mismo, se puede consultar la Resolución CREG 012 de 2004.

—En relación con una consulta relativa a la normatividad que permite o no permite el paso de la mencionada red (red secundaria de gas natural) por el centro urbano, ver Concepto CREG 8314 de 2010.